La Policía Nacional y la Guardia Civil deben emplear todavía a varios agentes en proteger a Bono y la vivienda de la que es propietario.
El diario.es que dirige Ignacio Escolar sigue con su campaña contra el exministro de Industria José Manuel Soria, al que ningún juez ha condenado, y ha vendido como «privilegio» que el exministro, que renunció a todas sus funciones y abandonó «todo tipo de actividad política» tras comunicar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la existencia de una antigua cuenta suiza de su madre que él había liquidado y declarado a Hacienda, cuente con escolta durante sus vacaciones.
El ex ministro Soria mantiene una escolta de ocho policías y dos coches que cuestan al Estado más de 250.000 euros.https://t.co/0vOIFuHSA6 pic.twitter.com/JBFeqLrtxw
— PODEMOS (@ahorapodemos) 5 de julio de 2017
En nuestro país, hay algo más de mil escoltas de las fuerzas y cuerpos de seguridad para dirigentes y exdirigentes políticos, según ha podido saber La Gaceta, aunque el Ministerio del Interior no ha confirmado la cifra aludiendo que la información relativa a los planes de protección está calificada como reservada y su difusión podría perjudicar a la seguridad de los afectados.
Las críticas a Soria por contar con escolta contrastan, por ejemplo, con la actitud hacia el exministro José Bono que pese a llevar fuera de la política seis años todavía la Policía Nacional y la Guardia Civil deben emplear todavía a varios agentes en protegerle a él y la vivienda de la que es propietario en Olías del Rey (Toledo).
Bono disfruta de una escolta de la Policía Nacional -con tres agentes- que se encargan de la «protección» y a veces realizan la función de conductor durante los viajes del exministro. Asimismo, la Guardia Civil le vigila la vivienda, que cuenta con circuito cerrado de televisión, pese a que apenas la visita.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles ya denunció el pasado año ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a Bono alegando que continúa beneficiándose después de dejar la política de escolta y protección de su vivienda. En este sentido, censuró las malas condiciones laborales que sufren los agentes.
La entidad señaló que lo normal es que los cargos públicos mantengan un servicio de protección durante los seis meses posteriores a su cese o dimisión, un periodo que en algunos casos se alarga durante un año o dos -Soria está dentro de este plazo-. «Este caso, sin ser excepcional, es uno de los que han superado ampliamente este margen de tiempo».
Además, incidió en que el número de agentes de la Guardia Civil se reducido en los últimos años y, en concreto, entre 2010 y 2012 la provincia de Toledo -donde José Bono tiene su domicilio- perdió 50 efectivos. «Mientras los ciudadanos ven mermada de forma importante su propia seguridad, cargos políticos como el expresidente del Congreso deben de pagarse, si es que la necesita, su propia seguridad privada y no seguir manteniendo el privilegio de que sea el erario público quien se encargue de ello», sentenció.
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