El pasado 19 de enero concluyó la LIV edición del Foro Económico Mundial de Davos y, poco a poco, van conociéndose detalles de los numerosos debates y reuniones que hubo.
Por ejemplo, el director de la Fundación Open Society, Alexander Soros, balbuceó sobre la probable victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre próximo y se centró en detalles como la campaña y el recuento electoral en el estado de Michigan. Y la directora adjunta del Wall Street Journal añoró los tiempos en que su periódico y el New York Times tenían el monopolio de la opinión: «Éramos dueños de las noticias. Éramos los guardianes, y también éramos dueños de los hechos». De aquí que los medios de comunicación del sistema celebren las medidas gubernamentales de control de las redes sociales.
Ahora se está difundiendo un corte de una intervención realizada el martes 16 en un panel titulado Donde la Naturaleza encuentra el conflicto (Where Nature Meets Conflict).
La protagonista es Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de la organización Stop Ecocidio International, dedicada a presionar a los gobiernos y los parlamentos para la introducción del delito de ecocidio hasta en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Sin inmutarse, esta persona soltó su discurso, dedicado a criminalizar a los ganaderos y a los pescadores (y, por tanto, a quienes comen carne y pescado), hasta el punto de compararlos con asesinos en masa y torturadores: «Si haces campaña a favor de los derechos humanos, al menos sabes que los asesinatos en masa, la tortura, todas estas cosas son delitos graves. Pero no hay nada equivalente en el ámbito medioambiental».
Según dijo Mehta, que no sabemos cuánta huella de carbono generó para trasladarse a Davos, «lo que la gente intenta hacer, lo que las empresas intentan hacer, es ganar dinero, es cultivar, es pescar, es hacer todas esas cosas que producen energía y demás. Pero lo que falta es la conciencia sobre los efectos secundarios y los daños colaterales que se producen».
Es decir, la ganadería, la pesca y la agricultura son malas, porque las personas pretenden ganar dinero con ellas, afirmación sorprendente en un foro montado por plutócratas. Y además, generan energía (calentamiento global), que daña el medio ambiente. Para cambiar esta situación inadmisible, Mehta, propone el delito de ecocidio, «un tipo de intervención directa a nivel legal, que podría empezar a encauzar todo en una dirección saludable».
¿En qué consiste el delito de ecocidio?
Si el WEF invita a Mehta a Davos, se puede deducir que Klaus Schwab y sus financiadores están de acuerdo con su propuesta. ¿Y en qué consiste ésta?
Según la página web de Stop Ecocide International, debería considerarse delito de ecocidio «cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente». Y añade que «se entenderá por ‘medioambiente’ la Tierra, su biosfera, criosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera así como el espacio ultraterrestre».
La asociación Stop Ecocide International se fundó en 2017. Sus promotoras fueron la abogada británica Polly Higgins (1968-2019) y la graduada en Oxford Jojo Mehta. En 2019, se constituyó la Fundación Stop Ecocidio, con sede en los Países Bajos, para coordinar su actividad y para recaudar fondos. Entre las entidades asociadas a esta peculiar causa se encuentra FIBGAR, la Fundación Baltasar Garzón. Un ejemplo de trabajo en red que la no-izquierda y los defensores del sentido común deberían copiar.
La Fundación Stop Ecocidio forma parte de la ideología globalista que considera que el ser humano daña el planeta, sobre todo debido a su responsabilidad en el cambio climático; que hay un exceso de personas sobre la Tierra; y que los expertos y los filántropos multimillonarios deben controlar la conducta de la plebe, como la alimentación, la educación y las familias.
La labor de esta ONG y de sus patrocinadores está dando frutos. El Parlamento regional catalán inició el 26 de julio de 2023 la tramitación de un procedimiento para llevar al Congreso de los Diputados una Propuesta de Ley para incluir el delito de ecocidio en el Código Penal. La propuesta la registró el partido de extrema izquierda separatista CUP y cuenta con el apoyo de la Esquerra Republicana (ERC), el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Junts y En Comú Podem, todos los cuales forman el «bloque de la investidura».
