«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
La Gaceta de la Iberosfera
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.
ASUME EL PAPEL DE JUEZ DE GARANTÍAS

García-Castellón revisará la investigación de la Fiscalía europea por la compra de mascarillas de los Gobiernos de Torres y Armengol

García-Castellón será el juez de garantías en la investigación contra Torres y Armengol. Europa Press.
García-Castellón será el juez de garantías en la investigación contra Torres y Armengol. Europa Press.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha sido designado como juez de garantías en la investigación de la Fiscalía Europea contra Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y sus respectivos gobiernos autonómicos. El caso se dirige por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

El diario El Confidencial publica en primicia esta información. Según el medio, el estatus de la Fiscalía Europea es distinto al de la Española. En su caso, son los fiscales los que instruyen la investigación en lugar de un magistrado y se nombra por reparto a un juez de garantías. Es el encargado de revisar y autorizar algunas actuaciones para no vulnerar derechos fundamentales del país.

La Fiscalía Europea abrió una investigación el lunes tras la denuncia de un particular y de algunos eurodiputados españoles. Además, la Comisión Europea envió información relacionada con el caso a la oficina de lucha contra la corrupción (OLAF). La gestión empezó tras publicarse que Armengol y Torres pagaron con fondos europeos de ayuda al desarrollo regional (FEDER) las mascarillas investigadas en la trama. La participación de García-Castellón, sin embargo, se limitará a primer caso.

Bruselas aseguró que habría «tolerancia cero» hacia casos de corrupción. Sin embargo, la OLAF no puede, por ejemplo, imponer multas, y solamente puede plantear recomendaciones. Puede pedir, por ejemplo, que en caso de un uso indebido de los fondos europeos estos se recuperen por parte de las autoridades competentes.

La directora de la Fiscalía Europea, Laura Kovesi, afirmó la pasada semana que siempre que exista la sospecha de que se ha defraudado al presupuesto de la Unión Europea, hay obligación legal de denunciarlo. recordaba la institución. Otro portavoz aseguraba la semana pasada que el Ejecutivo comunitario «está en estrecho contacto con la autoridad de gestión nacional para determinar si hay fondos de la Unión Europea involucrados». También que desde el Gobierno europeo siguen «la situación de cerca».

+ en
.
Fondo newsletter