¿Soberanía nacional? ¿Qué soberanía nacional? Los eurofuncionarios han decidido cuál será la población de nuestras naciones mediante el nefasto nuevo pacto migratorio, y no están dispuestos a consentir pretenda eximirse de cumplirlo, da igual lo que opinen los propios europeos, siete de cada diez de los cuales se muestran convencidos de que la invasión ya hay que pararla. Y uno de esos «rebeldes» que se resisten a pasar por el aro es Países Bajos, que estrena administración soberanista con Geert Wilders.
El líder del Partido por la Libertad (PVV), el partido más grande en el Parlamento holandés, ha anunciado ya que la nueva administración de derecha acordada por cuatro socios de la coalición buscará liberar al país del control de Bruselas en cuestiones relativas al asilo y la migración. «Muchas cosas van a cambiar. Habrá una ley de crisis de asilo. Habrá controles fronterizos. Se prohibirá la prioridad de la vivienda social para los titulares de un estatus», manifestó Wilders a la prensa holandesa. Luego insinuó la oposición holandesa al pacto migratorio de la UE y prometió «luchar por la exclusión voluntaria del asilo en la Unión Europea».
No tan deprisa, Geert, fue la fulminante respuesta de la Comisión: todos los Estados miembros tendrán que cumplir las nuevas reglas. «Tenemos un nuevo pacto sobre migración y asilo, que ha sido votado y confirmado y, por lo tanto, debe aplicarse», aseguró el portavoz de la Comisión de la UE, Eric Mamer, en una conferencia de prensa en Bruselas. «Esta legislación se aplicará y la comisión desempeñará su papel para garantizar que así sea», añadió.
La administración liberal saliente de los Países Bajos votó el martes por mayoría cualificada a favor del pacto de asilo adoptado por el Consejo Europeo. Sólo Hungría y Polonia se opusieron totalmente al pacto, mientras que la República Checa, Austria y Eslovaquia votaron en contra de regulaciones particulares dentro de la legislación.
La nueva coalición holandesa puede encontrar aliados en las naciones de Visegrado, todos los cuales han expresado al menos cierta oposición a los planes. Después de su adopción, el ministro de Finanzas húngaro, Mihály Varga, dijo a los periodistas durante una visita a la capital de facto de la UE que Budapest no aceptaría la decisión: «Hungría no acepta la imposición de cuotas de inmigrantes».
