Italia sufre, de nuevo, una crisis migratoria. Casi siete mil inmigrantes africanos han llegado en barcas a la isla de Lampedusa. Todos los servicios de asistencia están colapsados. Resulta imposible acoger a los recién llegados, en su inmensa mayoría varones jóvenes, y las autoridades locales están literalmente desbordadas. El plan de Giorgia Meloni para contener la llegada de extranjeros no parece dar resultado. Según el Ministerio del Interior italiano, sólo en 2023 han alcanzado las costas del país más de 127.000 inmigrantes. La primera ministra ha pedido paciencia en un vídeo difundido en su canal de Youtube.
Las causas de esta nueva oleada que asola la costa italiana son diversas: la inestabilidad en Libia y en el Sahel —agravada por las crisis de Sudán y de Níger— así como la reactivación de las redes de tráfico de seres humanos después de unos días de pausa debida a la tormenta Daniel. Algunos expertos añaden que, en Túnez, aumenta la xenofobia de modo que los inmigrantes que antes se hubiesen quedado en el país tratan ahora de llegar a Europa. Todos estos factores indican que Italia –y podría decirse, la Unión Europea— han perdido la capacidad de intervenir sobre la llegada de miles de africanos a las costas italianas.
La visita de Meloni y Von der Leyen a Lampedusa ha traído de nuevo a la actualidad el llamado «mecanismo de solidaridad«, que consiste en repartir los inmigrantes entre los distintos países europeos a partir de un sistema de cuotas.
Es un error y no va a funcionar como no ha venido funcionando hasta ahora.
La inmigración irregular tiene tras de sí una industria de supuestas ONG, redes de tratantes de seres humanos y Estados que emplean a las masas de desesperados como arma arrojadiza en ataques híbridos. Lo vimos en Lesbos en 2020 y en la frontera entre Polonia y Bielorrusia en 2021, el mismo año en que 12.000 inmigrantes entraron en Ceuta. Grecia no ha tenido, desde 2025, un solo año en que no haya habido este tipo de crisis inducidas por el paso de los inmigrantes a través de terceros países. Es engañoso pretender que la mayoría son refugiados. El concepto se ha ampliado tanto que, al final, casi todas las formas de inmigración y trata de seres humanos —por ejemplo, para explotación laboral— terminan ocultas bajo la etiqueta de solicitantes de asilo. Una figura jurídica, la del refugio, ha terminado convertida en una puerta falsa que franquea la entrada a Europa, donde todos los problemas sociales se ven agravados por la labor de las redes de trata de seres humanos y la complicidad de gobiernos y ciertas ONG, que actúan como servicios de transporte de última milla.
Es necesario cambiar el modelo de afrontar este desafío que está desgarrando a las sociedades europeas. Desde la oleada de violaciones y agresiones sexuales de la Navidad de 2015 hasta la intifada en Francia de julio de este año, que dejó el terrible balance de seis noches de disturbios con incendios, saqueos y estragos, la Unión Europea se está fracturando. Toda sociedad tiene un límite de acogida. El caso británico, donde el Brexit se vio alentado por la esperanza —hoy fallida— de retomar el control de las fronteras, debería servir de advertencia. Polonia y Hungría lideran hoy la oposición a unas políticas de cuotas que parten de la premisa de que la inmigración ilegal no se puede detener, sino que sólo se puede gestionar. Sin embargo, esto no basta. No es un problema de mayores dotaciones presupuestarias para los servicios públicos, sino de la transformación social que la inmigración ilegal está produciendo en las sociedades de acogida. El Gobierno sueco ha endurecido las condiciones para la inmigración —especialmente para la reagrupación familiar— y las autoridades danesas y austriacas van en la misma línea. Resulta absurdo pensar que se trata sólo de medidas racistas y xenófobas. En Europa, hay un problema con la inmigración ilegal, es decir, con las redes que la promueven, los gobiernos que la toleran y las ONG que la facilitan. Mientras se siga minusvalorando este aspecto delincuencial y estratégico y se siga viendo únicamente como un problema humanitario y social, seguirán muriendo personas desesperadas a quienes se promete un futuro irrealizable.
