El estudio recoge que por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la banda terrorista de ultraizquierda «perdió la iniciativa».
El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo ha elaborado un informe que concluye que la decisión de ETA de abandonar la violencia fue «forzada por el Estado», quien a través de sus «herramientas judiciales y policiales» llevó a la banda terrorista de ultraizquierda a la «impotencia operativa».
Esta es una de las nueve conclusiones recogidas en este informe, el número tres, que lleva por título ‘Las claves de la derrota de ETA’ y en el que se hace un análisis de la trayectoria del sanguinario grupo desde la ruptura de la tregua de 1998-1999 hasta la farsa del desarme llevada a cabo el pasado abril.
El texto explica el «debilitamiento» progresivo de ETA, la incapacidad de mantener un «nivel efectivo de violencia», la «erosión del liderazgo de la cúpula etarra» y la pérdida de influencia sobre su entorno.
El documento también incluye datos de las incautaciones de armas y explosivos de la banda realizadas por las Fuerzas de Seguridad españolas y francesas desde 1967 hasta 2016 y contabiliza más de 4.000 armas de fuego, 41 toneladas de explosivos y más de 2.000 granadas.
En el análisis de la «derrota de ETA», el informe concluye que el grupo terrorista «no dejó el terrorismo porque hubiera evolucionado o por cambios en las circunstancias políticas, sino por incapacidad para desarrollar un nivel de violencia mínimamente eficaz para sus intereses».
Así, se mantiene que el abandono de la violencia que ETA y su entorno han presentado como una «decisión unilateral» ha sido sin embargo una «decisión forzada» por el Estado, que «a través de sus herramientas judiciales y policiales» ha conducido a la banda a «la impotencia operativa».
También recoge que el espectáculo del desarme y entrega de armas «escenificado» el pasado 8 de abril fue «una actuación forzada» después de que ETA «hubiera fracasado en su intento de negociarlo a cambio de contrapartidas con los gobiernos de España y Francia» y de que hubiera fracasado la operación para destruir los arsenales y evitar su entrega intacta a las autoridades.
Hasta llegar a este punto, el informe parte de lo sucedido desde la ruptura de la tregua de la banda en 1998-1999 y argumenta que, desde 2001 y por la acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ETA «perdió la iniciativa» y a partir de entonces «el nivel de violencia estuvo siempre por debajo de las pretensiones etarras».
El estudio señala que de 2000 a 2004 todos los aparatos de ETA sufrieron un «deterioro espectacular por la captura de sus líderes» y que en esa etapa se sientan las «bases de su derrota» con tres iniciativas: el acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, la Ley de Partidos y la ilegalización de HB.
El informe sitúa como hechos claves las operaciones contra ETA en Francia, la «aceleración de la captura» de sus jefes, que abrió una «permanente situación de provisionalidad», y las «crisis internas» que se sucedieron y que se agravaron cuando los «dirigentes del entorno político» de la banda «se atrevieron a defender el fin del terrorismo y a presionar» a ETA «en esa línea».
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