La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha pedido a la jueza de instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, personarse como acusación popular en la causa en la que investiga la autorización de la manifestación del 8 de marzo en la capital y su posible repercusión en la propagación del coronavirus.
Esta asociación ha presentado un escrito en el Juzgado en el que alega que cuenta con representación en el Consejo de la Guardia Civil y que «al objeto de defender los intereses públicos» formula su petición de personarse como acusación popular para ejercer las correspondientes acciones «contra los que pudieran resultar responsables en esta investigación».
En esta causa la instructora ha citado para el próximo 10 de junio al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para que declare como investigado por un supuesto delito de prevaricación.
La Unión de Oficiales de la Guardia Civil ha presentado su petición de personación después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya cesado a varios mandos del Cuerpo tras conocerse un informe que la Guardia Civil ha presentado a la jueza.
En primer lugar el ministro cesó por falta de confianza al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el teniente coronel Diego Pérez de los Cobos.
Tras este cese el director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, número dos de la institución, el teniente general Laurentino Ceña, pidió al ministro ser destituido cuando apenas le quedaba una semana para jubilarse.
Para este cago de DAO Grande-Marlaska ha nombrado al hasta ahora general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Pablo Salas, a la vez que ha cesado al número 3, el Mando de Operaciones, el teniente general Fernando Santafé, y ha nombrado para sustituirle al general de División Félix Blázquez González.