El jueves pasado los ministros del Interior de los 27 estados miembros de la Unión Europea acordaron en Luxemburgo un nuevo procedimiento para la tramitación y resolución de las solicitudes de asilo. El asunto ha sido polémico hasta el final. No ha habido consenso, sino que se ha impuesto la llamada «solidaridad». Los Estados que no acepten refugiados deberán pagar la suma de 20.000€ por cada rechazado. Otros aspectos interesantes del acuerdo es que corresponderá a cada Estado valorar qué país es «seguro» a los efectos de devolver al solicitante de asilo cuya petición se ha rechazado.
Sin embargo, a pesar de que se ha anunciado como un acuerdo que endurece los requisitos para la concesión de asilo, el problema de fondo persiste porque se impone a los Estados la obligación de ser «solidarios» y aceptar su cuota de refugiados o, en caso contrario, pagar la suma indicada. Al final, la soberanía se ve socavada por la imposición de una determinada cuota de refugiados. En realidad, Austria, Italia y los Países Bajos —por distintas razones— no lo han considerado completamente satisfactorio. Hungría y Polonia votaron en contra. Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Lituania y Malta se abstuvieron. Fernando Grande-Marlaska lo calificó de «éxito rotundo».
Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, escribió en su muro de Facebook que «Bruselas está abusando de su poder. Quieren asentar migrantes en Hungría por la fuerza. Esto es inaceptable, quieren convertir por la fuerza a Hungría en un país de inmigrantes». Conviene recordar que Hungría ya sometió a referéndum en 2016 la aceptación de una política de cuotas de refugiados y ganó el «no» con más del 98% de los votos.
En términos similares se ha expresado Mateusz Morawiecki, primer ministro de Polonia, que se ha opuesto y ha declarado que «si alguien quiere insistir en esta locura socialista, que lo haga. Nosotros garantizaremos la paz y la seguridad para los polacos». Con elecciones el próximo mes de octubre, Morawiecki ha declarado que «mientras el gobierno del Partido Ley y Justicia intervenga en la política de inmigración, yo estoy tranquilo acerca de los resultados. Seguro que no permitiremos ninguna coerción en materia de inmigración, coerción relativa a la distribución de ciertas cuotas, pero tampoco aceptaremos que haya ningún tipo de pago obligatorio en relación con la distribución de los inmigrantes». Ha añadido que «Polonia no pagará por los errores de las políticas de inmigración de otros países».
Italia y Grecia han liderado un frente para reducir el número de refugiados que cada país ha de aceptar, así como para flexibilizar las reglas sobre devolución de refugiados a países fuera de la Unión Europea. El trasfondo de este acuerdo es la presión migratoria que sufren países como Italia, Malta, Grecia y España, puntos de llegada de las distintas rutas marítimas y terrestres que atraviesan el Mediterráneo. Desde 2015, la cuestión de los «refugiados» ha tensionado las sociedades europeas.
A nadie se le escapa que este acuerdo tiene una línea de fractura: los países ricos pagarán para no acoger inmigrantes y los países más pobres de la Unión no tendrán esa opción. Huelga decir que algunos de esos países ricos son, precisamente, los principales impulsores de las políticas favorables a la inmigración.
Por otro lado, el propio concepto de «refugiado» resulta ya problemático. El término ha ido ampliando su significado hasta abarcar desde los que efectivamente huyen de un conflicto armado hasta aquellos que emigran por motivos económicos o ambientales. Los marroquíes que llegan a España en patera, por ejemplo, no escapan de ninguna guerra. Los flujos migratorios se han convertido en una de las herramientas de las ofensivas híbridas que han sufrido Polonia y España. Baste recordar la avalancha en la frontera de Ceuta en mayo de 2021.
La Unión Europea se está tensando por las costuras del modelo de sociedad —transición energética, economía verde, multiculturalismo e inmigración— y en menos de un año hay elecciones al Parlamento Europeo (6-9 de junio de 2024). Desde Finlandia hasta Italia y desde Portugal hasta Budapest, se está formando un frente conservador que quiere defender la soberanía de los Estados y la aplicación rigurosa de los tratados fundacionales de la Unión Europea. Se trata de acabar con la «vis expansiva» que los progresistas han querido darles y que ha comprometido la soberanía de los Estados.
