El 6 de septiembre de 1522 pasaba a la historia el vasco Juan Sebastián Elcano tras llegar a Sanlúcar de Barrameda con solo una nave y 18 hombres, después de completar su primera vuelta al mundo. El 6 de septiembre de 2017 también lo hará, pero por motivos bien diferentes. Las fuerzas nacionalistas prepararon para tan señalada efeméride una función de circo en el Parlament de Cataluña, antier garante de la democracia en la Comunidad Autónoma, y certificaron el golpe de Estado ante el silencio de Mariano Rajoy.

Puigdemont y el resto de secuaces, con el apoyo inestimable de la autoritaria presidenta del Parlament, Carme Forcadell, han hecho añicos los principios democráticos que han guiado el Estado de Derecho español en los últimos años. Tras una sesión sin debate y con un tiempo de recesión de apenas dos horas, los 72 diputados de Junts pel Sí, las CUP y el parlamentario no adscrito aprobaron la ley del referéndum.

¿Y Rajoy? Rajoy delegó su responsabilidad en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que volvió a protegerse bajo el paraguás del Tribunal Constitucional. El ejecutivo sigue empeñado en insistir con una estrategia en Cataluña que se ha demostrado completamente ineficaz y que nos ha llevado hasta la situación actual. En cualquier nación europea, más alla del signo político de la Administración, el presdiente del Gobierno hubiera tomado las riendas de la situación hace ya muchos meses. Habrá que esperar a la reunión en Moncloa con Pedro Sánchez y Albert Rivera, aunque no parece que el líder socialista, que asegura que España es una nación con muchas naciones, esté preparado para forzar a Rajoy a tomar decisiones importantes.

La jornada, que se prolongó hasta más allá de la medianoche, dio para mucho. La imagen de los diputados nacionalistas cantando ‘Els Segadors’, mientras la otra parte del Parlament permanecía vacía, evocaba a tiempos antiguos, a momentos oscuros de la historia mundial donde la fuerza se impuso por encima de la democracia y el Estado.

No obstante, la fotografía de la jornada se la llevó Àngels Martínez Castells, diputada de Podemos, que retiró las banderas de España que la bancada del PP había colocado en sus asientos juntos a la enseña catalana. Pablo Iglesias y el resto de dirigentes de la formación, que siempre han mostrado cierta fobia en torno a los símbolos nacioles, han guardado un comprometedor silencio ante la actitud de Martínez Castells. Alberto Garzón, el político que se encargó de liquidar Izquierda Unida, tampoco tuvo reparos en bromear con Gabriel Rufián. Así está España.

Las maniobras de Juncker

En clave europea, la noticia del día es el plan que busca poner en marcha Jean-Claude Juncker para los países miembros. El presidente de la Comisión Europea busca retirar competencias clave de los parlamentos nacionales para acelerar la firma de tratados. Un nuevo ataque a la soberanía de cada nación y un paso más hacia el mega-Estado que planean las élites europeas, donde los países quedarían en meros administradores locales mientras que las decisiones importantes -ya ocurre en ciertos ámbitos- se tomarían desde el Parlamento Europeo.

«Necesitamos más poder en materia fiscal y presupuestaria», rezaba el texto difundido en el mes de junio por la Comisión de Bruselas, en el que se planteaba la creación de un presupuesto común, un Tesoro único y un Fondo Monetario Europeo.

No obstante, aunque estas medidas parezcan novedosas no lo son tanto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este miércoles que Eslovaquia y Hungría deben acatar la política de reparto de refugiados y no pueden negarse a reubicar a solicitantes de asilo llegados desde Grecia e Italia.

Ambos países rechazaron esta imposición por su «imposibilidad» de acoger más refugiados. El primer ministro húngaro, Vicktor Orbán, defendió la necesidad de preservar la identidad cultural de cada país, algo que parece importar bien poco en Bruselas. No obstante, sus principales medidas en materia migratoria van en el sentido marcado por las corrientes globalistas mundiales.

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