El ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera adecuada la regulación actual del delito de rebelión en el Código Penal, y por ello, ha asegurado que la modificación que propone el PSOE «no es una prioridad en este momento».
Así lo ha señalado a los medios antes de participar en una conferencia en Zaragoza para explicar el nuevo Reglamento de Protección de Datos que entrará en vigor el próximo 25 de mayo.
Preguntado por la propuesta del PSOE para modificar la tipificación de dicho delito, el ministro ha advertido de que es una transgresión con muy pocas causas y en la que se incurre «muy excepcionalmente».
Para ello, ha dicho, sería necesaria una reflexión en la que el Gobierno «no tiene ninguna posición tomada».
Sí que mantiene la propuesta de reforma del Código Penal en el caso de los delitos contra la libertad sexual tras la sentencia de La Manada, si bien ha abogado por un proceso de reflexión «serena» y «basada en el criterio de los expertos».
Como garantía de ese compromiso, ha recordado que este viernes se va promover un cambio en la composición de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación que va a estudiar dicha modificación, con la finalidad de garantizar la paridad entre sus miembros.
Será esa sección la que se encargará de llevar a cabo el estudio de reforma del Código Penal en lo referido a los delitos contra la libertad sexual, cuyo informe será tomado en consideración por el Ministerio de Justicia y en su caso elevado a las Cortes Generales para promover una reforma legislativa.
«Si hay que llevar a cabo la reforma del Código Penal será fruto del diálogo, el consenso con los expertos, operadores y partidos políticos, con tiempo y reflexión suficiente», ha insistido.
Preguntado por las presuntas presiones que está recibiendo el juez Ricardo González, que emitió el voto discrepante en la sentencia de La Manada, el ministro se ha mostrado «seguro» de que «ningún juez ejerce su actividad bajo ninguna presión».
En este sentido, ha recordado que en España la independencia judicial y la libertad de expresión y crítica, dentro del respeto a las instituciones, están «absolutamente» garantizadas.
«El poder judicial es absolutamente independiente. Cuando va a dictar una resolución nadie le va a presionar ni decirle cómo tiene que aplicar la ley. Otra cosa es la opinión crítica que pueden merecer actuaciones de un tribunal o una sentencia en términos de derecho, pero son planos distintos», ha advertido.
