La Procuraduría General de Colombia decidió en abril sancionar provisionalmente al alcalde de Riohacha, una ciudad ubicada en la costa del país y que es además la capital del departamento de La Guajira. En aquella oportunidad José Ramiro Bermúdez fue suspendido por tres meses de sus funciones debido a supuestas irregularidades vinculadas a la red de alcantarillado de la ciudad.
Pasado ese lapso Bermúdez volvió a la alcaldía, anunciando públicamente sus planes futuros para la misma. Sin embargo, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, consideró que el alcalde no había aportado elemento alguno para defenderse de las acusaciones que previamente se habían levantado en su contra, suspendiéndolo de sus funciones nuevamente por tres meses más.
En medio de la disputa, la procuradora Cabello solicitó al Ejecutivo de Petro nombrar un alcalde temporal, mientras Bermúdez solventaba su situación legal. A esto el mandatario izquierdista simplemente hizo caso omiso, argumentando que no «iba a desacatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», que dan pie a un marco para proteger a funcionarios destituidos.
Vale destacar que, en 2020, cuando Petro fue destituido de la Alcaldía de Bogotá, en medio de un escándalo relativo al sistema de recolección de basura de la capital colombiana, fue justamente esta instancia de Justicia regional la que hizo que se le devolviese su investidura, fallando en contra del Estado colombiano.
Ahora bien, lo importante es que Bermúdez, quien afronta esta nueva suspensión ordenada por la Procuraduría, también pretende presentarse como candidato —en las elecciones del 23 de octubre— a la alcaldía de Riohacha y revalidar así su mandato. Una situación que la procuradora Cabello ha rechazado de plano.
«No es posible que en momentos electorales de nuestro país se genere un caos institucional y se les entregue a todos estos sancionados la posibilidad de inscribirse y ser candidatos», dijo la titular de la Procuraduría General de la nación sudamericana este viernes, en medio de la insistencia de Petro en no designar a un alcalde temporal mientras Bermúdez cumple su sanción.
En reiteradas ocasiones además Cabello ha dejado entrever su preocupación por el curso de acción tomado desde la presidencia, donde a su juicio se estaría dejando la puerta abierta para que personajes con procesos judiciales abiertos presenten candidaturas a cargos de elección popular, con lo que se echaría por tierra cualquier tipo de lucha contra la corrupción en la nación hispanoamericana.
Por lo pronto Petro sigue atrincherado en una postura en la que ha preferido atizar el conflicto con la Procuraduría, del mismo modo que en meses precedentes protagonizó una disputa abierta con el fiscal general, Francisco Barbosa, al insistir en que el cargo del mismo estaba supeditado a los designios del jefe de Estado.
