Sánchez prioriza en su agenda las cesiones a ETA y al separatismo catalán

Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.
Pedro Sánchez en su primera Sesión de Control del Senado | EFE Pedro Sánchez en su primera Sesión de Control del Senado | EFE

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ya se ha reunido en secreto con el magnate George Soros y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aparcado la negociación de la financiación autonómica, “traicionando” a los propios ‘barones’ socialistas.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha priorizado en el Palacio de La Moncloa la mal llamada cuestión catalana antes que, por ejemplo, la negociación de la financiación autonómica, “traicionando” a los propios ‘barones’ socialistas. Y lo ha hecho no para recordar al presidente hispanófobo de la Generalitat, Quim Torra, y a sus consejeros el necesario sometimiento a la ley sino para todo lo contrario.
En menos de un mes, ha levantado el control de los gastos de la Generalitat, ha permitido que vuelva a impulsar las ’embajadas‘, ha hablado, en palabras de la ministra Meritxell Batet de la necesidad de una reforma de la Constitución que reconozca las distintas “identidades” territoriales que, a su juicio, coexisten en España y se ha mostrado a favor de acercar a los golpistas presos a Cataluña. Y todo pese a las amenazas de Torra, que ha manifestado que su gobierno quiere “hacer efectiva” la república que “ganaron” en el referéndum del 1-O y que declararon “políticamente” en el Parlament el 27 de octubre.
Sánchez ya se ha reunido en secreto con el magnate de origen húngaro George Soros, el mesías del globalismo que financia las campañas en favor de la inmigración, el aborto y la eutanasia en todo el mundo, y también el separatismo catalán.
Tal y como demostró el senador del PP Pedro Agramunt ante la Comisión de Reglamento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el entramado de fundaciones de Soros aportó 24.990 euros en 2015 y otros 52.968 euros en 2016 a las cuentas del Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, cuyo presidente, David Bondia, organizó un evento de apoyo al separatismo en la sede de la ONU en Ginebra con la presencia del expresidente prófugo de la Justicia Carles Puigdemont el pasado mes de marzo. También dio 2,8 millones de euros a Independent Diplomat Inc, un lobby internacional al que Artur Mas contrató para conseguir apoyos internacionales al procés.
Esta no es la única reunión a espaldas de la opinión pública del líder del autodenominado “gobierno de la transparencia”, ya que hace dos semanas tuvo un encuentro con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la que trataron sobre la posibilidad de “sacar adelante iniciativas legislativas conjuntas en las Cortes” y hablaron de Cataluña y de la situación de los golpistas presos, algunos de los cuales el secretario general de Podemos ha visitado ya en las cárceles.


El plan de Sánchez es “no confrontar con la Generalitat”, un hecho que demostró el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados al ofrecer a ERC un “diálogo abierto, sincero y directo”, y desear que la reunión prevista con el presidente Quim Torra marque una inflexión en la crisis territorial. “Ojalá a partir del 9 de julio -fecha de la reunión- podamos emprender un camino que restañe muchas de las heridas que en los últimos seis años la falta de criterio y estrategia del anterior Gobierno ha causado la fractura social que hay en Cataluña”, dijo.


También ha priorizado tener contento al PNV, cuyos votos fueron imprescindibles para que saliera adelante la moción de censura a Mariano Rajoy. En una reunión con el lehendakari, Íñigo Urkullu, ambos acordaron crear dos comisiones bilaterales, una para acercar presos etarras a cárceles vascas, ya que según el líder socialista “ETA ha desaparecido y su responsabilidad es revisar la política penitenciaria y adecuarla a la nueva realidad” y otra para el traspaso de las 37 competencias pendientes en el Estatuto de Gernika.
Precisamente este jueves el Parlamento Vasco ha instado al Ejecutivo a que antes de 6 meses presente un calendario de trabajo para materializar dichas transferencias, otorgando un “lugar destacado” a los centros penitenciarios y a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, y ha pedido a las instituciones competentes que modifiquen la política penitenciaria para evitar las medidas de excepcionalidad y el cumplimiento de las penas lejos del entorno familiar de los presos de ETA, y que para ello se tengan en cuenta la “individualización” de las medidas, la “humanidad con los presos gravemente enfermos y el reconocimiento del daño causado”.
La decisión del acercamiento de presos cuenta con la oposición de los colectivos de Víctimas, que consideran que “la primera preocupación” de Sánchez deberían ser ellas, sobre cuando existen familias que aún no han tenido el derecho a que se les haga justicia porque sus casos -más de 350- están pendientes de resolver.

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