El coste de la emigración extranjera: lo que no se quiere decir (ni oír)

La llegada de millones de emigrantes supone un lastre insostenible para las arcas del Estado.


Posiblemente no haya habido un fenómeno de mayor trascendencia para el futuro de los europeos desde la caída del muro de Berlín, que la política de puertas abiertas a los supuestos refugiados, adoptada gracias a Angela Merkel desde 2015.
En la “tiranocracia” de lo políticamente correcto en la que se ha instalado España por el totalitarismo del pensamiento único de la izquierda y la cobardía y pereza de la derecha, nadie se ha atrevido a demoler los mitos que buenamente hemos asumido sobre las bondades de la emigración. Hasta ahora. Acabo de tener la oportunidad de prologar un estudio editado por el Grupo de Estudios Estratégicos titulado “El coste de la emigración extranjera en España”, en el que por primera vez se aborda el tema con una clara metodología que permite valorar de manera realista lo que aporta, lo que consume, lo que beneficia y lo que detrae la población emigrante en nuestro suelo. Y todo ello con un aparataje estadístico de primera envergadura. Sería más que deseable que este informe se viera continuado por otros en la misma línea. Datos y aspectos hay para dar y tomar, sólo hay que poner a trabajar a los investigadores en la dirección apropiada.
Yo no voy a destripar aquí las 67 páginas del informe, pero sí señalaré algunas cuestiones claves del mismo. Para empezar, qué se considera una emigración positiva y cuál una negativa. Así, una emigración sería netamente ventajosa si se cumplieran las siguientes condiciones: A) cuando los emigrantes desempeñan actividades económicas de nivel mayor que la media española, o trabajan en empleos que los españoles no cubren, B) no generan conflictividad social o delincuencia en proporciones mayores que los propios españoles; C) Se asimila e integra con normalidad en la vida social, económica y política española; D) presentan un balance fiscal positivo con el Estado; E) tienen una nivel cultural similar o superior a la media de España. Si los emigrantes cumplen estas condiciones, no creo necesario explicar con detalle por qué se juzga positiva su presencia entre nosotros.
¿Pero es este el caso y la realidad de la población extranjera en España?Después de leer con atención los datos del informe del GEES, elaborados más que profesionalmente, la conclusión no puede ser más que un terrible NO.

Para empezar, en términos económicos, hay que tener presente las elevadísimas tasas de paro entre los emigrantes, siempre, al menos, 8 puntos por encima durante todos los años de la crisis, habiendo rozado el 39% por ciento de desempleo en el año crítico de 2013. Bien es verdad que ese dato general fluctúa mucho según hablemos de una u otra comunidad étnica. Así, la comunidad china, por citar un solo ejemplo, tiene una menor tasa de paro y empleo sumergido que los propios españoles.

Ahora bien, a pesar de no encontrar empleo, relativamente pocos emigrantes han salido de España y, de hecho, vuelven a venir en mayor proporción en el último año. Esto sólo se puede explicar por la gran generosidad conque nuestros dirigentes políticos utilizan el dinero público que extraen de nuestros bolsillos para asegurar ayudas y subsidios de todo tipo a los emigrantes. En este informe se detallan las llamadas rentas de garantía de ingresos que otorgan las comunidades autónomas. Baste mencionar el caso del País Vasco, donde con una población emigrante registrada del 12% (en la franja de edad laboral de 23 a 64 años), se beneficiaba del 45% de esta renta. Por no hablar del poco control con el que se adjudica y que hizo que diversos terroristas islamista cobraran hasta 900 euros al mes, como fue el caso de Saib Lachhbab, o de Ahmed Bourguerba, o de Samir Mahdjoub.
En la comunidad de Madrid de la presidenta Cifuentes, las cosas no son muy distintas. En este estudio se analizan los beneficiarios de las ayudas publicas al alquiler de vivienda y los datos son pavorosos por discriminadores. A pesar de la dificultad analítica ya que la Comunidad esconde la nacionalidad de los beneficiarios, a partir de su identificación por DNI, pasaporte o NIE, amén de por sus apellidos cuando son inequívocos, entre el 60% y el 70% de los perceptores de ayudas al alquiler son extranjeros. Y posiblemente del resto, una proporción significativa sean extranjeros con doble nacionalidad. De los cien primeros listados, el 80% tiene nombres y apellidos de origen magrebí.
Con más niveles de paro y rentas por debajo de la media de los españoles, es lógico pensar que la contribución que los emigrantes aportan al Estado tenderá a ser inferior también que la de los nacionales. Y en el estudio queda meridianamente patente: tan sólo un 3% del IRPF (que subiría al mero 4% si se contabilizan los casos de doble nacionalidad). Por no hablar de cuotas muy bajas en impuestos de sociedades, de propiedad inmobiliaria o de impuestos ligados al consumo.
Es obvio que en un mal llamado “Estado del bienestar”, las rentas más bajas tienden a beneficiarse más de las prestaciones sociales que los segmentos de mayor poder económico. Pero este modelo sólo se sostiene con una población que fluctúa lentamente y de la que se conoce su trayectoria. No es el caso de la política de puertas abiertas que se ha seguido en España (y más recientemente en Europa), con el consiguiente efecto llamada, donde la llegada de millones de emigrantes supone un lastre insostenible para las arcas del Estado. Pensar que los emigrantes van a salvarnos de las pensiones y que van a trabajar para garantizarnos el futuro es un mito peligroso. De hecho, con los datos en la mano, empiezan a cavar la tumba de nuestro sistema, un sistema que hemos intentado mantener a flote durante generaciones gracias a las aportaciones al trabajo de los españoles.
Cuando se tiene en cuenta, además, el consumo neto de los emigrantes en términos de sanidad, educación y demás servicios sociales, el déficit para con el Estado se incrementa sustancialmente. Y el problema es que no se trata solamente de un desequilibrio para con las arcas del estado, se trata de una injusticia para con todos los españoles que han cotizado durante años si no décadas bajo el pacto social de que, al final de su vida profesional, contarían con un retiro y unas condiciones de vida decentes. Ya no tenemos excusa para saber que nuestros dirigentes nos han traicionado también en esto.
Y no he dicho una palabra sobre impacto social, criminalidad y todos los asuntos de fricción en la vida cotidiana. Y es que, por desgracia, el tema da para mucho.

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