La vulneración del secreto bancario pone en alarma a los peruanos

¿ESTAS MEDIDAS ACERCAN AL PERÚ A SER UN PAÍS DE PRIMER MUNDO?

La publicación del Reglamento del Decreto Legislativo 1434, que autoriza a las empresas del sistema financiero a brindar información mensual a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) sobre las cuentas financieras cuyos montos son igual o mayores a s/ 10, 000 soles (2270 euros), ha dejado un sinsabor en los peruanos, golpeados anímica y económicamente por el impacto del covid-19, enfermedad que ha dejado en el país andino, hasta el 10 de enero de 2021, más de un millón de infectados y 38 335 fallecidos, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa).

Las voces en contra no tardaron en esparcirse tanto en redes sociales como en prensa escrita, pues hay quienes aseguran que esto vulneraría el secreto bancario y la reserva tributaria. Para Juan José García, director de la Asociación de Contribuyentes por Respeto del Perú y columnista del diario Perú 21, esta medida es un atropello tributario.

“El Ejecutivo y la Sunat tienen el propósito de luchar contra la defraudación fiscal, un objetivo loable, pues lo ideal es que en un país las personas y las empresas contribuyan para financiar una serie de necesidades públicas. Pero hay que preguntarnos si esta norma, primero, es idónea y proporcional, si efectivamente logra reducir la evasión y el lavado de activos, y si no existe una medida menos vulneratoria del derecho al secreto bancario. Los ciudadanos, no las empresas, que siguen una contabilidad interna ordenada, estamos ante un riesgo, pues la Sunat ha demostrado reiteradamente en varios procesos de fiscalización, administrativos y judiciales, una actitud profisco que bordea lo irracional, atropellando los derechos de los contribuyentes”, explica.

Por otro lado, considera que es un “golpe” a la formalidad, pues encarecerá el costo de abandonar la informalidad.

“Según la Asociación Escucha Perú, un 57% de limeños considera que la principal causa de ser informal es el costo y la falta de incentivos para no serlo. La gente no es informal porque quiere, hay una decisión racional detrás de ello. Más del 70% de peruanos trabajan en el sector informal, y el 60% de personas naturales mayores de 18 años no están bancarizadas. Este cambio regulatorio caerá sobre una porción pequeña de personas naturales. No va a generar beneficios fiscales significativos para el erario público. Por el afán de acceder a la OCDE [Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos], se está importando una regulación de un país desarrollado a un país del tercer mundo”, señala García.

Además, el economista cree que esta medida desalentará la formalidad y bancarización. “Hay peruanos que no se van a querer complicar la vida, y van a, o meter su plata bajo el colchón, o ver la manera de evadir esta norma. ¿Qué peruano va a querer pagar impuestos, si, para empezar, según la Contraloría, un 15% de toda la recaudación y de todo el presupuesto público se va en corrupción? Y del 85% restante, o no lo ejecutan, o lo ejecutan mal. El Estado peruano te exige y te quiere cobrar impuestos como si vivieras en un país desarrollado y te da servicios públicos de un país africano. Te complican la vida, te roban tu plata, la gastan mal, y ahora te quieren meter la mano al bolsillo”, asegura.

Foto: Archivo personal

El Estado presume que los ciudadanos son evasores de impuestos

Adriana Tudela, abogada por la Universidad de Lima y máster en Leyes por la Universidad de Chicago, considera que esta medida deja sin efecto lo que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución -y ratificado por el Tribunal Constitucional (TC)-, que es el derecho al secreto bancario.

“El derecho al secreto bancario y a la reserva tributaria de los ciudadanos peruanos no puede ser vulnerado salvo que exista de por medio la orden de un juez o que una comisión investigadora del Congreso ordene su levantamiento. Este decreto pasa por encima del derecho fundamental que tenemos. Resulta inadmisible que la Sunat pase por encima de la Constitución y de la privacidad de los ciudadanos, poniendo en riesgo su seguridad a través de la manipulación de información sensible que no sabemos en qué manos podría terminar”, explica.

Para Tudela, esta norma va a desincentivar la incipiente bancarización de la economía peruana, provocando más informalidad y evasión. Además, considera abusivo implementar esta medida, pues sería desproporcionada: solo un 11% paga impuesto a la renta en el Perú. “Es una medida injusta para los pocos contribuyentes que existen, y lo único que va a lograr es incentivar aún más la informalidad y a detener el proceso de bancarización”, asegura.

La abogada y candidata al Congreso de la República por Avanza País, advierte una “actitud infantil” de parte de los tecnócratas que justifican esta medida porque es práctica en países miembros de la OCDE; además del riesgo que implica para el Estado peruano ahondar la desconfianza de los peruanos hacia sus instituciones a través de políticas hostiles.

“Hay una actitud infantil detrás de los tecnócratas que pretenden copiar políticas de otros países pensando que así nos vamos a convertir en un país del primer mundo, cuando en verdad tenemos brechas gigantescas por subsanar para poder si quiera pensar en ser miembros de la OCDE. Por otro lado, no se puede negar que hay mucha desconfianza de parte de la ciudadanía hacia la Sunat, y medidas como estas lo único que generan es ahondar aún más esa desconfianza, porque se parte de la premisa de que el ciudadano es un evasor y un elusor. Todos estamos considerados como evasores y elusores, y por eso todos tenemos que darle acceso a la Sunat a nuestra información. Considero que hay una actitud hostil y hay una presunción de culpabilidad hacia el ciudadano que es inaceptable”, concluye.

Foto: Archivo personal

A pesar del rechazo a esta medida de muchos especialistas en finanzas y derecho tributario, el expresidente del Tribunal Constitucional (TC), César Landa, afirmó que esta es constitucional y no viola el secreto bancario.

“Sorprenden algunas declaraciones que están mal informadas para decir que se está violando el secreto bancario, no es así. Los derechos no son absolutos, son relativos, entonces decir que ocurre esto con el secreto bancario no tiene ningún sustento jurídico sostenible, porque no hay evidencia de ello”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.

Landa aseguró que esta medida “afectará a quienes estén evadiendo impuestos, que es un delito o los que están eludiendo el pago de sus impuestos”.

En contraste, Rolando Castellares, experto en legislación bancaria, advirtió en Gestión que la información que las entidades financieras han sido obligadas a proporcionar es muy detallada y personalizada del ahorrista, lo que sería un riesgo para su seguridad.

“Ante el riesgo de que estas informaciones privadas puedan trascender a terceros y ello poner en serio peligro el patrimonio y hasta la seguridad y vida de los ahorristas y personas que utilizan a las ESF (entidades financieras), que dejarán de tener la privacidad y reserva de sus operaciones, muchos podrían preferir no utilizar el sistema financiero para realizar sus depósitos”, explicó.

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