El expresidente golpista seguirá detenido y en prisión provisional en Alemania mientras la justicia de este país estudia la orden de detención y entrega.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont seguirá detenido en Alemania mientras la justicia de este país estudia la orden de detención y entrega cursada por España, informaron este lunes la Fiscalía y el tribunal de Neumünster donde prestó declaración.
«La decisión de hoy no significa que Puigdemont vaya a ser extraditado, sino que ahora empieza el proceso», manifestó el fiscal superior del distrito judicial, Georg Güntge, a los medios concentrados ante la prisión de Neumünster, donde el domingo ingresó Puigdemont después de ser detenido tras cruzar la frontera con Dinamarca.
En un comunicado, el tribunal de primera instancia de esa localidad, donde ha compareció el político catalán, aceptó la petición de la Fiscalía general del estado federado de Schleswig Holstein para que Puigdemont continúe en prisión por considerara que existe «riesgo de fuga».
Según explicó, no se puede dar por hecho que el detenido vaya a permanecer en Alemania si queda en libertad y también hay que tener en cuenta que viajaba hacia Bélgica, donde tiene su residencia actualmente y donde no se puede presumir que el proceso de extradición siguiera el mismo camino, lo que podría ser para él un «incentivo notable» para tratar de llegar a ese país.
El político separatista es prófugo de la Justicia española desde hace cinco meses, cuando huyó a Bélgica.
El fiscal explicó que Puigdemont seguirá detenido hasta que tome una decisión sobre él la Audiencia Territorial de Schleswig, a donde pasa ahora el caso.
Según el tribunal de primera instancia, sólo la Fiscalía de esa Audiencia puede pedir la libertad provisional del detenido.
La vista se prolongó durante más de tres horas y se centró en confirmar la identidad del detenido y en una discusión legal sobre la procedencia de iniciar el proceso de extradición, explicó Güntge.
Puigdemont se mantuvo «tranquilo» y participó en la vista, añadió el fiscal, quien señaló que ahora el caso queda en manos de la Audiencia Territorial de Schleswig, encargada de analizar toda la documentación remitida por España y tomar las decisiones pertinentes.
Segun el tribunal, «no hay aún evidencia» de que la euroórden de detención y extradición a España, emitida el 23 de marzo pasado, «no esté justificada», cuestión ésta que, en última instancia, deberá determinar la Fiscalía de Schleswig.
Jaume Alonso-Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont, se acercó en torno a las 19:45 horas horas a la prisión de Neumünster.
Antes de viajar a Alemania Alonso-Cuevillas se reunió en Bruselas con el abogado Gonzado Boye, que lleva la defensa de los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret (que permanecen huidos en Bélgica), para coordinar su estrategia de defensa.
‘No hay riesgo de fuga de Comín, Puig y Serret’
La Fiscalía de Bruselas informó también que está en contacto con los abogados de los exconsejeros catalanes huidos a Bélgica (Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) y considera que no hay riesgo de fuga, por lo que no les está buscando activamente.
El Ministerio Público confirmó en un comunicado que está en contacto con los abogados de los tres políticos independentistas y que estos les han transmitido que «sus clientes están a disposición de la justicia belga». «Por esa razón y dado que no existe un riesgo manifiesto de fuga, la señora Serret, y los señores Comín y Puig no son buscados activamente», añadió la fiscalía en su comunicado.
La Fiscalía de Bruselas indicó que ha pedido «informaciones complementarias» a las autoridades judiciales españolas a través de Eurojust -el organismo de cooperación judicial de la Unión Europea- pero no precisó de qué informaciones concretas se trata.
Asimismo, comunicó que los exconsejeros catalanes no han comparecido todavía ante un juez de instrucción belga aunque «es posible que este sea el caso en el futuro próximo», si bien rehusó «anticipar» cómo seguirá el procedimiento.
La Fiscalía de la capital belga recordó que este procedimiento no es la continuación del abierto en noviembre cuando la Audiencia Nacional de España emitió por primera vez los mandatos de arresto europeos contra ellos, sino uno nuevo basado en las euroórdenes emitidas la semana pasada por el Tribunal Supremo español.
