La entidad separatista apuesta por la implementación de la ‘república catalana’ y el control de una fuerza pública «suficiente» para garantizar la «seguridad de los catalanes en las circunstancias ordinarias y también en las situaciones de conflicto».
La mayoría de grupos políticos ha alabado el supuesto tono conciliador empleado por el recién designado presidente del Parlament, Roger Torrent, que no ha pronunciado la palabra ‘república’ en toda su alocución. Incluso el Partido Popular ha aplaudido la intervención del separatista.
La sensación, si uno se da un paseo por los principales diarios y atiende a las declaraciones políticas, es que el separatismo ha echado el freno. Todo ello como consecuencia de la difícil situación judicial que atraviesan algunos dirigentes catalanes.
Sin embargo, en el horizonte sigue estando la ‘república’ y algunos de los actores principales del ‘procés’ no tienen la más mínima intención de ceder. Es el caso de la ANC, entidad dirigida por el diputado electo Jordi Sánchez y situada por la Guardia Civil en el epicentro del movimiento secesionista.
La hoja de ruta planteada por el organismo para el curso 2018-2019, al que ha tenido acceso el diario Ara, defiende la ‘’implementación de la república catalana’’ y una ‘’escalada judicial’’ contra el Estado. Evitando establecer fechas concretas, el objetivo final es la celebración de elecciones constituyentes y la ulterior elaboración de una Carta Magna.
Manifestaciones masivas
La dirección de la ANC planea intensificar las movilizaciones civiles para defender la ‘república’. Uno de sus fines es seguir llenando las calles e ir ampliando poco a poco la base social del independentismo, algo que no les resultará especialmente difícil después de que el Gobierno rechazase intervenir la Educación o los medios públicos de comunicación en virtud del artículo 155.
Con esas manifestaciones masivas también se buscará, junto a otros mecanismos por determinar, evitar que el Ejecutivo central vuelva a aplicar la Constitución en la región. Además, la libertad de los políticos presos o la vuelta a Cataluña de los exconsejeros fugados centrarán su estrategia.
Aplicar las leyes de ruptura
La entidad presionará al nuevo gobierno catalán para aplicar la ley de transitoriedad jurídica declarada inconstitucional, y construir ‘’la república proclamada’’ como ‘’poder efectivo y no dependiente del Estado español’’. ‘’Solo así podremos actuar ante un Estado y, en consecuencia, obtener el reconocimiento internacional que nos ha de permitir la negociación de Estado a Estado con España, conseguir la libertad de los presos políticos, el retorno de nuestros políticos en el exilio, así como acordar los términos de la separación con el Estado español», defienden en la ponencia.
Pretenden desarrollar la Hacienda propia, así como crear un cuerpo de jueces y fiscales ajenos a la jurisdicción española que sea, dicen, ‘’efectivo’’ e ‘’imparcial’’. Por otro lado, intensificarán su presencia internacional -sobre todo en la Unión Europea- para denunciar las ‘’carencias democráticas del Estado’’.
Control sobre la ‘fuerza pública’
Para conseguir sus fines, la entidad dirigida por Jordi Sánchez -imputado por rebelión y sedición-, defiende el control de una fuerza pública «suficiente» para garantizar la «seguridad de los catalanes en las circunstancias ordinarias y también en las situaciones de conflicto».
Por último instan a intensificar las denuncias contra el Estado y llaman a colaborar con otras asociaciones para consensuar un plan judicial frente al Gobierno central.
La ANC defiende la legitimidad del ‘procés’, a pesar del retroceso separatista en las últimas elecciones autonómicas. El 21D, considerado ilegítimo por la entidad, los partidos independentistas perdieron apoyo en escaños y los denominados constitucionalistas sumaron más votos.
‘’El independentismo es hoy más fuerte que nunca”, concluyen en su ponencia de cara a este próximo curso. La hoja de ruta deberá ser ratificada este sábado en la asamblea que la entidad celebrará con sus militantes.
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