La ONG Open Arms ha desatado una nueva oleada de críticas tras anunciarse su despliegue en Canarias durante dos meses, según un acuerdo con el Gobierno regional (conformado por Coalición Canaria y por el PP). Este convenio, que incluye charlas en colegios y jornadas de puertas abiertas, llega en un momento de saturación migratoria en el archipiélago, y reaviva el debate sobre las prácticas de una organización señalada por colaboración con traficantes, imputaciones por favorecimiento de la inmigración ilegal y un historial de operaciones que incentivan la crisis migratoria.
Open Arms se presenta como una entidad humanitaria dedicada a rescatar inmigrantes en el Mediterráneo. Sin embargo, su labor ha sido cuestionada por autoridades europeas y sectores críticos que la acusan de actuar como un imán para la inmigración ilegal. Desde su creación, la ONG ha acumulado un historial de escándalos que incluyen investigaciones por parte de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), detenciones de traficantes a bordo de sus embarcaciones y una imputación formal por favorecimiento de la inmigración ilegal.
En diciembre de 2021, Open Arms fue imputada en Italia por favorecerimiento de la inmigración ilegal, según las diligencias judiciales consultadas por LA GACETA. Las autoridades italianas investigaron si la ONG coordinaba sus operaciones con redes de traficantes en Libia, una acusación respaldada por FRONTEX.
En junio de 2021, la agencia europea señaló a Open Arms como una de las ONG más sospechosas de colaborar con mafias libias, y en marzo de 2022, intensificó su investigación tras detectar patrones que sugerían una coordinación en las rutas migratorias con los traficantes de personas. Estas sospechas han convertido a Open Arms en una ONG señalada por beneficiar directamente a los traficantes.
Un episodio particularmente grave ocurrió en enero del año pasado, cuando la policía italiana detuvo a dos traficantes egipcios que viajaban a bordo de una embarcación de Open Arms. Este incidente reforzó las acusaciones de que la ONG carece de controles suficientes para evitar la infiltración de criminales en sus operaciones.
Además, en abril de 2023, se denunció que traficantes libios, que cobran hasta 1.500 euros por inmigrante, utilizaban imágenes de los barcos de Open Arms como reclamo para atraer a inmigrantes ilegales, prometiéndoles un rescate seguro en alta mar. Este uso de la imagen de la ONG ha sido especialmente notable en comunidades de Bangladesh, donde en mayo de 2022 y en diciembre de 2023 las mafias celebraron el regreso de Open Arms al Mediterráneo Central, viéndolo como una oportunidad para aumentar sus ganancias ilícitas.
La figura de Óscar Camps ha sido otro foco de controversia. En septiembre de 2023, un libro de texto de religión para primaria en España alabó a Camps como «un modelo de valores humanitarios», lo que generó indignación entre quienes lo acusan de fomentar la inmigración ilegal. Sus decisiones operativas también han sido criticadas: en mayo de 2025, Open Arms recorrió más de 1.800 kilómetros para recoger a decenas de inmigrantes ilegales frente a las costas de Túnez, una operación señalada por su alto coste y por alentar la actividad de los traficantes asentados en el litoral tunecino.
El acuerdo con el Gobierno de Canarias para operar en el archipiélago llega tras la llegada de más de 46.000 inmigrantes ilegales en 2024 y con un sistema de acogida colapsado.
