La Generalitat prepara un texto que permitirá retirar ‘simbología franquista’ en contra del criterio de los ayuntamientos y creará una comisión de la Verdad, además de anular condecoraciones y cambiar nombres de calles.
La consellera catalana de Justicia, Ester Capella, ha anunciado este miércoles que el Govern impulsará una nueva ley que facultará a su Departamento a retirar simbología franquista aún sin el consentimiento de los ayuntamientos y que aglutinará normas sobre memoria histórica ya en aplicación.
En su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Parlament, Capella ha señalado además que: «Un pueblo sin memoria es un pueblo que no se conoce a sí mismo. Y donde no hay memoria, no hay Justicia» [sorprendente afirmación teniendo en cuenta que lo que pretende la ley catalana es retirar símbolos históricos que son, en todo caso, testigos del pasado]
En palabras de la consellera, esta nueva normativa cumplirá con «los principios de la Justicia transicional», buscará «armonizar el corpus legal existente» e irá «más allá del derecho a la reparación», al otorgar a la Generalitat la capacidad de suprimir toda la simbología franquista aún presente en Cataluña, por encima de las decisiones en contra que pudieran tomar los consistorios.
Comisión de la verdad
Prevé, por otra parte, la creación de una «Comisión de la Verdad», que «estudiará, esclarecerá y cuantificará los crímenes de lesa humanidad, informará a los familiares de las víctimas y les asistirá en su derecho a la justicia», detalla la Conselleria en una nota de prensa.
Asimismo, esta «ley integral de memoria», tal y como la ha definido Capella, apostará por el reconocimiento de colectivos olvidados -como las mujeres, personas LGTBI o los bebés robados, ha apuntado la consellera-; deberá impulsar el fomento de la investigación científica sobre la Guerra Civil y facilitará «la eliminación de simbología franquista de todo tipo» del espacio público.
Será una nueva ley integral que facultará al Ejecutivo para retirar la simbología franquista de las calles y plazas de Cataluña, anular condecoraciones y suprimir los nombres de calles en homenaje a personajes vinculados con las dictaduras y los crímenes de lesa humanidad, prosigue el comunicado del Departamento.
Además, reunirá las normas aprobadas por el Parlament sobre memoria, es decir, la del Memorial Democrático (2007), la de fosas (2009) y la de reparación jurídica (2017).
«Vamos tarde, muy tarde, en parte debido a los silencios impuestos durante tantos años», ha considerado Capella, que ha asegurado que «la memoria es la única vía para reconciliar experiencias e itinerarios vitales y colectivos».
La consellera ha querido hacer, sin embargo, autocrítica, pues ha reconocido que «el compromiso de las instituciones (en esta materia) ha sido intermitente».
Ha alabado la labor del exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia Raül Romeva, ahora en prisión preventiva, aunque ha indicado que el objetivo del Govern durante esta legislatura es «ir más allá y proyectar una mirada más global a la memoria democrática».
Capella ha reconocido que hay «mucho trabajo por hacer», pero ha afirmado: «Solo disponiendo de un pasado ordenado y conocido por todos nos convertiremos en un país con futuro». «No podemos cerrar y coser heridas si convivimos con símbolos que han humillado a los perdedores y las víctimas de la Guerra Civil», ha defendido, por lo que ha celebrado que el Govern vaya a impulsar «una ley que permita, de una vez por todas, cerrar el duelo».
