Ramón C.A., gerente de Imesapi, antigua concesionaria de los centros cívicos de Vigo, ha ratificado este martes en la Audiencia de Pontevedra que recibió indicaciones desde el Ayuntamiento, sin precisar qué persona en concreto, para que contrataran a la cuñada de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Fuentes conocedoras de los hechos han explicado a La Gaceta que los casos de enchufismo entre familiares de los miembros de la corporación viguesa del PSOE se produjeron con más frecuencia por aquellos años.
El primero en denunciar la situación fue el exalcalde de la localidad, Carlos Príncipe, a quien el partido (PSOE) instó a presentar toda la documentación ante la Fiscalía. Denunciar los presuntos casos de corrupción en el partido le valió la expulsión del partido.
Tras archivar la presentada por el excalcalde, la plataforma Xuntos decidió recuperar el tema, llevarlo denuevo ante la Fiscalía y, tras contar con el testimonio de las trabajadoras del centro cívico, el proceso siguió hacia delante.
Así se contrato a la cuñada de Silva
En el juicio contra Ramón C.A. y el exjefe de Participación y Atención Ciudadana, Francisco G.O., ha insinuado también que los nueve contratos menores para la realización de encuestas que le fueron adjudicados a Imesapi entre 2008 y 2013 fueron una contraprestación por la contratación de la cuñada de Silva, Vanesa F.B.
De hecho, ha revelado que le trasladó a la corporación viguesa -en manos del PSOE- que tendría que hacerse cargo del pago de la nómina de esta trabajadora, pues no había necesidad de reforzar la plantilla y las encuestas de las que se iba a encargar no figuraban en los pliegos del contrato del servicio del que era adjudicataria Imesapi.
Ha abundado en que si se le hizo un contrato indefinido a Vanesa F.B., que con anterioridad había hecho una sustitución temporal de una de las cuatro trabajadoras de Imesapi, fue «a petición de nuestro cliente», en alusión al Ayuntamiento de Vigo, y que aquella apenas pisó las oficinas de la empresa diez días durante cinco años.
‘Ojalá no hubiésemos firmado ese contrato nunca’
Ramón C.A. ha negado que las encuestas en cuestión y los informes con las conclusiones de las mismas se hicieran en las dependencias de la empresa, y ha añadido que las facturas que se emitieron, y cobraron, al Ayuntamiento por la realización de estos trabajos se hicieron desde «la confianza en el cliente».
«Ojalá no hubiésemos firmado ese contrato nunca», ha proclamado Ramón C.A., para quien la Fiscalía pide siete años de prisión y 20 de inhabilitación, en tanto que la acusación popular, ejercida por la plataforma Xuntos, eleva su petición a los 13 años de cárcel.
Para el otro acusado, Francisco G.O., la fiscal pide ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público, por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, y la acusación popular, 13 años de cárcel y 35 de inhabilitación.
El funcionario se excusa en ‘una mala redacción’
Francisco G.O. ha negado que impusiese a Imesapi la contratación de Vanesa F.B. y que acordara con el gerente de la concesionaria el encargo de nueve encuestas como fórmula para pagarle las nóminas a esta trabajadora.
Preguntado por la fiscal por un correo electrónico que remitió a Imesapi en el que ponía «cerrar la contratación de Vanesa», este alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo ha dicho que incurrió en una «muy mala redacción», y que a lo que se refería era a la regulación de la antigüedad de toda la plantilla.
Francisco G.O. ha alegado que el encargo de estas encuestas partió del concejal de Participación Ciudadana, Santos Héctor, quien posteriormente ha ratificado este extremo en su declaración como testigo durante el juicio.
Santos Héctor ha enfatizado que nunca impuso que las encuestas las hiciera Imesapi y, más concretamente, la cuñada de Silva, a la que ha dicho que no conocía entonces ni su vinculación familiar con la teniente de alcalde de Vigo y actual presidenta de la Diputación de Pontevedra.
Francisco G.O. ha garantizado que las encuestas en cuestión existen, dado que la Fiscalía lo pone en duda en su escrito de acusación, y ha considerado factible que quien en teoría las realizó, Vanesa F.B., pudiera realizar 1.000 llamadas en apenas nueve días.
Ha justificado en una cuestión de plazos, dado que las encuestas se realizaban al final de cada ejercicio, que en apenas cinco días Impesapi pudiera presentar una propuesta de presupuesto, le fuera aceptada, realizara el trabajo encomendado y lo cobrara.
Adicionalmente, ha alegado que al menos en uno de los expedientes solicitó presupuesto a otras dos empresas, aparte de Imesapi, pero que ninguna lo presentó.
Contratos menores a cambio de la contratación
El concejal Santos Héctor ha manifestado que desconocía las indicaciones que supuestamente le daba Francisco G.O. a Imesapi para que presentara presupuestos para los contratos menores que luego les serían adjudicados sin publicidad ni concurrencia y ha garantizado que nunca habló con su gerente sobre esto ni ningún otro asunto.
El juicio proseguirá mañana, para cuando ha sido citada por segunda vez, bajo advertencia expresa de que, en caso de volver a faltar, puede enfrentarse a una multa de hasta cinco mil euros por un delito de desobediencia grave, la cuñada de Carmela Silva.
Fuentes conocedoras de los hechos han explicado a La Gaceta que los casos de enchufismo entre familiares de los miembros de la corporación viguesa del PSOE se produjeron con más frecuencia por aquellos años.
El primero en denunciar la situación fue el exalcalde de la localidad, Carlos Príncipe, a quien el partido (PSOE) instó a presentar toda la documentación ante la Fiscalía.Denunciar los presuntos casos de corrupción en el partido le valió la expulsión a Príncipe.
Tras archivar la denuncia, la plataforma Xuntos decidió recuperar el tema y, tras contar con el testimonio de las trabajadoras del centro cívico, el proceso siguió hacia delante.
