El Tratado de Amistad de España con Argelia, publicado en el BOE el 11 de noviembre de 2003, contempla entre sus principios generales que ambos países respeten la legalidad internacional, la soberanía mutua y no intervengan en asuntos internos del otro, entre otras cuestiones.
Según el texto, el Tratado entre ambos países se firmó en el espíritu de la declaración conjunta suscrita con motivo de la visita del Presidente del Gobierno de España en aquel momento, José María Aznar, a Argel en julio de 2000. Y se suscribió en el convencimiento de que el entendimiento recíproco y la cooperación son garantías esenciales para la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, y la mejor manera de servir a los objetivos de progreso y desarrollo de los dos pueblos.
Así, el texto consta de ocho principios generales, entre los que están: el respeto a la legalidad internacional; la igualdad soberana; la no intervención en asuntos internos; la abstención de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza; el arreglo pacífico de controversias; la cooperación al desarrollo; el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas y el diálogo y comprensión entre culturas y civilizaciones.
Por lo que respecta a la legalidad internacional, ambos países reiteran en el acuerdo su compromiso a cumplir «de buena fe» las obligaciones que hayan contraído de acuerdo con los principios y normas del Derecho Internacional y con los Tratados u otros acuerdos, conformes al Derecho Internacional, en los que son parte.
Y en este contexto, recuerdan que el necesario respeto, en toda circunstancia, de la legalidad internacional, constituye un «factor esencial del mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo y de la promoción de las relaciones de confianza y de cooperación entre los Estados».
También destacan, en segundo lugar la «igualdad soberana» que ambas partes se comprometen a respetar, así como los Derechos inherentes a su soberanía, incluyendo el «derecho a la igualdad jurídica, a la integridad territorial y a la libertad y a la independencia política». Además, se comprometen a respetar el derecho de cada parte a elegir y a desarrollar libremente su sistema político, social, económico y cultural.
En el tercer principio, las partes se abstienen de cualquier intervención directa o indirecta, individual o colectiva, en los asuntos internos de la otra parte.
«Se abstendrán, por lo tanto, en todas las circunstancias, de cualquier acto de coerción militar, política, económica o de otros tipo, encaminado a subordinar a su propio interés el ejercicio de los derechos inherentes a la soberanía de la otra Parte», reza textualmente.
Ambos países se comprometen también a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, contra la integridad territorial o la independencia política de la otra Parte, o de cualquier otro acto incompatible con los fines y objetivos de las Naciones Unidas.
«En consecuencia, no podrá invocarse ninguna consideración que justifique el recurso a la amenaza de la fuerza o al uso directo o indirecto de la misma», señala el Tratado en el que las partes también se comprometen al arreglo pacífico de controversias que puedan surgir entre ellas «de manera que no se pongan en peligro la paz y la seguridad internacionales».
El texto también prevé la cooperación para el desarrollo instaurando un nuevo clima de «solidaridad económica y financiera» que abra el camino a profundizar en la cooperación económica, científica, tecnológica, medioambiental, social, cultural y humana.
Ambas partes se comprometen así mismo a respetar los derechos humanos y las libertades y a desarrollar un diálogo y comprensión entre culturas y civilizaciones, inspirándose en sus tradiciones, vínculos históricos y humanos y en su pertenencia a una misma cultura mediterránea.
«Dentro de este contexto las dos Partes se esforzarán en promover un mayor y más fuerte conocimiento mutuo, y desarrollar una mayor comprensión entre sus ciudadanos y sus pueblos«, señala.
