«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
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LA CAUSA 'VIALIDAD' ES SOLO EL COMIENZO

La Justicia pide 12 años de prisión para Cristina Kirchner por el robo de miles de millones de dólares

Manifestación en Buenos Aires contra Cristina Fernández de Kirchner. Reuters
Manifestación en Buenos Aires contra Cristina Fernández de Kirchner. Reuters

Para explicar lo que sucedió ayer en Argentina con el juicio que se lleva contra la Vicepresidente Cristina Kirchner, el pedido de prisión y la variedad de consecuencias políticas, económicas, sociales y judiciales que esto puede traer, vamos a largar con un pequeño flashback: a comienzos de diciembre del año 2019, cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner acababan de ser electos presidente y vice respectivamente, comenzó este juicio, el de Vialidad. Ese día Cristina debía declarar como acusada, pero en cambio dedicó tres horas completas a dar un discurso repleto de odio en el que sostuvo que era víctima de un «plan sistemático» de persecución judicial, el famoso lawfare.

En esas tres horas dijo que no le interesaba defenderse de las acusaciones, maltrató a los funcionarios judiciales y les puso apodos, al fiscal Luciani, lo llamó «guionista», a los fiscales que investigaron los llamó «corsarios judiciales» y al juez de primera instancia lo llamó «mutante». Ese día se encargó de embarrar a su compañero de fórmula, diciendo que el responsable de ejecutar el presupuesto era el Jefe de Gabinete de aquel entonces (el mismísimo Alberto) así que iracunda gritó: «Van a tener un problema; van a tener que citar al Presidente». También dijo que no era amiga de Lázaro Báez y cuando le preguntaron si iba a contestar preguntas se levantó como una tromba, arrebató el micrófono del estrado y espetó al tribunal: «¿Preguntas? Preguntas deberían contestar ustedes. Estoy frente a este tribunal que es un tribunal del Lawfare, que seguro tiene la condena escrita. No me interesa. He elegido la historia. A mí me absolvió la historia y a ustedes seguramente los va a condenar la historia«.

Pero claro, la historia no la absolvió y casi tres años después el fiscal Diego Luciani solicitó que se la condene a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La vicepresidente es acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que redireccionó obra pública vial a favor de Lázaro Báez, un hombre sin dinero ni experiencia que ganó licitaciones que le permitieron hacerse con cerca del 80% de la obra vial de Santa Cruz, el feudo kirchnerista. Hubo licitaciones fraguadas y Báez sólo cumplió con dos de las 51 obras que se le adjudicaron, aunque cobró todo y anticipadamente. Tanto el fiscal Luciani como el fiscal Mola, presentaron toneladas de pruebas en las nueve jornadas de alegatos en los que sostuvieron que: «Concluimos que el perjuicio causado por la maniobra delictiva no resulta menor a $5321 millones de pesos, una cuantía desmesurada del daño causado«.

Entre los acusados se destaca el rol de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas y el de José López, secretario de obra pública quien fuera filmado revoleando bolsos con millones de dólares robados. Ambos intercambiaban mensajes de Whatsapp donde implican directamente a Cristina. La fiscalía sostuvo que «se aniquilaron todas las normas jurídicas posibles para que Lázaro Báez se haga de las obras y las cobrara«, e indicó que si un sólo eslabón de la cadena hubiera actuado correctamente se habrían impedido los delitos. “La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, concluyeron.

Cristina Kirchner está involucrada en muchas causas, cada una con distinta suerte, pero hay seis que fueron llevadas a juicio oral, vale decir que se llevó a cabo una investigación y que fue procesada porque un juez consideró que había pruebas que demostraban la comisión de los delitos investigados. Este paquete de juicios es la razón principal por la que puso a Alberto Fernández de Presidente y a si misma como vice, para avanzar sobre la institucionalidad judicial y solucionar su frondoso prontuario. Pero Alberto no es útil para nada y tampoco podía hacer magia, cosa que demuestra lo frágil del plan de Cristina. Para colmo, las cataratas de pruebas presentadas por los fiscales aparecen justo en el momento en que la mitad de la población argentina se hunde en la pobreza, la inflación vuela y la indignación ante la corrupción no resiste la mínima fricción. Cristina acaba de cambiar de escudo humano, y ha colocado como “superministro” a Sergio Massa, otro de sus ex-jefes de gabinete que (al igual que Alberto) se había alejado de sus anteriores presidencias acusándola de corrupta y que prometía “meter presos” a los responsables de la corrupción del kirchnerismo.

Entonces la situación es bien complicada y es posible que el lector esté un poco mareado, así que resumamos: Cristina Kirchner está acusada de numerosos y descomunales casos de corrupción, uno de los cuales está en las instancias finales y se ha pedido que vaya a prisión. Para cubrirse políticamente ella colocó en el poder a dos señores: Alberto Fernández y Sergio Massa que fueron parte de sus gobiernos anteriores pero que se fueron acusándola públicamente de corrupta, aunque después volvieron con ella. Esos dos señores eran funcionarios en los momentos en los que el mecanismo de robo que denuncian los fiscales Luciani y Mola se llevaba a cabo. No existe novelista de policial que pueda superar la trama argentina.

La cosa es que si el tribunal condena a Cristina, el veredicto con mucha suerte se va a conocer a fin de año y la prisión se volvería efectiva si el fallo queda firme en la Corte Suprema, lo que para los tiempos judiciales argentinos es una eternidad. Mientras Cristina Kirchner sea vicepresidente tendrá fueros, incluso si la condena queda firme. En 2023 puede ser candidata a presidente (con el riesgo de perder los fueros), o a senadora y allí se asegura retenerlos. Además, hay que recordar que el 19 de febrero cumplirá 70 años y tendría prisión domiciliaria. Vale decir que aunque el kirchnerismo hable de proscripción y Cristina se victimice, nada le impide presentarse como candidata el año que viene, sea para el cargo que sea y se descuenta que tras las rejas no va a estar nunca. Pero los efectos políticos y simbólicos son una catástrofe.

Luego de que se leyeran las acusaciones y los pedidos de condena, el aparato peronista comenzó su sobreactuada indignación. Actores, periodistas, sindicalistas, gobernadores, intendentes y diputados tuitearon su solidaridad de forma coordinada y poco original, azuzando los slogans “Si se meten con Cristina que quilombo se va a armar” y el clásico “Con Cristina no se jode”.

La más violenta muestra de solidaridad estuvo a cargo de la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que advirtió que Cristina “no puede ir presa de ninguna manera. No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una pueblada, es lo único que la va a salvar. Hay que defenderla con todo. Nosotros somos la justicia”. Alberto Fernández difundió un comunicado que suscribe los argumentos de Cristina sobre el lawfare, pero lo hizo como presidente y desde el aparato del gobierno nacional. Este avance del ejecutivo sobre el poder judicial, diciéndole a los fiscales y jueces lo que tienen que hacer es la forma en la que el kirchnerismo entiende la “división de poderes”, por si quedaban dudas. El hombre fuerte del gobierno, Sergio Massa se sumó con un tuit en el que alerta sobre “el peligro” de que un presidente sea responsable de todo lo que hacen sus subordinados. Es posible que con esas declaraciones Massa se esté curando en salud.

Cristina no quiso hablar de la causa Vialidad cuando le tocaba, aquel día que dijo que la historia la absolvería y que ella no contestaba preguntas. Pero ahora que Luciani presentó pruebas como para empapelar la Patagonia, sí quiso hablar. Y pidió hablar fuera de tiempo, cosa que no le fue permitida, así que se volvió a victimizar y dijo que va a dar un discurso. Mientras tanto, en los tiempos procesales, ahora es el turno de los alegatos de las defensas que serán 30 audiencias destinadas a escuchar a los abogados de los acusados. Ella podría hablar en la instancia de “últimas palabras” pero para eso falta un montón y su furia no está para esperar turnos que son para simples mortales.

Para que se entienda la dimensión de las acusaciones: los Kirchner se hicieron megaempresarios hoteleros mientras estaban siendo presidentes, Lázaro Báez les alquilaba habitaciones a granel, en operaciones ruinosas para él (por ejemplo les alquilaba habitaciones muy por encima del precio de mercado a más de 500 km de donde los empleados de Báez hacían las supuestas obras viales) y estas operaciones sólo eran beneficiosas para Néstor y Cristina. Existen videos de los funcionarios del Gobierno escondiendo bolsos con millones de dólares y videos de los hijos de Báez contando montañas de dólares que mandaban a Suiza, como en una película de narcos de clase B. Lázaro Báez, ese que Cristina dijo que no era su amigo, era el que salía del mausoleo de Néstor cargando paquetes en su campera, mausoleo millonario que el mismo Báez construyó. Los fiscales mostraron mensajes del celular de José López la prueba de que los Kirchner y Báez eran socios. Entre esas pruebas está el hecho de que Báez se hizo cargo de “Hotesur”, la compañía de hoteles de la familia presidencial, y esto se relaciona directamente con otras de las causas que tiene Cristina: las conocidas como Los Sauces y Hotesur.

Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, dijo Luciani al cerrar su exposición, y esa frase resume cabalmente lo que pasa en Argentina. Hablamos de un robo de 1000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio, que es sólo la parte analizada en la causa Vialidad. Luciani sostiene que, desde el rol de jefa, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años usando a Lázaro Báez como herramienta. A la vez solicitó que se incaute lo robado, razón por la que deberán responder todos los acusados con sus bienes, empresas, cuentas bancarias, también pidió el decomiso de todas la sociedades investigadas y acá viene lo interesante: son los bienes de las empresas que conformaban el grupo Báez y que fueron adquiridos durante la investigación y las estancias de Báez: La Verdadera Argentina, Cruz Aique, El Rincón, La Santafesina, El Campamento, Los Baguales, Manantial Alto, La Porteña, Río Bote, Río Orli, Laguna Asador, Los Grises. Nadie en su sano juicio piensa que esas propiedades pertenecen realmente a la familia Báez.

En el capricho de no contestar preguntas mostrado por Cristina en diciembre de 2019 reside el meollo de la cuestión. Pase lo que pase, y diga lo que diga el kirchnerismo, y sus cómplices regionales y mundiales, lo que queda para responder es: cómo hizo Lázaro Báez, un simple empleado bancario de Santa Cruz y amigo íntimo de Néstor Kirchner, para convertirse en el máximo contratista de la obra pública de esa provincia con una empresa que fundó literalmente al inicio del primer Gobierno kirchnerista. Cómo acumuló de la nada una fortuna incalculable de la cuál se deja expresa constancia que no pueden disponer sus herederos en caso de que algo le pase. Cómo puede ser que estando los Kirchner en la cúpula del poder hicieran negocios privados con Báez alquilándoles sus hoteles mientras el mismo Báez ganaba licitaciones multimillonarias del Estado nacional que ellos comandaban.

Vendrán ahora especulaciones sobre las futuras elecciones, apalancadas sobre la suerte de otro beneficiario de la obra pública: Lula y su posibilidad de volver a ser presidente a pesar de sus condenas por corrupción. Vendrán también los debates sobre si puede o no puede Alberto Fernández indultar o amnistiar a su jefa política. Vendrán las sospechas acerca de si Alberto o Massa sabían o no de la trama de corrupción y vendrá, por supuesto, la campaña de victimización orquestada por el Foro de San Pablo y sus infinitos replicantes.

Pero lo que todo el castrochavismo diseminado por el mundo no podrá responder es cómo hizo un pobre tipo sin recursos ni conocimientos para comprarse el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires en el lapso de la presidencia de sus mejores amigos. Sí, una empresa ruinosa compró 20 ciudades de Buenos Aires juntas y luego, mágicamente, desapareció cuando Cristina perdió las elecciones. Es muy difícil dimensionar el robo sistemático cometido contra los argentinos. La causa Vialidad es sólo el comienzo y como dijo Luciani: “Es corrupción o justicia”.

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