Continua el asedio de la Unión Europea contra Polonia: la Comisión von der Leyen anuncia que seis ciudades (profamilia) no recibirán fondos. Esto sucede después de que el gobierno polaco barajara la posibilidad de retirarse de la Convención de Estambul (a favor de la política de género). Y el primer ministro Morawiecki encarga al Tribunal Constitucional de su país que dé un juicio sobre esta cuestión.
Dos casos distintos, pero unidos por el único denominador de la voluntad europea de imponer a todos los pueblos y países la ideología LGBT como valor absoluto, han sacudido a Polonia y a la misma Europa en los últimos días. Dos casos que impondrán, se espera, una aclaración transparente entre los jefes de Estado y de gobierno en el próximo Consejo Europeo de septiembre.
Pocos días después de las elecciones presidenciales, en las que los polacos reeligieron, a pesar de las innumerables presiones internacionales, al presidente saliente y católico Andrzej Duda (ver aquí), el asedio de la venganza europea se ha hecho sentir. La amenaza de cortar los fondos europeos a algunas ciudades del país, que habían decidido libremente prohibir en su territorio cualquier tipo de propaganda y enseñanza LGBT, se ha puesto en marcha con el toque de trompetas y un orgullo mal concebido. Con una sincronización desconcertante, digna del peor régimen soviético del pasado reciente, la comisaria Helena Dalli, paladina de los privilegios LGBT, anunció el 29 de julio que seis ciudades polacas no recibirán la financiación pedida a causa de sus elecciones «discriminatorias», que violarían los «valores europeos» respecto a las personas LGBT (ver aquí). Obviamente, no se dice cuáles son los valores europeos violados, dado que nada en los tratados vinculantes para los Estados miembros reconoce privilegios particulares para la ideología LGBT.
La elección del tiempo de la decisión tomada en Bruselas no es casual, y demuestra una deriva totalitaria y liberticida muy preocupante. De hecho, en los días anteriores, el 26 de julio, el ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, había anunciado la decisión de proponer al gobierno la salida de la Convención de Estambul, nacida dentro del Consejo de Europa. Dicho documento, además de denunciar la violencia contra las mujeres, incluye diversos párrafos a favor de la ideología de género, hasta el punto de que algunos países, incluida Rusia, no lo han firmado. Muchos otros países (Armenia, Bulgaria, Liechtenstein, Letonia, Moldavia, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia, Hungría, etc.), no han ratificado la Convención (ver aquí el listado completo).
Las reacciones al anuncio polaco no se han hecho esperar. Mientras Marija Pejčinović Burić, nueva secretaria general del Consejo de Europa, ha dicho estar preocupada, pero también disponible, a «aclarar cualquier posible equívoco o incomprensión» en relación al texto de la Convención (ver aquí), desde los escaños del Parlamento Europeo los socialistas y los liberales han tirado a matar contra la decisión del gobierno polaco (ver aquí).
Tras las protestas, con un movimiento hábil, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, declaró el 28 de julio haber encargado al Tribunal Constitucional polaco la realización de una valoración sobre la constitucionalidad de la Convención de Estambul. La decisión, para nada una marcha atrás, pondrá en condiciones al gobierno actual de tomar nota de la decisión del tribunal; y si esta, se espera, valorara que ambos textos (Constitución polaca y Convención) son incompatibles, esto obligaría al gobierno a rechazar la Convención de Estambul y, al mismo tiempo, eliminar el peligro de que los gobiernos futuros puedan implementarla en el sistema jurídico polaco.
Con todo, el anuncio de Morawiecki no ha bastado para calmar los ánimos europeos. De hecho, el viceministro francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, ha amenazado con graves «consecuencias y posibles recortes de los fondos del Balance de la Unión Europea» si Polonia confirmara su voluntad de salir de la Convención (ver aquí). Los recortes a la financiación y la amenaza europea a Polonia, a la que se unió el 30 de julio también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con una declaración en defensa de los «derechos LGBT» (ver aquí), confirman que no solo la Convención de Estambul es la palanca para introducir la ideología LGBT en los países europeos, sino también que el frecuente llamamiento a los valores europeos consiste, de hecho, solo en dicha ideología. Todo el que se oponga está sujeto a sanciones pecuniarias y cortes en la financiación.
¿Mantendrá Polonia sus posiciones y convicciones? ¿Respetarán las instituciones europeas (según el respeto del principio fundamental de la subsidiaridad y la identidad/competencia nacional) la autonomía de cientos de municipios y comunidades que han aprobado las «Cartas de la familia»? Ciertamente, el presidente Duda, el gobierno y el partido de mayoría PiS (junto a otros partidos de derecha) no cederán fácilmente al enésimo abuso, grave y legalmente infundado, de la Comisión Europea.
Publicado por Luca Volonté en la Nuova Bussola Quotidiana.
Traducido por Verbum Caro para InfoVaticana y La Gaceta.
