El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que se siente respaldado por Pedro Sánchez ante la investigación judicial.
La Intervención General del Estado ha detectado irregularidades en «la práctica totalidad» de los adjudicaciones a la agencia de comunicación Crespo Gomar que fueron investigados por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en relación con la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE y Bloc.
Tras estudiar una denuncia del diputado del PP y exvicepresidente de la Generalitat José Císcar, la juez que se hizo cargo de la investigación, la misma encargada del caso del accidente de metro de 2006, vio indicios de financiación irregular, falsedad continuada, malversación y prevaricación.
Por este motivo, en un auto que ha hecho público este viernes la Cadena Ser, fechado el pasado mes enero, la titular de Instrucción 21 acordó la inhibición de la investigación en favor de los juzgados de Madrid, Benidorm y Gandia, si bien, a juicio del fiscal, los posibles delitos de financiación ilegal estarían prescritos.
Implicados al menos dos Ministerios de Zapatero
La magistrada encargó un informe a la Intervención General del Estado que constató irregularidades en expedientes de contratación adjudicados a Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010, el Ministerio de Vivienda en 2009 o el de Medio Ambiente en 2007, en todos los casos desde administraciones controladas por el PSOE. Esas dos carteras pertenecían a dos actuales cargos de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez: Beatriz Corredor y Cristina Narbona, respectivamente.
La juez considera que «indiciariamente nos podríamos encontrar ante unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas: PSPV-PSOE y Bloc-Compromís, además de hechos constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y/o malversación.
«Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas durante la campaña electoral del año 2007, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar», añade el auto.
En la documentación aportada a la causa aparecen las mercantiles Hospimar 2000, Quick Meals Ibérica, Construcciones Blauverd y Centro Comercial y de Ocio La Vital, a través de Metrovacesa, como firmas que supuestamente se hicieron cargos de facturas por servicios prestados a los citados partidos.
Contratos millonarios del PSOE a Crespo Gomar
La jueza expone además en su escrito que el PSPV-PSOE abonó a Crespo Gomar 79.663 euros en 2007 y 325.094 en 2008, y que esta misma firma recibió, al menos, contratos por 184.138 euros en 2008 por parte del Ministerio de Sanidad, por 126.208 desde el Ministerio de Vivienda y 159.362 euros desde el Ayuntamiento de Gandía.
En 2009, y desde esta misma administración local, Crespo Gomar fue adjudicataria de servicios por 104.737 euros, y en 2010 por importe de 103.672 euros.
Además, cita otros posibles contratos en los que pudo resultar favorecida esta firma, a través de la excandidata a la alcaldía de Alicante Etelvina Andreu, posteriormente designada directora general de Consumo por el entonces ministro de Sanidad, Bernat Soria, con quien trabajó en el equipo científico que éste dirigía en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).
Salpicada la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona
Crespo Gomar también resultó adjudicataria de servicios de comunicación para el ministerio de Medio Ambiente, entonces dirigido por Cristina Narbona (a través de Acuamed, Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar) por 2,7 millones de euros entre 2008 y 2009.
La jueza relata además cómo las indagaciones policiales han puesto de relieve las relaciones ente el PSPV y Crespo Gomar, cuyo gerente es Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia Antonio Gomar bajo la alcaldía de José Manuel Orengo, actualmente asesor de Ximo Puig en Presidencia de la Generalitat.
Igualmente, expone que Alberto Gomar creó la mercantil Opino Media, de la que posteriormente se encargó José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de Egevasa, empresa pública mixta de la Diputación de València, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident de la Generalitat Joan Lerm, de Orengo y de la exalcaldesa socialista de Gandía Pepa Frau.
Se investiga asimismo la adquisición de un inmueble en Gandía por parte de la Federación Valenciana de Fútbol en 2009 por 525.000 euros, una operación que fue subvencionada al 50 % por el Ayuntamiento de Gandía.
Dicho inmueble pertenecía a Antonio Gomar, pero en 2006 se vendió por 280.000 euros a la mercantil Mora Gomar, administrada por el esposo de una hija de Antonio Gomar, Joaquín Mora, que lo vendió finalmente a la Federación Valenciana de Fútbol por casi el doble de lo que le costó tres años antes.
Puig se ve respaldado por Sánchez
Ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas antes de intervenir en un acto del partido junto a Pedro Sánchez y la secretaria local del PSPV en Alzira, Isabel Aguilar, y ha recordado que los socialistas tienen «una vocación fundamental, que es servir a los ciudadanos». «Eso es lo que vamos a hacer», ha añadido para reiterar que el PSOE «no es el PP», pues no insultan «a los jueces, ni a los policías ni a los periodistas».
El también president de la Generalitat ha insistido en que su partido va a investigar la información publicada sobre la presunta financiación irregular del PSPV en la campaña de las elecciones municipales de hace once años que investigan en secreto varios juzgados de Madrid, Gandia y Benidorm. Ha señalado que «hasta el momento la Justicia no ha pedido al PSOE nada», pero en caso de hacerlo «va a tener toda la colaboración», y ha recordado que la dirección regional del partido ha constituido una comisión interna para mostrar todas las facturas y balances económicos, «del pasado y del presente».
Puig ha señalado además que cuando se planteó la creación de una comisión de investigación sobre estas supuestas irregularidades se mostraron a favor «desde el primer minuto».
