La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este viernes por unanimidad expresar su «rotundo rechazo» a las críticas de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, al juez del caso ‘Tsunami Democràtic’, Manuel García Castellón, al considerar que son «contrarias» al «deber de respeto a la independencia judicial», al tiempo que ha reclamado «responsabilidad institucional» para «evitar la utilización política de la Justicia».
Los tres vocales conservadores que integran la Comisión Permanente —José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona— habían pedido al presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, que convocara una reunión urgente de la misma, algo que finalmente se ha hecho de forma telemática para alumbrar un pronunciamiento unánime, poco usual en este Consejo, habitualmente dividido en los bloques progresista y conservador.
El objeto era analizar las palabras de Ribera criticando la reciente resolución de García Castellón que confirma su decisión de enviar ‘Tsunami Democràtic’ al Tribunal Supremo para que se investigue al ex presidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras 10 personas por presuntos delitos de terrorismo.
«Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles», ha asegurado Ribera en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.
Para la Comisión Permanente, «estas manifestaciones son contrarias al principio de lealtad institucional» y «al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea, uno de cuyos valores esenciales es la separación de poderes, imprescindible para hacer realidad el valor Justicia».
«Solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho», subraya.
En consecuencia, indica que dichas palabras, «en cuanto merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos».
Además, como recuerda que ya ha hecho «con ocasión de otros pronunciamientos de miembros del Poder Ejecutivo en relación con actuaciones de los tribunales», apela «a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional para evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial».
«Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», concluye.
