Ninguno de los grandes cambios sociales ha sido elegido por el pueblo. La gran habilidad del poder es hacer creer que la imposición de su agenda responde, en realidad, a la demanda de la calle. Una ilusión, un espejismo, en la que se sustentan todas las medidas que afectan al día a día de nuestras vidas. Desde la promoción de la carne artificial en detrimento de la auténtica a las restricciones al vehículo con impuestos al diésel, el pago de peajes o la prohibición de circular en el centro de las ciudades. Muy pronto tampoco podremos hacerlo en avión cuando viajemos dentro del mismo país.
El objetivo de todo ello —dicen— es salvar al planeta de la feroz mano contaminante del hombre. Todo es por nuestro bien. Un modelo de vida que llama progreso a la pobreza como consagró el eslogan que el Foro de Davos difundió hace unos años: «En 2030 no tendrás nada y serás feliz».
Poco a poco los experimentos más extravagantes se hacen realidad. Quizá el más evidente es el de la ciudad de los 15 minutos, paradigma del control total al que aspira el globalismo más totalitario. Los encierros impuestos durante la epidemia del covid no fueron más que un ensayo, pues no sólo hubo confinamiento domiciliario sino «plan de desescalada» o «desconfinamiento», que incluyó paseos a determinadas horas y sólo dentro del código postal correspondiente. El antecedente a estas restricciones, por cierto, lo trajo Manuela Carmena, que impuso un único sentido a los peatones para caminar en las calles aledañas a la Puerta del Sol durante la Navidad. Hoy el alcalde Almeida prohíbe la entrada de vehículos sin distintivo medioambiental a la ciudad y promete una city con un distrito financiero con marco jurídico propio.
El nuevo paradigma se manifiesta en el cambio de modelo económico. No sólo hay menos niños, más paro juvenil y comprar una casa es sencillamente imposible para quienes nacieron después de 1975, no digamos en ciudades como Madrid. Además, el tejido productivo está mutando. Las tiendas de barrio agonizan. La pyme, motor de la economía nacional, se extingue: en España han desaparecido 75.000 autónomos del pequeño comercio desde 2016 asfixiados por impuestos, cotizaciones, el alza del precio de la energía, el alquiler del local y la imposibilidad de competir con las multinacionales.
A grandes rasgos este es el mundo que han construido (destruyendo el anterior, el de las certidumbres basadas en la santísima trinidad casa-coche-hijos) organismos supranacionales como el Foro Económico Mundial, que nació en 1971 para que las empresas no sólo sirviesen a sus accionistas, sino que tuvieran una responsabilidad con la sociedad. Más compromiso. Esa idea, en principio loable, ha mutado en una especie de capitalismo moralista (Google, Amazon, Microsoft…) por el cual las empresas son correas de transmisión de la ideología del poder. Esta deriva se aprecia cada 8 de marzo, día internacional de la mujer, cuando todas las compañías del Ibex se tiñen de morado. Cuando el gran capital apadrina la revolución entonces es que no es una revolución, sino la coartada con la que el sistema difunde las ideas oficiales.
En la edición de este año el Foro de Davos ha abordado cuatro grandes temas: la inteligencia artificial, la geopolítica-seguridad, el medioambiente y la economía. Milei ha sido la única voz discordante de una cumbre a la que los líderes mundiales acuden a tomar notas y obedecer. El presidente argentino se refirió al cambio climático y al control de la población, dos causas que van de la mano para quienes plantean un conflicto del hombre contra la naturaleza. «Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o la agenda sangrienta del aborto».
Esto último es interesante porque demuestra que la aprobación del aborto nunca responde a una demanda real, sino a la imposición de una agenda. En el caso de España el PSOE lo aprobó en 1985 cuando sus partidarios cabían en una cabina de teléfono. ¿Cuántos españoles salieron entonces a la calle reclamando esa ley? La sociedad, por más que insista la propaganda, jamás demandó tal norma. Su aprobación, mantenimiento y ampliación décadas después la han convertido en un derecho de la mujer. A eso le llaman consenso.
Lo mismo cabe decir de la ideología de género. En diciembre de 2004 el Congreso aprobó por unanimidad la ley —aún en vigor— contra la violencia de género que consagra la desigualdad entre el hombre y la mujer al eliminar la presunción de inocencia del varón y aplicar diferentes penas en función del sexo. El legislador utilizó una causa noble (evitar la violencia contra la mujer) para fulminar la igualdad ante la ley plasmada en la Constitución (artículo 14) y consagrar la negación del más elemental sentido de la justicia.
Abierta la ventana de Overton esta inercia se ha impuesto. Esta misma semana se ha aprobado la modificación del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término «disminuido» por «personas con discapacidad». Nada que objetar si no fuera por la introducción de la trampa de género incluida en la frase «se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».
Cabe preguntarse qué pasaría si todas estas cuestiones las votaran de verdad los ciudadanos. Si, por ejemplo, el pueblo pudiera pronunciarse sobre las prohibiciones contra el vehículo de gasolina. En ese caso, ¿se habrían quedado tirados en sus modernísimos coches eléctricos Tesla que han sucumbido al invierno de Illinois? El progreso era quedarse tirado en la carretera en pleno 2024.
