La lucha contra la emergencia climática exige sacrificios: de granjeros, de obreros del automóvil, de niños, de ovejas, de vacas y hasta de árboles.
Los árboles son una especie de «detente» de los creyentes de la religión climática. Los invocan constantemente. Uno de los mantras habituales de los políticos y los activistas implicados es que la cría de ganado y el cultivo de maíz y soja provocan la deforestación de comarcas enteras en Brasil y en Indonesia. Y otro consiste en reclamar más refugios climáticos (antes llamados parques) en las ciudades para protegerse de las olas de calor.
Sin embargo, cuando chocan dos bienes, como las placas solares y las tierras de cultivo, suele ganar aquel que mueve más dinero: los Gobiernos acaban expropiando tierras para que las empresas levanten sobre ellas campos de placas. En Escocia acaban de confirmar esta regla de la economía circular.
Tres árboles talados por cada escocés
Uno de los gobiernos europeos que más presume de su compromiso ecológico es el nacionalista de Escocia. Y una de sus ministras acaba de conocer que desde 2000, el Gobierno, dirigido por los separatistas del Partido Nacional Escocés (SNP) en los últimos dieciséis años, aprobó la tala de 15,7 millones de árboles en 7.858 hectáreas de tierras de propiedad pública, en concreto del Forestry and Land Scotland.
Es decir, se han talado casi tres árboles por cada habitante del país y unos 1.800 al día. La finalidad era despejar terrenos para la erección de gigantescos aerogeneradores.
Mairi Gougeon, ministra de Desarrollo Rural y de las Islas, explicó al diputado conservador Liam Kerr que semejantes deforestaciones eran parte del plan del SNP para convertir a Escocia en un territorio de cero emisiones de CO2 en la próxima década. Pero todavía no son suficientes. En su respuesta a Kerr, Gougeon anunció que a las 19.000 turbinas que ya hay se añadirán alrededor de 20.000 más.
Bosques de árboles sustituidos por bosques de aerogeneradores. Miles de animales afectados por la alteración de su hábitat. Y un paisaje inalterado durante siglos, destruido.
Eliminar requisitos en Escocia y en España
Las empresas han presentado planes al Gobierno de Edimburgo para erigir turbinas de casi 260 metros de altura, igual que en España. Para evitar que las poblaciones locales de comarcas ya azotadas por la despoblación y el empobrecimiento sigan oponiéndose, el SNP quiere que la legislación nacional del Reino Unido suprima la capacidad de los ayuntamientos para paralizar la instalación de granjas de aerogeneradores y torres de alta tensión.
La misma política (como si hubiera una consigna o una orden) se aplica en otros países absorbidos por la locura del cambio climático. En España, hace sólo unos meses, el Gobierno de izquierdas eliminó el requisito del informe de impacto ambiental a todos los proyectos de energía eólica y fotovoltaica que no vayan a establecerse en el mar, dentro de la Red Natura o de zonas consideradas Patrimonio Nacional y de la Biodiversidad.
Pagar por plantar otros árboles
El negocio de la emergencia climática no concluye con la instalación de las turbinas, la venta de la electricidad al público y el cobro de subvenciones. Otra fase es la plantación de nuevos árboles en lugares todavía considerados no útiles para los aerogeneradores, que por supuesto no son gratis. Se llaman sumideros de carbono.
La religión climática no es suficiente para explicar este contrasentido de talar unos árboles y plantar otros a unos kilómetros para limpiar la atmósfera de CO2. La energía renovable mueve docenas de miles de millones de libras, de euros y de dólares. Las empresas que instalan plantas solares y aerogeneradores son multinacionales que antes producían energía mediante carbón, petróleo y centrales nucleares.
La razón verdadera se encuentra en el dinero.
