La Ley de Memoria Histórica está siendo usada para borrar los denominados “vestigios franquistas” tanto como para ocultar los crímenes cometidos por los republicanos en la retaguardia de la zona bajo control del Frente Popular durante la Guerra Civil.
Esta manipulación de la ley ideológica aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 está quedando clara en el intento de borrar el recuerdo de dos víctimas de la represión republicana como fueron José Antonio Primo de Rivera y José Calvo Sotelo.
Los ayuntamientos controlados por partidos de izquierdas están intentando eliminar sus elementos conmemorativos, a pesar de que ninguno de ellos participó en la preparación ni el desarrollo de la Guerra Civil, que no participaron en la represión posterior ni pudieron ensalzar en régimen del general Francisco Franco. Ni siquiera pudieron intentarlo.
De ello se encargaron los milicianos y las instituciones republicanas dominadas por el Frente Popular, que se encargaron de asesinarlos directamente -en el caso de Calvo Sotelo-, o encarcelarlo y fusilarlo tras un juicio farsa -en el caso de José Antonio.
Calvo Sotelo fue asesinado una semana antes de comenzar la Guerra Civil
José Calvo Sotelo fue asesinado el día 12 de julio, una semana antes del comienzo de la Guerra Civil. Los autores de su muerte fueron miembros del PSOE, en colaboración con agentes de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto que estaban vinculados al PSOE.
El líder de Renovación Española fue secuestrado a altas horas de la noche en su casa, ante la presencia de su mujer y sus hijos. Para pasar el control de los guardaespaldas del diputado, los asesinos -milicianos socialistas- hicieron valer sus acreditaciones de agentes del orden ya que entre ellos había un guardia civil y un guardia de Asalto.
Entre quienes estaban en la partida que asesinó Calvo Sotelo, a los pocos minutos de ser sacado de su casa, mientras circulaban por la calle Juan Bravo en una furgoneta de la Guardia de Asalto, destacan dos personas. El primero de ellos era el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés, que instruía a las milicias socialistas.
El segundo, Victoriano Cuenca, miembro de la guardia personal de Indalecio Prieto, conocida como “la Motorizada”, fue quien asesinó de dos disparos en la nuca al diputado de la derecha conservadora.
Ahora, amparándose en la Ley de Memoria Histórica, en muchos ayuntamientos, especialmente el de Madrid, se pretende eliminar su denominación del callejero, la retirada de las placas que recuerdan su asesinato y la destrucción de los monumentos en homenaje a uno de los políticos más destacados del siglo XX que fue uno de los responsables del “milagro español” de los años veinte.
José Antonio fue encarcelado al mes de formarse el Gobierno del Frente Popular
José Antonio Primo de Rivera fue el fundador de Falange Española. Diputado durante la Segunda República, creó un partido dentro del marco legal de aquel periodo histórico. Sin embargo, tras la llegada al poder de los partidos de izquierdas en un bloque conocido como el Frente Popular, en febrero de 1936, fue detenido acusado de tenencia ilícita de armas solamente un mes después de las elecciones.
Una acusación que se demostró falsa, lo que no fue impedimento para que se mantuviera en prisión al joven abogado de 33 años junto a gran parte de la cúpula de su partido político.
Una vez comenzada la guerra, cuando llevaba cuatro meses encarcelado, fue trasladado a Alicante, donde se le sometió a un consejo de guerra en noviembre de 1936, siendo sentenciado a muerte en un procedimiento viciado y sin garantías legales.
Desde las asociaciones memorialistas y la izquierda política se le pretenden imputar responsabilidades en la preparación y ejecución del pronunciamiento militar que acabaría desencadenando la Guerra Civil. Sin embargo, su estancia en la cárcel desde el principio de la etapa de gobierno del Frente Popular imposibilitó cualquier colaboración con los militares.
Además, no mantenía buena relación personal con la mayoría de ellos, alguno de los cuales, como es el caso del general Queipo de Llano, había tenido duros efrentamientos con el líder de Falange.
La ofensiva contra José Antonio ha llevado a que la mayoría de los reconocimientos que ostentaban a lo largo y ancho de la geografía española hayan desaparecido. La última batalla para borrar el nombre de una víctima de la represión frentepopulista se libra en la localidad de Fuente Álamo (Murcia), donde se quiere quitar su nombre al colegio público local.
