¿Y si en vez de finiquitar el eterno problema territorial, la secesión catalana no fuera sino la primera piedra hacia una balcanización total de la península ibérica? ¿Y si el siguiente paso fuera la «reunificación de los Países Catalanes»?
Son muchos los españoles que han comprado con la fórmula del derecho a decidir. No hubieran aceptado la independencia, pero una «consulta», presentada como la quintaesencia de la virtud democrática, eso es diferente. ¿Cómo negarle a alguien un «derecho», más si ese derecho sólo implica poder «decidir»?
Dos palabras -derecho y decidir- cargadas de un contenido emocional positivo que han tenido el predicamento que nunca tuvieron las trece letras de la voz «independencia». El nacionalismo ha tocado la tecla exacta ampliando así extraordinariamente su ámbito de influencia.
Existe, por tanto, un importante número de españoles dispuestos a que una parte decida si España deja de existir. Otros están dispuestos a lo mismo con tal de liberarse del «insoportable discursito victimista» y pedigüeño de los nacionalistas. Y otro buen puñado de españoles concederían gustosos la independencia a todo el que la reclamase por el solo hecho de reclamarla: no merece ser español quien no está dispuesto a serlo.
Cada uno de estos grupos, llega, por planteamientos diferentes, a la misma conclusión: la secesión es aceptable. Y, sobre todo, dicen, acabaría con el eterno problema territorial. No es cierto. Una vez consumada la secesión catalana daría comienzo el verdadero problema territorial. El día después de la independencia de Cataluña, el nacionalismo marcaría su nuevo objetivo abriendo un conflicto diplomático de colosales dimensiones: la «reunificación de los Países Catalanes».
En definitiva, la culminación de un proyecto del que la independencia catalana sólo sería el primer paso. Así lo refleja en su programa electoral el que todas las encuestas señalan como el próximo partido más votado en Cataluña en las últimas elecciones, ERC:
“Conviene que personas y entidades representativas de los diversos territorios estén presentes en el proceso de transición nacional y que las estructuras de Estado que se hayan de crear tengan presente la posibilidad de que cualquier otro territorio histórico de la nación catalana pueda, en cualquier momento, decidir de manera democrática unirse a la futura República catalana o crear otra y federarse”.
Puro expansionismo territorial, consustancial a todo nacionalismo. Y con objetivos perfectamente identificados y localizados: la Comunidad Valenciana, Baleares, la Franja de Aragón, la comarca murciana de El Carche, la región francesa del Rosellón, y en algunos casos, también la ciudad italiana de Alguer y Andorra.
Durante los dos últimos años se han producido diferentes reuniones de los consejeros de Educación de los pretendidos Països Catalans. Hace unos meses el vicepresidente catalán Oriol Junqueras y Josep Rull protagonizaron en Valencia una jornada pagada con fondos públicos bajo el lema: “La hora de las decisiones: balance de agravios y reivindicaciones conjuntas”.
Un «proyecto confederal» con Aragón
También las CUP sostienen un discurso expansionista muy explícito en relación a los «Países Catalanes». La última propuesta en este sentido es “un proyecto confederal” que incluya también a Aragón. No en vano, el pasado viernes, Poble Lliure (una organización integrada en las CUP) celebró una conferencia que versó en torno a la anexión concreta de Aragón, en teoría el territorio menos afín por motivos lingüísticos. Es por eso que los separatistas han fijado su objetivo, al menos en una primera fase, en lo que denominan “Franja de Aragón”, cuatro comarcas que hablan catalán y que por ello, suponen, serían más susceptibles de sumarse al proyecto.
La web de la Generalitat ha venido incluyendo esta zona de Aragón como parte de su idea de «nación catalana» como si fuera una provincia más de Cataluña. Además, claro, de la financiación permanente de proyectos que, vestidos de “culturales”, fomentan el pancatalanismo en las comarcas aragonesas. Según informa ABC, “en los últimos años ha llegado a pagar un libro por encargo para defender la supuesta «catalanidad» de Aragón”.
Por tanto la pretendida secesión del próximo uno de octubre podría suponer, en realidad, el principio del problema. Y no solo por desatar nuevos conflictos, también, y sobre todo, por el gravísimo precedente creado y sus incontrolables consecuencias. ¿Con qué legitimidad se impediría una futura escisión vasca (y la posterior operación sobre Navarra?, ¿y la escisión gallega?, ¿y canaria?
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