El abogado Joaquín Ruiz de Infante ha pedido en el juicio del caso Gürtel la absolución del extesorero del PP Luis Bárcenas por no participar en la trama corrupta influyendo en autoridades, pues no tenía «poder omnímodo en el PP», ni llevarse dinero de una «caja B» del partido.
La Fiscalía pide 39 años de prisión para Bárcenas, que se ha personado este lunes en el juicio que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) para seguir el informe final de su abogado, lo que ha hecho sentado en el banquillo junto a su esposa, la también acusada Rosalía Iglesias, que se enfrenta a una solicitud de 24 años de cárcel.
Ruiz de Infante se ha opuesto a la petición de las acusaciones de una sentencia ejemplar pues «no cabe» una resolución solo «para que la sociedad se sienta satisfecha» y ha reclamado que sea «proporcional» a unos hechos que, a su juicio, debían haber sido, en todo caso, juzgados respecto a Bárcenas al margen de la trama de Correa, con la que ha insistido que no tiene nada que ver.
El letrado ha dicho que su cliente ha reconocido la existencia de los llamados «papeles de Bárcenas» -en los que figuran donaciones de empresarios y pagos a altos cargos y que están pendientes de otro juicio-, pero ha asegurado que «no se llevó ni una sola peseta de esa contabilidad» del PP y los fondos que tenía en Suiza procedían de su actividad empresarial al margen del partido.
Joaquín Ruiz de Infante ha recordado que además el PP no reclama cantidad de dinero alguna a Luis Bárcenas.
Según la Fiscalía, Bárcenas se apoderó de al menos 299.650 euros de la denominada «caja B» del PP, formación a la que las fiscales reclaman el pago de 328.440 euros en concepto de responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo en algunos beneficios de la trama.
En su informe final, el letrado de Bárcenas ha estimado que no se ha acreditado que correspondan a su defendido las siglas L.B. y el apodo «Luis el cabrón» de los apuntes sobre repartos de supuestas comisiones ilegales que figuran en la documentación incautada al grupo empresarial del presunto cabecilla de la trama, el acusado Francisco Correa.
Ha concretado que, al igual que no se ha constatado que las siglas P.A.C. correspondan al exsecretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos ni las de G.G. al exurodiputado del PP Gerardo Galeote, tampoco se puede dar por confirmado que L.B. sea Luis Bárcenas, cuando en la investigación figuran otras personas cuyo nombre corresponde a las mismas siglas.
Sobre la declaración de Correa implicando a Bárcenas ha alegado que en el juicio se ha demostrado que existe una animadversión del primero hacia su cliente como se reflejó en una conversación que tuvo con el también acusado Álvaro Pérez «El Bigotes» en el que comentaron sobre el extesorero del PP que «a cada cerdo le llega su san Martín».
«No hay prueba que determine que Luis Bárcenas haya contactado con una sola autoridad o funcionario» para influir en que administraciones públicas aprobaran adjudicaciones a empresas de la trama de Correa y «no se ha probado que tuviera un poder omnímodo en el PP como se dice», ha recalcado Ruiz de Infante.
En relación con la actividad de las empresas de Correa con el PP y con administraciones públicas, como comunidades autónomas y ayuntamientos, el letrado ha recalcado que Bárcenas «ni la conoció, ni participó, ni tenía control, ni influyó en ningún sentido».
Según la Fiscalía, desde al menos el año 2000 Bárcenas desarrolló una operativa dirigida a enriquecerse de modo ilícito intermediando en adjudicaciones públicas y apropiándose de fondos de una «caja B» del PP que ocultó a través de un entramado financiero en Suiza.
En cuanto a Rosalía Iglesias sostiene que, en connivencia con su cónyuge, también utilizó estos procedimientos para ocultar sus propias rentas y las de su esposo ingresando una parte de ellas en efectivo en cuentas de su titularidad abiertas tanto en España como en Suiza y simulando realizar alguna venta de obras de arte.
La Fiscalía relaciona que hubo al menos pagos «en efectivo» por parte del matrimonio de fondos procedentes de su enriquecimiento ilícito que totalizan 533.466 euros entre los años 2002 y 2010.
Ruiz de Infante ha negado que Bárcenas montara un entramado financiero en Suiza para ocultar dinero ya que tuvo cuentas en ese país desde 1988 sin ocultarse pues ya tenía actividades empresariales y comerciales desde antes de que ostentara cargos en el PP, unos negocios «al margen del partido» de los que procedían los fondos.
Asimismo el letrado ha indicado que algunos fondos se corresponden a operaciones de compraventa de arte auténticas.
De todas formas ha alegado que las pruebas del caso deben ser anuladas ya que arrancan de unas escuchas irregulares practicadas a acusados que se encontraban en prisión.
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