Con esta agresión se puso en juego, además del propio orden público, «el libre ejercicio de las libertades deambulatorias de la propia población local, así como la paz pública y la seguridad de cada conciudadano».
Los agresores de los nueve agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil podrían enfrentarse a penas de hasta siete años de prisión, según los delitos que les ha imputado la juez de Algeciras (Cádiz) y por los que, desde este jueves, ocho de ellos están en prisión comunicada y sin fianza.
Los ocho arrestados, siete hombres y una mujer, formaban parte del grupo de unas cuarenta personas que sobre las seis de la tarde del pasado sábado cortaron el paso a los nueve agentes cuando, después de comer en un restaurante de la barriada del Rinconcillo de Algeciras, en su día libre, se dirigían a un aparcamiento en la vía pública a recoger sus vehículos.
Los agresores eran todos invitados de una comunión que se celebraba en un restaurante aledaño al aparcamiento y tiraron a los agentes piedras, adoquines, ladrillos e incluso algún objeto de hierro y un bate de béisbol, durante un incidente que terminó cuando uno de los agentes realizó tres disparos al aire.
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Algeciras, en funciones de guardia, ordenó este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las ocho personas que han sido detenidas por esta agresión.
Según ha informado el TSJA este viernes, la juez les atribuye los presuntos delitos de atentado a agente de la autoridad del artículo 550-551 del Código Penal, al que le correspondería la pena máxima, cuatro años de prisión, por usar con violencia armas y objetos contra los funcionarios.
También les ha imputado el delito de desórdenes públicos del artículo 557 del Código Penal, que conlleva penas de entre seis meses a tres años de cárcel, con lo que la pena total que les podría corresponder si en el juicio se corroboran estos dos delitos podría alcanzar los siete años de cárcel.
La juez tomó la decisión de enviarlos a prisión, aceptando la petición en este sentido de la Fiscalía.
También recogió la juez el criterio del Ministerio Público de que con esta agresión se puso en juego, además del propio orden público, «el libre ejercicio de las libertades deambulatorias de la propia población local, así como la paz pública y la seguridad de cada conciudadano», según explica el TSJA.
Atendiendo a las «elevadas penas de prisión que les podrían corresponder», la magistrada decidió ordenar su ingreso en prisión sin fianza para evitar «el riesgo de fuga y la reiteración delictiva».
La juez adoptó esta decisión después de tomar declaración a los detenidos, que, según fuentes jurídicas, esgrimieron que no sabían que las personas a las que estaban agrediendo eran guardias civiles, y también a testigos y a las víctimas.
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