El Gobierno de Pedro Sánchez negocia durante estas semanas con todos sus socios en el Parlamento los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Tienen de plazo hasta la semana del 21 al 24 de noviembre, cuando se debatirán los Presupuestos y se votarán los millares de enmiendas que han sido presentadas por todos los grupos parlamentarios que conforman la cámara.
Ahondando en el proyecto de ley pendiente de aprobación, algunos datos llaman la atención: por ejemplo, los relativos al dinero destinado a la inmigración. Atendiendo a estos Presupuestos, se destina más dinero a la creación y rehabilitación de infraestructuras para mantener inmigrantes ilegales dentro de España ―12,7 millones de euros― que a las infraestructuras para proteger nuestra integridad territorial y prevenir, precisamente, la inmigración ilegal ―11,3 millones de euros―.
Además, el Ejecutivo de Sánchez destina 142,9 millones de euros al «Incremento de la capacidad y eficiencia del sistema de acogida de solicitantes de asilo», más que, por ejemplo, los 136,2 millones de euros destinados, con fondos del Plan de Recuperación, a la «creación de plazas del Primer Ciclo de Educación Infantil de titularidad pública».
En total, el conjunto de partidas presupuestarias para beneficiar a la inmigración ilegal cuenta con un montante superior a los 881 millones de euros, un 65% más de lo contemplado para los Presupuestos de 2022. En este sentido, se destinan 750 millones para acciones «en favor de los inmigrantes», un 32% más que en los anteriores Presupuestos y un 77% más que en 2021. Además, dedica 131 millones a los Menores Extranjeros No Acompañados (menas), 3,3 millones más que este año y 23,3 millones más que en 2021.
Un pequeño ejemplo para que nos hagamos una idea del derroche presupuestario en pos de la inmigración ilegal que ha perpetrado el Gobierno de Sánchez a costa del erario público. Dado que el precio medio de una vivienda de protección oficial (VPO) es de 1.095,08 €/m2 y, por tanto, una vivienda de 80m2 de estas características costaría 87.605,45 euros, el dinero que el ‘Gobierno de la gente’ destinará en la inmigración ilegal en 2023 ― los 881 millones citados― podría servir para construir hasta 10.000 viviendas VPO.
