Entre las cosas que no hace el Gobierno para paliar la sequía en España, como ostentar el récord en derribo de barreras fluviales, se añade la desproporcionada transferencia de agua que el país hace a Portugal.
En 1998, ambos países suscribieron el Convenio de Albufeira en el que se acordaba la justa distribución de los recursos hídricos de los ríos Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana. Así, el Convenio sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas hispano-portuguesas, hecho «ad referendum» en Albufeira el 30 de noviembre de aquel año, tenía como objeto «definir el marco de cooperación entre las Partes para la protección de las aguas superficiales y subterráneas y de los ecosistemas acuáticos y terrestres directamente dependientes de ellos y para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas».
Según quedó establecido, España tiene la obligación de transferir un caudal de 2.700 en el caso del Tajo. Sin embargo, esta cifra se han rebasado casi todos los años. Desde el año 2000, la media de transferencias de agua a Portugal ha sido de 6.836 hectómetros cúbicos, muy por encima de lo que establece el convenio.
Esta desproporción ha provocado durante años las quejas y manifestaciones de agricultores y ganaderos que consideraban que, teniendo en cuenta la acuciante sequía en España cada verano, debía reducirse la cantidad de agua entregada al país vecino –y también las ha habido desde la parte portuguesa en exigencia de un mayor volumen—.
Las protestas más recientes tuvieron lugar en septiembre del año 2022 y consistieron en diferentes movilizaciones de los regantes de León con motivo del trasvase de agua de pantano de Riaño y el Porma aguas abajo del río Duero a Portugal. En ellas participaron miles de personas y cientos de tractores y llegaron a ser tan multitudinarias que obligaron al Gobierno a adoptar el compromiso de revisar el convenio con Portugal.
En ese esperado encuentro, que se celebró en noviembre, los dos países acordaron reforzar los mecanismo de diálogo para hacer frente a una situación que calificaron «de extrema gravedad» —2022 fue considerado el año hidrológico más seco de las últimas décadas—. Y, entre otras cosas, se acordó el refuerzo de la coordinación entre ambas naciones «con vistas a solucionar aquellas limitaciones estructurales» que perjudicaran el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Convenio de Albufeira, «en particular en el ámbito del abastecimiento de agua a las poblaciones y de la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos«.
Si las protestas en 2022 se originaron en León y el problema giraba en torno al Duero, en este 2023 las demandas proceden de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y se centran en el Tajo. En la actualidad, este río entrega al país luso una media anual de 6.616 hectómetros cúbicos de agua, una cifra muy superior a los 2.700 establecidos en la Convención de Albufeira en 1998.
A esta desproporción, se une la reciente decisión del Gobierno de establecer un caudal ecológico mínimo que reduzca el trasvase Tajo-Segura. En enero, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que revisa la planificación hidrológica de una docena de demarcaciones hidrográficas para el periodo 2022-2027, que entre otras novedades incluye el recorte gradual del trasvase Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos anuales de aquí a 2027, lo que equivale al 1,5% del agua que llega a Portugal por el mismo río.
«En España tenemos un frente abierto con el agua y los del Tajo-Segura estamos discutiendo por 100 hectómetros arriba o abajo en el Supremo mientras estamos cediendo una inmensa riqueza hídrica a Portugal», denuncian desde Asaja a Libertad Digital. Así las cosas, mientras los regantes de Almería, Murcia y Alicante no tienen suficiente agua para regar sus huertos, se están entregando muchos más hectómetros cúbicos de los que se debería a Portugal.
