Un grupo dañino para España entre los inmigrantes, a la altura de las bandas de delincuentes que se constituyen en los mismos centros de internamiento y también de las mafias de extranjeros cuyos miembros se tirotean entre ellos por diversos motivos, es el de los que pretenden alterar las leyes españolas, incluso la Constitución, con la finalidad de destruir el Estado mediante la secesión de algún territorio, como Cataluña o Ceuta, o de disolver el pueblo español mediante la sustitución demográfica.
En esta lista tenemos a legisladoras con velo en las asambleas catalana o ceutí y diputados o ex diputados como los nacidos en Argentina Pablo Echenique, Gerardo Pisarello (actualmente en la Mesa del Congreso de los Diputados) y Albano Dante Fachín. El desmembramiento que estos tres argentinos no aceptarían para su patria de origen, en cambio lo defienden para su país de residencia, donde han conseguido una fama, unos derechos cotizados y un patrimonio con el que no habrían podido soñar en su república.
A finales de los años 90, se estableció en Barcelona el ex terrorista Mario Firmenich, dirigente de los montoneros, responsables de docenas de asesinatos en Argentina, mediante tiroteos y bombas. Permaneció en España varios años, aunque ahora también trabaja como asesor de la dictadura familiar de los Ortega en Nicaragua. Con la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel a la presidencia y vicepresidencia de la república, Firmenich difundió un mensaje a la juventud que algunos interpretaron como un llamamiento a la lucha armada contra un Gobierno democrático.
Uno de los más ominosos de estos nacidos en el extranjero que se han asentado en España es el chileno Gonzalo Boyé, condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Sólo cumplió la mitad de su pena y se le permite ejercer de abogado en España; incluso dio clases en el Colegio de Abogados de Madrid sobre ‘habeas corpus’. ¡Un secuestrador! Carles Puigdemont le contrató como su letrado y en nombre del golpista huido ha negociado con el Gobierno de Sánchez (PSOE) la ley de amnistía y otras medidas de gracia para sus clientes.
Encontramos a otro de esos argentinos como portavoz de una de las propuestas de norma jurídica que, de aprobarse, más perjudicarían a los españoles y a los inmigrantes legales: la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. Se trata de Victoria Columba, apodada Vicky Canalla, que desde hace meses se mueve por los despachos del Congreso para conseguir los votos que permitan convertir esta iniciativa legislativa popular en un texto legal. Por cierto, la recogida de firmas contó con el respaldo de Cáritas, la Conferencia Episcopal Española y numerosas ONG, la mayoría de las cuales viven de la atención a los inmigrantes.
La tramitación de la iniciativa legislativa, que se registró en 2024 en el Congreso y el PSOE reanimó en primavera, está bloqueada. Algunos partidos que votaron a favor, impulsados por el buenismo ambiental, ahora prefieren que decaiga ante el creciente malestar de los españoles con la inmigración descontrolada. Sólo VOX votó en contra, aunque ahora la propuesta sólo tendría el voto de las izquierdas (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG), por debajo de la mitad del Congreso.
Así las cosas, Columba, según ha dicho en diversas entrevistas, propone al Gobierno de Sánchez que proceda a la regularización mediante un decreto-ley. Ursula von der Leyen es más suave cuando exige al Gobierno socialista la aplicación de las directivas comunitarias.
Victoria Columba es una argentina que nació en 1967 en Rosario, en una familia de izquierdas, que dice que sufrió la última junta militar. Estudió derecho y teatro en Buenos Aires y se recibió como abogada. En 2002, justo después del «corralito», cuando el Gobierno argentino cerró los bancos para impedir su quiebra, se vino a España y se afincó (no hay sorpresa en esto) en Barcelona. No sintió ánimos para volver a su patria una vez instalados los Kirchner en la Casa Rosada y aquí hace esa versión de la política que la izquierda ha convertido en una profesión: el activismo.
Y como buena activista de izquierdas, no ha parado de hacer la revolución en España mediante los inmigrantes, el nuevo proletariado para los partidos y movimientos socialistas. Fundó la asociación Tras La Manta, de apoyo a los manteros «frente a la violencia policial», y participó en encierros y manifestaciones a favor de los inmigrantes y en contra de los desahucios y el turismo.
En sus entrevistas y discursos, Columba atribuye a «la derecha», a Donald Trump, a Javier Milei, a quienes defienden las fronteras nacionales los epítetos habituales en la lista de los progres: fascistas, ultraderechistas, racistas, extractivistas, nazis, cobardes, orden colonial, blanquitud, negacionistas, racismo institucional, genocidio, islamofobia… En su vocabulario también abunda la expresión «Estado español», como en el de cualquier separatista.
También ha mostrado su disgusto por la presencia de monumentos a Cristóbal Colón y a los conquistadores y por que se enseñe a los niños «que fuimos conquistadas». Sus deseos de adaptación de los españoles a su molde zurdo no sólo se refieren a la legislación, sino al urbanismo y a los planes de estudio.
¿Por qué la abogada Victoria Columba no regresa a su país para defender, con su experiencia, a los inmigrantes bolivianos, venezolanos o haitianos de la discriminación que pueden sufrir por obra de sus compatriotas? O mejor aún, ¿por qué no arremete contra gobiernos despóticos y fracasados como los de Venezuela o Haití, que generan tantísimos emigrantes?
La respuesta es que en España se vive muy bien, sobre todo si pretendes destrozar la nación; entonces, las administraciones te llenan el bolsillo de dinero sacado a los ciudadanos que cumplen la ley y sólo quieren vivir en paz en su patria.
