“Los nacionalistas no han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones, si ahora quieren serlo es para abrir las puertas de las cárceles”, denuncian.
“Defendemos que haya una condición fundamental para que los presos sean acercados: el repudio a ETA”, afirma el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, en la que han pactado crear una comisión bilateral para la “normalización” de la política penitenciaria y el acercamiento de presos etarras a las cárceles vascas con el objetivo de “evitar el desarraigo social de las personas penadas y facilitar su reinserción”.
“Si el acercamiento está orientado a la reinserción, el mínimo exigible para un condenado por terrorismo es el rechazo tajante a la organización a la que perteneció y bajo cuyas siglas ejerció la violencia”, defienden las víctimas, a la vez que recuerdan que “los últimos Gobiernos del PSOE y del PP han establecido condiciones para que los presos de ETA cumplan condena en prisiones cerca de sus domicilios, de manera que la distancia que los separa de sus casas esté en sus manos”.
La organización liderada por Consuelo Ordóñez ha advertido en declaraciones a La Gaceta que se opone “de forma contundente” a la cesión de la competencia de prisiones al Gobierno vasco. “Los nacionalistas no han querido ser carceleros y gestionar la competencia de prisiones, si ahora quieren serlo es para abrir las puertas de las cárceles”, denuncian.
Las víctimas tienen claro que la preocupación de Urkullu “es buscar la vía para ayudar a los etarras encarcelados a salir, es decir, impunidad”. Y recuerdan al PSOE que “si se transfieren las competencias de prisiones al Gobierno vasco se estarían transfiriendo los derechos de las víctimas a los nacionalistas”.
Entre los temas abordados en la reunión destaca uno que ha “preocupado especialmente” a los miembros de Covite: la posible retirada del recurso ante el Constitucional por la ley de abusos policiales.
“Que el presidente del Gobierno se haya mostrado dispuesto a «encauzar» la retirada del recurso de inconstitucionalidad planteado hace un año por el Gobierno del PP contra la ley de víctimas de abusos policiales significaría dejar en manos de los nacionalistas una cuestión que corresponde al poder judicial, que es quien tiene que decidir quién es víctima y quién no lo es”, alertan desde la asociación.
“Se trata de una cuestión muy grave y esperemos que el Gobierno de Sánchez la estudie en profundidad, sea cauto y mantenga el criterio del anterior Ejecutivo”, señala el colectivo, que insiste en que “lo que pretende el Gobierno vasco en esa ley es constituir un tribunal administrativo paralelo al judicial para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales… De esta manera podrá perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes dándole un empaque institucional”.
“Que en 90 minutos de reunión el lehendakari no haya puesto sobre la mesa ni una sola reivindicación ni tarea pendiente en torno a las víctimas del terrorismo y sí las principales reivindicaciones de los presos de ETA deja claro cuáles son las prioridades del nacionalismo vasco”, lamentan las víctimas.
