Cada año, Israel Cabrera (@absolutexe) publica un análisis desglosado de las cifras anuales de abortos en España. Las cifras son aterradoras. Como tienen ustedes el enlace, no necesito repetirlas aquí. Baste señalar que en 2022 se practicaron en España 98.316 abortos. Fueron 8.127 más que el año anterior. 89.697 de ellos, la inmensa mayoría, fueron a petición de la mujer.
Probablemente una civilización que pretender erigir en derecho matar a los bebés en los vientres de sus madres no merezca sobrevivir. El aborto es una abominación cuya industria caracteriza el Occidente de nuestro tiempo. En los espacios de otras civilizaciones como la islámica, las ONG abortistas, las agencias de la ONU y los demás propagadores de esta práctica atroz encuentran serias dificultades. Hay países africanos a los que se presiona a través de la ayuda al desarrollo para que impulsen leyes abortistas. En la Iberosfera, las campañas a favor del aborto que hemos visto en Argentina y México han servido para que, en toda Iberoamérica, el aborto sea la punta de lanza del progresismo. Paraguay ha dado un ejemplo de dignidad al resistir las presiones del lobby abortista. En la Unión Europea, Malta y Polonia soportan esas mismas presiones. Es difícil saber cuánto tiempo aguantarán.
En España, la verdadera preocupación de los progresistas de izquierdas y de derechas es la protección de los animales. El pasado 29 de septiembre entró en vigor la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La exposición de motivos ya reconoce que el título es un poco engañoso: «El principal objetivo de esta ley no es tanto el garantizar el bienestar de los animales evaluando las condiciones que se les ofrecen, sino el regular el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales por parte de la sociedad». Aquí, ya ven, se promueve el reconocimiento y la protección de la dignidad de los animales. La dignidad del concebido no nacido puede esperar y pueden esperar su reconocimiento y su protección. También puede esperar la conciencia de los médicos objetores.
Se trata de prevenir «el alto grado de abandono de animales en nuestro país», pero no de impedir el altísimo grado de abandono de los bebés no nacidos. ¿O acaso no está abandonado el nasciturus entregado al aspirador o troceado en el vientre de su madre? A ese sí que lo han dejado vendido —nunca mejor dicho porque los abortos se pagan— sin posibilidad alguna de defensa. Se ve a los animales, dice la ley, «como seres vivos dentro de nuestro entorno de convivencia», pero debe de ser que los concebidos no nacidos no son seres vivos ni están dentro de nuestro entorno de convivencia. El vientre de la madre, ya se ve, ha dejado de ser un sitio seguro. Ahí ya no hay convivencia que valga.
Así, al perrito atado a la puerta de una farmacia se lo salvaguarda imponiendo multas —a una señora en Vigo ya le han puesto una de 500 €— pero el aborto se costea con fondos públicos y se fomenta mediante campañas publicitarias, acciones de concienciación y otras operaciones de influencia.
España atraviesa una crisis demográfica que el progresismo pretende superar mediante la inmigración. No ha debido de servir el fracaso del multiculturalismo en Suecia, Francia y los Países Bajos. Seguramente Renacimiento Demográfico u otras organizaciones hayan estudiado las consecuencias demográficas de los abortos que año tras año se han venido produciendo en nuestro país desde hace casi cuarenta años.
Hungría y Polonia han optado por políticas que fortalezcan a las familias en lugar de debilitarlas. En mayo de este año, el Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CEU San Pablo reconoció al gobierno húngaro con el premio Defensa Pública de la Vida por el buen hacer de sus políticas a favor de la natalidad y la familia. Hay un camino, pues, que pasa por defender a la familia y ofrecer alternativas a la muerte del concebido no nacido.
Si no corregimos el rumbo que lleva nuestra sociedad, al final, ya no habrá niños y los perros se quedarán solos.
