La detención y posterior entrada en prisión de Eduardo Zaplana, la imputación del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y la «demoledora» sentencia del caso Gürtel marcan una semana ‘horribilis’ que en Génova 13 tardarán en olvidar.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado una vez más estar «animado y con ganas» para no dar un paso atrás y presentarse a la reelección. Lo hizo escasas horas antes de conocer la condena al PP, la formación que lidera desde 2004, en la sentencia del ‘Caso Gürtel’ como responsable a título lucrativo, un hecho que ha abierto la posibilidad de que desde Ferraz se presente una moción de censura con Pedro Sánchez como alternativa con el único objetivo, eso sí, de «retratar» a Ciudadanos.
La sentencia ha llegado en un momento en el que los de Albert Rivera pisan los talones al PP en los sondeos -según el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se queda a 1,6 puntos solo, aunque cabe señalar que otras encuestas otorgan ya mayoría a la formación naranja-, con el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, detenido, con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, imputado y antes del más que probable -e impopular- levantamiento del 155 en Cataluña, pese a contar con un presidente de la Generalitat hispanófobo, Quim Torra, que tiene la intención de seguir con el golpe y ha manifestado que se saltara la ley, y solo obedecerá al Parlament y al «mandato del 1 de octubre».
En la macrocausa -cuya sentencia se conoció este jueves- han sido condenados 29 de los 37 acusados, entre ellos Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama corrupta, a 51 años y 11 meses de prisión por tejer a través de su grupo de empresas con el partido un «auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional»; el extesorero del partido Luis Bárcenas a 33 años y 4 meses de cárcel y al pago de más de 44 millones de euros de multa como «pieza fundamental»; su esposa, Rosalía Iglesias, a 15 años y un mes por utilizar, en connivencia con su cónyuge, procedimientos para ocultar las rentas y la exministra Ana Mato. La todavía militante del PP -trabaja para el partido en el Parlamento Europeo- deberá pagar 27.857 euros por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo -el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda- obtuvo de la trama.
Aunque excargos del Gobierno como el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo han definido la sentencia como un «golpe demoleador» y han instado al partido a «reflexionar», fuentes del Ejecutivo aseguran que no le afecta en modo alguno dado que «nadie en la dirección del PP, ni en la actual ni en las anteriores, conoció y menos aún amparó ninguna práctica irregular».
En este sentido, señalan que pese a ser condenado -el PP- a devolver 245.492 euros por lucrarse -a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo (Madrid)- van recurrir y que la sentencia «todavía no es firme».
Niegan la mayor después de la confirmación por parte de la Audiencia de «un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado» y de la existencia de una estructura «financiera y contable paralela a la oficial» -la caja B- que se nutrió de aportaciones de la trama corrupta desde al menos 1989, pero tienen el temor de que Bárcenas, que considera «sagrado» el tema de su mujer, cumpla sus amenazas y realice ahora nuevos movimientos para «tirar de la manta».
CS: ‘Hay un antes y un después’
Se las prometían felices en las filas populares tras la aprobación el pasado miércoles de los Presupuestos y la posibilidad de que Rajoy -pensaban en Moncloa- pudiera seguir al menos hasta 2020 dado que el próximo año tendría el recurso de prorrogar las cuentas. Pero Gürtel «lo cambia todo».
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado que su partido «evaluará» lo qué va a hacer el resto de la legislatura y su relación con el Ejecutivo después de una sentencia que ha colocado al Ejecutivo y al país en una situación «tan grave». «Hay un antes y un después» tras el fallo judicial, ha declarado, antes de manifestar que «trastoca» y «cambia» los planes de la legislatura.
Por tanto, será la próxima Ejecutiva nacional del partido, el 11 de junio, la que analice las consecuencias de esta situación.
Para Rivera, los españoles se merecen «estabilidad» pero también «limpieza», se merecen que los constitucionalistas defiendan la Constitución «juntos» en este momento de desafío independentista de Cataluña, pero también un Ejecutivo que «no esté en jaque» por la corrupción.
«Hemos visto juicios incluso condenados, pero hasta ahora nunca habíamos visto condenar por corrupción al partido que gobierna y eso tiene consecuencias que hay que analizar», ha añadido.
Cree que una cosa es exigir al Gobierno que aparte un diputado o a un presidente de una comunidad, en aplicación del acuerdo de investidura, y otra es que un juez determine que el PP es un partido corrupto y «condenado por corrupción». La situación ahora es «bien distinta y desgraciadamente mala para España».
La semana ‘horribilis’
La semana ‘horribilis’ comenzó con la detención -y entrada en prisión- del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en una operación por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
La investigación versa sobre adjudicaciones «sospechosas» del Gobierno autonómico en su época como presidente (1995-2002) por las que un grupo de empresarios podría haber pagado en torno a diez millones de euros.
Continuó con la citación ese mismo día como imputado en un juzgado de Jaen del secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad por contratos de la época en la que fue alcalde de la capital jiennense.
Además, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, vio como lejos de cerrar la sospecha sobre sus títulos académicos, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos pidió que se abra una investigación para esclarecer su licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE).
Y tampoco llegaron buenas noticias desde Alemania, donde la Audiencia Territorial de Schleswig Holstein mantuvo -en contra del criterio de la fiscalía de ese «Land» alemán y del Tribunal Supremo español- su rechazo a incluir el cargo de rebelión en el proceso de extradición del expresidente prófugo Carles Puigdemont.
