España puede recibir 163.000 millones de los fondos europeos Next Generation EU hasta 2026. Sin embargo, buena parte de ese dinero nunca llega a asignarse a ningún beneficiario.
De esa cuantía, que en un inicio era de 70.000 millones, sólo se han adjudicado unos 32.500 millones, un 46% del total. Así lo asegura la consultora Llorente y Cuenca (LLYC), que ha analizado los datos de las convocatorias estatales y de las CCAA comunicados por el Gobierno en diciembre de 2023, y que este martes recoge el diario Vozpópuli.
Si se toman como referencia los 163.000 millones que finalmente España puede captar de la Unión Europea, el porcentaje de ejecución es aún menor, del 20%.
Se tienen muy pocos datos de cuál es la cantidad que adjudican las comunidades. La ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró el pasado diciembre que la cuantía ascendía a 5.600 millones de euros.
En cuanto a la Administración general del Estado, de los 38.336 millones de euros comprometidos, se han resuelto convocatorias y licitaciones por 30.552 millones (el 78%), pero finalmente se han adjudicado a beneficiarios finales 24.000 millones.
Esa diferencia entre «lo licitado» y lo adjudicado es lo que se conoce como remanentes. Si se tienen en cuenta estos remanentes, y según LLYC, de todo el dinero que ha resuelto el Estado (30.500 millones), alrededor de un 22% queda desierto.
Esos remanentes han crecido en casi 3.000 millones en 2023: de los 3.580 millones en 2022 a los 6.576 millones en este último año, cuenta Vozpópuli.
«Hay convocatorias y licitaciones que, pese a resolverse, no logran asignar todo el dinero previsto porque no hay suficientes solicitudes o porque los solicitantes no reúnen los requisitos para optar a él», explican desde LLYC al citado diario.
En total, el dinero que podría quedar desierto tras haberse convocado o licitado podría ascender a 14.300 millones, un 20% de la primera parte del Plan, los 70.000 millones de subvenciones. Además, esta cifra puede ser mayor, pues el porcentaje de ejecución de las CCAA podría ser menor que en del Estado.
Este dinero acumulado no se pierde, puede volver a convocarse, pero siempre con el plazo máximo marcado por la Comisión Europea: agosto de 2026.