'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Rajoy usa Venezuela para defenderse de las acusaciones de corrupción de Iglesias

Podemos asegura que el caso Lezo habría supuesto un desvío de fonal exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y al entonces presidente del País Vasco, Carlos Iturgaiz, según ha informado Libertados a paraísos fiscales de 23,5 millones de euros; la Gürtel, 883, y la Púnica, 500 más. En total, según Iglesias, han costado más de 1.400 millones a todos los españoles.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha sometido este miércoles a la última sesión de control en el Congreso antes del parón del mes de agosto tras haberse aprobado el techo de gasto de 2018 con los votos del PNV. La supuesta financiación ilegal del PP ha acaparado el debate, mientras que ningún partido se ha interesado sobre cómo pretende combatir Rajoy el proceso separatista en Cataluña, pese a los pasos que ha dado el Govern en las últimas semanas.
En fin, Rajoy ya ha dejado claro que no está en sus planes aplicar el 155. También ha quedado clara este martes la postura de Pablo Iglesias en este asunto. El líder de Podemos considera una movilización política legítima esta consulta ilegal prevista para el 1 de octubre, y se ha sumado este martes a Ada Colau en pedir que las instituciones la faciliten.
La sesión ha arrancado con un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 20 años por ETA, después de que los grupos fueran incapaces este martes de pactar una declaración institucional de recuerdo de todas de las víctimas del terrorismo. Cabe destacar que los dos diputados de Bildu que vetaron dicha declaración se han ausentado de la sesión.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha emplazado a los parlamentarios a guardar en pie ese minuto de homenaje que ha terminado con un sonoro aplauso de todo el hemiciclo, y que los diputados del PP han dirigido a su compañera de bancada y hermana del concejal asesinado, Marimar Blanco.


Pastor ha destacado que el «cruel asesinato» de Miguel Ángel provocó un «estallido de conciencia y unidad» del conjunto de la sociedad española que «nunca debemos olvidar».
La primera pregunta al Ejecutivo la ha formulado la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles. La socialista ha pedido a Rajoy que aclare qué decisiones piensa adoptar después de que el Congreso haya reprobado a dos de sus ministros y el Tribunal Constitucional haya anulado la amnistía fiscal promovida por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Rajoy ha asegurado respetar, «y mucho», las dos reprobaciones decididas por la mayoría de la Cámara, pero ha precisado que no las comparte. Ha recalcado que las reprobaciones a Montoro y a Rafael Catalá no le «obligan a tomar ninguna decisión» y ha subrayado que eso es lo que va a hacer.
Entonces, la portavoz del Grupo Socialista ha subrayado a Rajoy que la responsabilidad política «la tiene que gestionar el Parlamento», y ha recriminado al presidente que en la pasada legislatura el PP ejerciera el «rodillo» y ahora ni tome medidas tras las reprobaciones ni tome en cuenta las iniciativas legislativas que aprueba el Pleno «basándose en la arrogancia y en el autoritarismo».

Rajoy acusa a Iglesias de ‘corrupción democrática’

Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido al presidente del Gobierno que explique si «ha contabilizado cuánto le cuesta a los españoles la corrupción» del PP. Una pregunta que el PP intentó vetar sin éxito alguno en la Mesa del Congreso, al entender que excede a las competencias del Gobierno y atenta al «decoro» parlamentario. 


Iglesias ha hecho un cálculo basado en datos proporcionados en autos judiciales e informaciones publicadas en los medios de comunicación, según el cual el caso Lezo habría supuesto un desvío de fondos a paraísos fiscales de 23,5 millones de euros; la Gürtel, 883 millones, y la Púnica, 500 millones más. En total, según Iglesias, han costado más de 1.400 millones de euros a los españoles.
«Seguramente me va a responder que un vaso es un vaso o me va a contar que Venezuela, pero le digo una cosa, mientras ustedes estén en el Gobierno los ciudadanos españoles van a tener que pagar de su bolsillo sus casos de corrupción. Por eso, nosotros vamos a trabajar para echarles», ha avisado Iglesias, que no se ha equivocado con lo de Venezuela.
El presidente del Gobierno le ha replicado acusándolo de no estar libre de corrupción al negarse a condenar reiteradamente la violación de los derechos humanos en países como ése debido a que «les han pagado» y eso les impide hacerlo. 
Así, Rajoy le ha reprochado ese «otro tipo de corrupción» que, a su juicio, también demuestran en Podemos cuando llaman «golpista» al opositor venezolano Leopoldo López, cuya excarcelación el podemita ha impedido celebrar al Congreso. 
La acusación de Rajoy ha arrancado un gran aplauso de la bancada popular e incluso de los diputados de Unidos Podemos, incluidos Pablo Iglesias y su portavoz Irene Montero, que han palmoteado con sonrisas irónicas. 
Además, Rajoy ha destacado que Podemos para «existir como partido» necesita «que las cosas vayan mal» y por eso «cuando las cosas mejoran sufren y se enfadan» y ya no hablan de la situación económica, ni del crecimiento ni del empleo.
«Se agarran al mantra de la corrupción como un clavo ardiendo, la exageran, la magnifican, hablan de ella todos los días, pero no lo hacen para combatirla, lo hacen para ver si pueden pescar algún provecho político. Yo prefiero combatirla y lo hago, combato la de todos, la suya también», ha asegurado el popular.
Por último, ha sacado pecho diciendo que el Gobierno trabaja en una triple dirección contra la corrupción: prevenirla mejorando los controles y reduciendo la discreccionalidad en decisiones administrativas; mejorar los medios de quienes luchan contra ella; y aumentando las sanciones.

‘La nueva ley de autónomos entrará en vigor este año’

Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera se ha interesado en este último debate por la reciente Ley de Autónomos impulsada por su partido, y por la previsión para que los pensionistas puedan cobrar su pensión y a la vez trabajar por cuenta propia.
Rajoy cree que entrará en vigor este mismo año y aunque la nueva legislación no contempla que los autónomos sin trabajadores a su cargo puedan compatibilizar la pensión con su actividad, ha dicho que «sin duda» las leyes pueden modificarse «y así se puede hacer» con esta ley que tiene que pasar todavía el trámite del Senado.
Ha puesto en valor «el papel fundamental» que ejercen los autónomos en el «tejido productivo» español y el que han desempeñado para la recuperación económica: «Hay más de 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia y de ellos 430.000 emplean a otras 872.000 personas».
Cabe recordar que la nueva ley de autónomos, además de contemplar la posibilidad de compaginar la pensión con la actividad laboral, amplía a un año la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos, permite que puedan cambiar hasta cuatro veces en el mismo año su base de cotización y prevé desgravaciones en los gastos de manutención diaria

Soraya sigue sin poner fecha a la reunión con Unidos Sí y VOX

Como es habitual, también ha respondido a las preguntas de la oposición la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que, además, ha sido interpelada en los pasillos del Congreso sobre el asunto catalán. Precisamente, este miércoles Unidos Sí y VOX de Cataluña, que le pidieron el pasado marzo una reunión para contarle cómo creen que el Gobierno debe actuar frente al procés -pero no han recibido respuesta de Soraya-, volverán a movilizarse frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña para reclamar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
La vicepresidenta ha dicho que el referéndum «ilegal y divisivo» que pretenden convocar los separatistas «con lo primero que va a acabar es con el Gobierno de la Generalitat». Se ha pronunciado así preguntada por una información que publica este miércoles el diario El País en la que se asegura que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha rechazado la oferta del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de coordinar las tareas para impulsar el referéndum.
«Cuando uno se embarca en una iniciativa absolutamente ilegal y divisiva, acaba dividiéndose uno mismo. La situación de la Generalitat es el síntoma de un conjunto de personas que han decidido despeñarse y que quieren arrastrar al resto de la sociedad catalana a esa situación», ha señalado la vicepresidenta.
Además, ha lamentado que la Generalitat vaya «a la búsqueda de valientes para no asumir su propia responsabilidad», y ha destacado que «uno no puede excusarse toda la vida detrás de los medios de comunicación, de los funcionarios o del resto de partidos sobre los que la presión es brutal». «La sociedad catalana merece tranquilidad y sosiego, y si no tienen consenso entre ellos mismos, que dejen de dividirla», ha zanjado.
Los periodistas también han preguntado en los pasillos del Congreso sobre Cataluña al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En concreto, que si el referéndum se frenará con la Ley de Seguridad Ciudadana, Zoido ha manifestado que esta consulta se para porque «un referéndum unilateral es un referéndum ilegal». «Confío que sea parado por el tribunal competente, no por la Ley de Seguridad Ciudadana», ha subrayado.

Los refugiados se cuelan en el Congreso

Las preguntas a la vicepresidenta han girado principalmente sobre refugiados. La socialista Adriana Lastra se ha interesado sobre qué posición en materia de refugiados trasladó al secretario de Estado de la Santa Sede en su último entrevista. Además, el diputado del PDeCAT, Jordi Xuclá, le ha preguntado si cree que ha fracasado en sus funciones de coordinación del grupo interministerial para la gestión de la crisis de inmigración y asilo. Además, ambos grupos le han recriminado que aún no haya reubicado a 15.849 de los 17.337 refugiados que se comprometió a acoger.
La vicepresidenta ha anunciado que España, a petición de la Comisión Europea, hará un «esfuerzo adicional» para reubicar a 500 refugiados más al mes durante los próximos meses. Saénz de Santamaría ha admitido que se trata de un problema que tienen todos los Estados de la UE, que sólo han reubicado a 23.000 de las 160.000 personas que deben acoger. «Estamos ante un problema compartido», ha recalcado.

El uso partidista de las banderas

Por su parte, Íñigo Allí, de Unión del Pueblo Navarro ha llevado a esta última sesión el debate sobre la «regulación del uso, protección y promoción de los símbolos» después de que la ikurriña luciera en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona en el chupinazo de los sanfermines, un acto que ya ha sido recurrido por la Delegación del Gobierno en Navarra.
El diputado ha recordado que, junto con Podemos e IU de Navarra, han derogado la Ley de Símbolos que elimina la prohibición de que la ikurriña ondee en los Ayuntamientos y «daba fin a la guerra de banderas en Navarra».
Sáenz de Santamaría ha tildado de «lamentable» el uso «partidista, autoritario y frentista» de los símbolos, y ha agradecido la labor que realizan en Navarra UPN, PP y el PSOE en defensa del proyecto de España y de la foralidad, frente a Bildu y a «las fuerzas que apoyan los delirios nacionalistas» y que imponen a la mayoría que no les han votado sus decisiones desde las instituciones.
La vicepresidenta ha hecho hincapié en que colocar la ikurriña en el Consistorio de Pamplona supone una «provocación», representa la pertenencia a una determinada colectividad, y ha animado a «todos a trabajar para unir a la sociedad» en vez de fracturarla.
 
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