El BBVA ha defendido este miércoles en la Audiencia Nacional que de las pesquisas realizadas no se desprende que la entidad pueda tener responsabilidad alguna por sus encargos al excomisario José Villarejo, los mismos por los que se la investiga por cohecho, revelación de secretos y corrupción.
Durante cerca de tres horas y media, el director de los servicios jurídicos de BBVA España, Adolfo Fraguas, se ha sometido en calidad de representante legal al interrogatorio del juez Manuel García Castellón y de los fiscales del caso, ante los que volverá a declarar el próximo viernes 29 de noviembre.
Ha sido el propio banco, en una nota de prensa, el que ha informado a los medios de que Fraguas ha respondido «a todas las preguntas y ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad».
En este sentido, ha recordado que el proceso judicial sigue bajo secreto de sumario, circunstancia que limita la información que el BBVA «puede difundir públicamente» en aras de no intervenir en la investigación.
«Nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos colaborando con la Justicia, como hemos hecho hasta ahora», ha incidido el presidente Carlos Torres, en alusión a la actitud «proactiva» de la entidad, que ha trasladado al magistrado el contenido del informe «forensic» realizado por Garrigues, Uría Menéndez y PwC.
Tal como estaba previsto, Fraguas no se ha acogido al derecho a no declarar que le asiste como investigado, algo que sí han hecho la mayor parte de los imputados en la causa con el argumento de que la pieza sobre la relación entre el banco y Villarejo continúa bajo secreto.
Ha seguido, de este modo, la misma estrategia del expresidente del BBVA Francisco González, que este lunes accedió a prestar declaración para desvincularse del excomisario y apoyar la actuación de la entidad, más allá de alguna conducta individualizada que, de confirmarse, podría tener reproche penal.
La comparecencia del representante legal del BBVA ha estado marcada por la propia actualidad de la Audiencia Nacional, ya que el juez se ha visto obligado a cortar el interrogatorio al tener pendiente las vistillas de prisión de cuatro miembros de los CDR catalanes.
Ello ha provocado la interrupción, poco antes de las 12:00 horas, de la declaración de Fraguas, que comenzó a las 10:00 horas y que después se prolongó entre las 15:45 horas y las 18:00 horas, para nerviosismo de los periodistas, que aguardaban su salida bajo la lluvia.
La citación se produce dentro de la novena pieza del caso Tándem sobre los negocios del excomisario; en concreto, se refiere a las contratación del banco a Villarejo desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.
La relación entre BBVA y la empresa Cenyt, epicentro del entramado del policía, habría comenzado por recomendación del entonces jefe de Seguridad del banco y antiguo comisario de la Policía Judicial, Julio Corrochano, al que el magistrado impuso una fianza de 300.000 euros tras tomarle declaración.
La imputación del banco se produjo tras el análisis de documentos intervenidos a Villarejo, que acreditarían que los pagos «ilícitos» a Cenyt «afectaron a varias áreas sensibles» del BBVA y a diversos ejecutivos de la entidad «durante un prolongado período temporal».
El juez García Castellón sospecha que «la cúpula» del banco consintió la contratación del excomisario para tareas de información y espionaje -habría intervenido unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos, periodistas, banqueros y empresarios, en vista del «beneficio personal y empresarial» que le podían reportar.
Además de Fraguas, esta misma semana han comparecido también como investigados otros cuatro cargos, actuales y antiguos, del banco, entre ellos el asesor del actual presidente Juan Asúa; todos ellos guardaron silencio.
