La realidad ha penetrado en Europa como un huracán. Los europeos, sobre todo la clase política que ha gobernado los diferentes países de la Unión Europea, están despertando del sueño en que han dormido, como si hubieran vivido en el reino de la Bella Durmiente. Las campanas han sido las diferentes crisis que se han sucedido en el siglo XXI: la financiera, las oleadas de inmigrantes, el covid y la invasión de Ucrania.

Hay que pagar la fiesta, que en este caso son las pensiones públicas, el rearme militar contra Rusia, los subsidios a ONG y la ayuda internacional al desarrollo (desde Gaza a Cuba), la descarbonización, el coche eléctrico, el mantenimiento de los inmigrantes extraeuropeos, los privilegios de la oligarquía política, etc.

A finales de agosto, como si se hubieran puesto de acuerdo, el canciller alemán, Friedrich Merz (centro-derecha), y el primer ministro francés, François Bayrou (centrista liberal), revelaron a sus naciones que el Estado del Bienestar, tal como se le conocía, ha llegado a su fin, porque consume más recursos económicos de los que produce. Y las únicas maneras de seguir funcionando son la emisión de deuda pública, que supone esclavizar con deudas a las generaciones jóvenes, cada vez más reducidas; el atraso de la edad de jubilación; y la subida de impuestos y tasas.

En qué se gasta el dinero

El partido de derecha identitaria Alternativa para Alemania (AfD) ha denunciado que el Gobierno alemán, formado en mayo pasado, una nueva coalición entre populares y socialistas, que llegó con la promesa de reducir la deuda y los impuestos, la está incumpliendo, al igual que el control de la inmigración ilegal.

AfD asegura que ha descubierto que el Gobierno roji-negro oculta mediante artificios contables 81.800 millones de euros en nueva deuda para 2025. Una enorme cantidad que representa casi el 80% de la deuda pública española, la cual el Gobierno de Pedro Sánchez aumenta en 145 millones al día.

La deuda pública alemana ya supera los 2,7 billones de euros. Y, como ocurre en España, ese dinero no se nota en la vida cotidiana. AfD, que fue segundo en las elecciones para el Bundestag de febrero, con más de 10 millones de votos, y al que varias encuestas sitúan hoy como el partido más votado, señala en un post en X que “en lugar de inversiones reales, el dinero se está destinando a la renta de los ciudadanos, a subsidios para la calefacción y a préstamos para seguros médicos con problemas”.

Por el contrario, a la expansión de la banda ancha, imprescindible sobre todo en áreas poco pobladas o distantes de las ciudades, y el mantenimiento de la red ferroviaria (mucho más usada por pasajeros y mercancías que en España) se le retira la financiación.

El partido exige «una auditoría implacable de todo el gasto, una reducción drástica de la participación del Gobierno en el PIB y auténticas reformas estructurales en lugar de turbios trucos contables». Y añade que se debe erradicar «la mentalidad de ‘después de nosotros, el diluvio’ de los viejos partidos», en alusión a la CDU y el SPD, que han encabezado todos los gobiernos de Alemania desde 1949.

Del horror de la deuda a vivir con ella

Los alemanes forman un país con unos enormes lastres mentales, debido a su pasado: las derrotas militares, la inflación de las dos posguerras, el nacional-socialismo, el extermino de los pueblos considerados inferiores, la división en dos estados… En las últimas décadas han trasladado su apasionamiento y su convicción de gozar de una sabiduría superior que deben transmitir y hasta imponer a sus vecinos a la lucha contra el cambio climático, que en Alemania se ha elevado a la categoría de religión neopagana.

En cambio, a los alemanes les asustaban el endeudamiento y la inflación. Durante las negociaciones para la introducción del euro, los paladines del rigor en las cuentas públicas y del ahorro introdujeron, junto con sus aliados holandeses y austriacos, unos severos criterios de convergencia para las naciones que participasen en la moneda única: el déficit público no debe superar el 3% de su PIB y la deuda pública tiene que limitarse como mucho al 60% del PIB.

Pero las viejas creencias han cambiado. La deuda germana ya supera el 62%, aunque es cierto que España está peor, porque ese porcentaje supera en nuestro país el 100% (es decir, toda la riqueza generada en un año), al igual que en Francia, Italia, Grecia y Bélgica; Portugal la tiene en el 97% y Finlandia en el 81%.

Para su elección como canciller, Merz tuvo que pactar con los socialistas y los verdes una reforma constitucional que permitiese aumentar el endeudamiento. En abril, el Parlamento saliente, donde el centro-derecha, los socialdemócratas y los ecologistas aún gozaban de una mayoría absoluta que los alemanes les habían quitado en las elecciones, aprobó la enmienda de la Ley Fundamental para eximir el gasto militar contra Rusia de la regla del tope del déficit público, siempre que aquel no supere un 1% del PIB, que es 4,3 billones, el tercero del mundo. Merz compró el voto ecologista con el compromiso de destinar 500.000 millones en los doce próximos años a la renovación de las infraestructuras y la lucha contra el «cambio climático».

También se incluyó en la Ley Fundamental el objetivo de la ‘neutralidad climática’ del país para 2045. Esta obsesión con la salud del planeta y la necesidad de la canciller Angela Merkel (CDU) de contar con los votos de los verdes condujeron al cierre de la red de centrales nucleares, cuyos tres últimos reactores se desconectaron en abril de 2023. Una consecuencia fue la subida de los precios de la electricidad para las empresas y las familias; y otra, la extracción y quema de carbón, más contaminante que la energía nuclear.

Entre las hipocresías y mentiras de la vida pública alemana, el uso de lignito local en vez de uranio o gas natural ruso para calentarse y poner en marcha las fábricas no es la menor.