Cuando era fiscal jefe de San Sebastián, Luis Navajas investigó una posible mafia relacionada con el narcotráfico que salpicaba a responsables de la lucha contra el terrorismo.
Luis Navajas, hasta ahora teniente fiscal del Tribunal Supremo, asumirá el cargo de fiscal general del Estado en funciones y que opta a ocupar la plaza de manera permanente. Es un profesional de la Justicia que ha mostrado siempre un marcado sentido del deber y una gran valentía a la hora de abordar los casos. Tiene en su carrera un episodio que no ha sido aclarado y que se cerró sin que se depurasen las responsabilidades que él consideraba. La importancia del informe al que nos referimos radica en que investigaba, a finales de los años ochenta, a la cúpula de la lucha contra el terrorismo en la provincia de Guipúzcoa.
Navajas era, entonces, fiscal jefe de San Sebastián y pidió que se sometiera a la acción de la Justicia el coronel Enrique Rodríguez Galindo al que, junto a otros diez guardias civiles, un inspector de la Policía y una docena de civiles, vinculaba con el contrabando en la comunidad autónoma vasca.
El proceso quedó cerrado sin condenas a ninguno de los investigados, pero abrió una vía a los medios de comunicación proetarras que permitió que muchos de ellos quedasen totalmente marcados e, incluso, puso la diana en el empresario y exfutbolista José Antonio Santamaría, asesinado el 19 de enero de 1993 tras haber comparecido ante el juez Fernando Andreu, que lo dejó en libertad al no apreciar en su actuación delito alguno.
Los hechos empezaron a finales de 1988 cuando el capitán de la Guardia Civil José Manuel Castañeda, adscrito a la Unidad de Servicios Especiales del Servicio Central de Información, junto a su subordinado, el guardia segundo Garcilaso Muñoz, se presentaron en el despacho del fiscal Navajas. Su objetivo era el de presentarle lo que consideraban la “evidente implicación” de importantes miembros del Benemérito Instituto en una trama de narcotráfico.
Navajas practicó las diligencias que consideró oportunas. Entre ellas, tomó declaración a cinco de las personas señaladas por el capitán Castañeda, lo que le sirvió para establecer que había suficientes coincidencias como para dar crédito a las acusaciones realizadas por el agente. Por eso decidió informar a su superior, el fiscal general del Estado, entonces Javier Moscoso, a quien entregó un informe con los datos de las 31 personas a las que había investigado.
Junto al informe, Navajas planteó a su superior una serie de solicitudes para continuar con el procedimiento. Entre ellas destacaba la necesidad de que la investigación -las funciones de Policía Judicial- debería recaer en un grupo escogido de guardias civiles del Servicio Central de Información y que se debía investigar las propiedades de todos los sospechosos y las de sus familiares y allegados.
A la vez que se producía esta comunicación entre el fiscal jefe de San Sebastián y el fiscal general del Estado aparecían las primeras filtraciones en la prensa. Lo hacían de una manera muy oportuna, puesto que Moscoso no consideraba que el caso fuera a progresar, pero las publicaciones en los medios le podrían costar importantes críticas. Por ello optó por reactivar el caso, lo que correspondió al juez de Instrucción de San Sebastián Fernando Andreu.
La premisa de la investigación fue que varios miembros de la Guardia Civl del cuartel de Inchaurrondo, en el que se centralizaba la lucha contra el terrorismo, estaban dando protección a cambio de una importante cantidad de dinero a tres clanes dedicados al tráfico de drogas y de tabaco. Una acusación que, curiosamente, coincidía con la que venían haciendo desde el entorno terrorista, que ha mantenido como acusación permanente la de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado inundaban con droga a la juventud vasca para desmovilizarla y que no luchara por la independencia. La realidad fue siempre muy distinta, ya que cuando un comando etarra asesinaba a una persona alegando que se dedicaba al narcotráfico, no estaba protegiendo a esa juventud vasca, sino que estaba protegiendo de competidores un mercado que pretendía en exclusiva. La droga fue siempre una importante vía de financiación del terrorismo en el País Vasco.
Reapertura del caso
El recorrido del Informe Navajas parecía haber terminado hasta que se produjeron las primeras filtraciones, que coincidieron con el relevo de Moscoso por Leopoldo Torres al frente de la Fiscalía General del Estado. Pero fue una reapertura de cara a la galería, ya que se empezó a hacer hincapié en que el propio coronel Rodríguez Galindo era quien había puesto los medios humanos y materiales que había reclamado el fiscal Navajas. A la vez se menospreciaba la apertura de la investigación desde la propia Fiscalía al señalar que el informe iniciado por el fiscal jefe de San Sebastián no era sino un “boceto de sospechas” que se habían inducido tras una denuncia anónima y que solamente se sustentaba en las declaraciones de “dos guardias civiles sindicalistas”.
Leopoldo Torres se mostró, desde su puesto al frente de la Fiscalía General del Estado, siempre reticente a que se continuase con la investigación de las denuncias del Informe Navajas. En todo momento aseguró que las investigaciones no habían dado ningún fruto y que “lo sorprendente es que siga abierta una investigación que, según mis informaciones, lo único que ha ofrecido como resultado es un asesinato”. Además explicaba que, si se hubiera encontrado algo en contra de Galindo, se le habría procesado.
¿Qué sabía Gregorio Ordoñez?
El epílogo más triste de los hechos relacionados con el mundo que investigaba el Informe Navajas, que finalmente fue tratado como una mera “diligencia informativa”, se encuentra en el asesinato del político del Partido Popular de Guipúzcoa Gregorio Ordoñez.
Al candidato popular a la alcaldía de San Sebastián le preocupaba, y mucho, el daño que la droga estaba haciendo a su generación y, como denunció en tantas ocasiones, que el beneficio de la droga generaba tramas de delincuencia cada vez más violentas. Además, Ordoñez tenía claro que ETA se financiaba del dinero obtenido del narcotráfico que controlaba la organización terrorista en el País Vasco.
No dejó jamás de profundizar en este tema y, el día en el que fue asesinado -23 de enero de 1995- había citado a su colaboradora María San Gil para tratar varios temas. Entre ellos se encontraba el de sus nuevas averiguaciones sobre la trama de narcotráfico que habría destapado Navajas y que, por lo que ha podido saber La Gaceta, implicaba a más funcionarios que nada tenían que ver con la Guardia Civil.
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