Según el recién publicado Informe Tesat 2022 de la Interpol, España es, solo por detrás de Francia, el país de la Unión Europea que más terroristas islámicos ha detenido en los tres últimos años. El país vecino, donde la inmigración masiva procedente de países islámicos ha condicionado las recientes elecciones presidenciales y legislativas y que, en opinión de no pocos observadores, se encuentra al borde de la guerra civil por esta causa, encabeza la lista con 202 detenciones de presuntos yihadistas en 2019, 99 en 2020 y 96 el año pasado.
Por su parte, España, con una población musulmana que aumenta por días merced a la connivencia pasiva del Gobierno, ocupa el segundo lugar, con 56 detenciones en 2019, 37 en 2020 y 39 en 2021.
Uno de los fenómenos que más desconcertará a los historiadores futuros es por qué un país desarrollado, con un régimen de libertades y democracia plena, escasos problemas de seguridad ciudadana y un alto nivel de vida decidió importar de naciones remotas en todos los sentidos enormes contingentes de varones jóvenes con la tasa de paro juvenil más alta de la Unión Europea.
Basta repasar en este medio, La Gaceta de la Iberosfera, los titulares aportados por un solo autor, el analista político Rubén Pulido, para hacerse una idea de la bomba de relojería que la inacción deliberada del Gobierno está poniendo bajo nuestros pies: «Más de 200 inmigrantes ilegales llegan a las Islas Canarias en las últimas 48 horas” (12 de julio), “Más de 70 ilegales llegan a Murcia y Almería procedentes de Argelia en apenas 24 horas” (5 de julio), “Más de 200 ilegales llegan a Canarias procedentes de costas controladas por Marruecos” (4 de julio), “Las mafias argelinas preparan una salida inminente de pateras con destino a España” (3 de julio), “Más de 200.000 inmigrantes ilegales han entrado en España desde la llegada de Sánchez al poder” (23 de junio), y así sucesivamente.
La directora de Europol, Catherine de Bolle, señaló en la presentación del informe que el terrorismo representa «un peligro real y presente» en la Unión Europea, especialmente el yihadista.
La paradoja del informe es que su énfasis no está en el peligro que representa el yihadismo en Europa, un fenómeno cualquier cosa menos teórico, después de haber protagonizado durante las últimas décadas los ataques más sangrientos y multitudinarios de nuestra historia reciente. No, Interpol, como cualquier institución moderna, debe sacrificar a los dioses de lo políticamente correcto, y de hecho el informe, como la propia De Bolle, hace hincapié en que una de las mayores amenazas que penden sobre nuestra seguridad como europeos es… la extrema derecha.
Es un mensaje calcado al que anunció en su primer día en el cargo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando identificó el «supremacismo blanco» como el mayor riesgo terrorista de la gran nación americana. No un riesgo, sino EL riesgo, un mensaje que luego ha repetido hasta la saciedad su fiscal general, Merrick Garland.
Ahora, si uno habla de terrorismo yihadista, no hará falta que rebusque demasiado en su memoria para citar ejemplos de espantosos ataques con numerosas víctimas mortales, desde el atentado del metro de Londres al de Bataclan en París, pasando por el de Niza o nuestro 11-M. Tampoco le será difícil recordar los nombres de organizaciones internacionales dedicadas expresamente a organizar, financiar y protagonizar los ataques, desde Al Qaeda al ISIS.
Nada de esto ocurre con el «supremacismo» o el terrorismo de extrema derecha. Sencillamente, no hay un grupo terrorista que haya saltado a los titulares, ni un atentado de consideración. ¿No es eso extraño, tratándose del «principal riesgo para la seguridad»?
Del yihadismo, por el contrario, no solo conocemos su potencial real para hacer daño, sino que conocemos, en muchos casos, cómo han entrado los terroristas en nuestros países, muchos de ellos como refugiados en las últimas olas de inmigración masiva, legal o ilegal.
En una de las últimas grandes detenciones de operativos yihadistas en nuestro país, en octubre del pasado año, fueron arrestados en Madrid, Barcelona y Hospitalet cinco yihadistas de origen argelino. Los cinco detenidos entraron en territorio español a través de las denominadas «pateras-taxi» que parten desde las costas que van desde Beni Saf a Orán (Argelia) con destino a las provincias de Almería y Murcia.
«Aprovechan momentos de inferioridad numérica. Los agentes desplegados en los puntos de llegada habituales nunca son los suficientes y cuando las embarcaciones llegan de forma masiva resulta realmente complejo interceptar a todos los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas», declararon a Rubén Pulido fuentes de las FCSE.
