El coste de los traductores en el Congreso no es el único despilfarro en «materia lingüística» del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio de Transportes destinó 360.000 euros para traducir al catalán, al gallego, al euskera y el valenciano, además del inglés, un documento técnico de ADIF.
El Ejecutivo modificó a finales del año pasado la Ley del sector ferroviario para hacer obligatoria la traducción de la «Declaración sobre la red», el manual elaborado cada año por ADIF. Ahí aparece información sobre las instalaciones de servicios, mapas, glosario de la actividad, etc. El contrato se firmó para una traducción desde 2025 a 2028, según recoge Vozpópuli.
Precisamente este viernes 60 exparlamentarios exigieron a Armengol paralizar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, una medida exigida por los separatistas catalanes para apoyar que el PSOE tuviera la presidencia y la mayoría de la Mesa del Congreso.
Los exparlamentarios (la mayoría del PP y una veintena de socialistas) señalan que el español es la «lengua oficial del Estado», con la que se ha debatido y dialogado «a lo largo de estos 46 años de democracia». Y reiteran que se ha hecho con total normalidad porque es la lengua «común» de todos los españoles sean «vascos, andaluces, castellanos, catalanes, extremeños», y con la que se entienden en la vida cotidiana en todos los lugares de España. «Ningún español necesita de intérprete cuando habla con otro español», exclama la carta.
En ella, advierten además que el cambio quiere llevarse a cabo «de manera escandalosamente precipitada y con el quebranto de una regla de oro del parlamentarismo demoliberal: que las modificaciones del Reglamento, al ser las normas que establecen las reglas de juego de la institución, han de contar con un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios, como siempre ha sucedido». «La pretensión de que la mitad de la Cámara imponga una reforma de tal calado es un trágala inaceptable, una verdadera ruptura de las reglas propias de cualquier sistema democrático«, advierten.
