Los siete aspirantes de la oposición permanecerán tras las rejas este 7 de noviembre, día de “elecciones presidenciales” en Nicaragua, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo se imponen por la fuerza de la represión y las armas. El dúo se esfuerza por hacer creer al mundo que lleva a cabo comicios democráticos y que su “reelección” es “legal y apoyada” por los nicaragüenses.
Tras la oficialización de unos resultados electorales que ya se conocen, Ortega tendría carta libre para permanecer en el poder por otros cinco años con lo que sumaría 20 años consecutivos gobernando el país, sin incluir los 11 de la primera dictadura sandinista (1979-1990).
Ortega y su esposa Rosario Murillo se postulan sin contendientes: Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga permanecen detenidos por órdenes de Ortega solo porque aspiraban participar en la pantomima de comicios.
Ortega les acusa de lavado de dinero y de “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, según la llamada Ley de Soberanía, una de las leyes aprobadas a finales de 2020 y que es utilizada como herramienta represiva del régimen.
Aunque la actitud de Ortega y Murillo es por ahora de “triunfalismo”, el panorama para el país después del 7 de noviembre no se vislumbra alentador, debido a que todo indica que los comicios no tendrán reconocimiento de los países democráticos de la comunidad internacional, lo que podría derivar en sanciones, condenas y más aislamiento al régimen sandinista.
Sanciones
Estados Unidos anunció que trabaja en la revisión del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta. Así lo confirmó la subsecretaria adjunta para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Emily Mendrala.
La alta funcionaria dijo a la Voz de América que está en revisión los componentes de la ayuda técnica y otros elementos del Cafta con el objetivo de “asegurarnos de que no beneficien al gobierno Ortega Murillo. Estamos trabajando con otros socios de la región, sabemos que no estamos solos en nuestra perspectiva”, apuntó.
El DR-Cafta entró en vigencia en abril de 2006.
Nicaragua exporta la mayor parte de sus productos a Estados Unidos, por lo que perder ese mercado sería devastador para el país (el segundo más pobre de la región después de Haití), no solo por las pérdidas de aranceles preferenciales, sino que más de 100 mil empleos directos se verían afectados. Igualmente las exportaciones (que superan los 3.000 millones de dólares), caerían en picada.
A ese escenario también se sumaría la migración de empresas a otros países que ofrecen mejores perspectivas y seguridad para los negocios.
El jurista y exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete, sostiene que es una buena idea tomar acciones concretas contra el régimen Ortega-Murillo, algo que viene recomendando desde hace algún tiempo.
“La revisión del Cafta es un proceso, no sé si tendría el efecto necesario de lo que se esta buscando, pero es una buena ficha para tratar de tener una estrategia más comprensiva y creo que es una buena estrategia moverse en esa dirección”, acotó Poblete.
RENACER
El congreso de Estados Unidos aprobó la Ley RENACER (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua)
La Ley establece una serie de acciones para abordar la corrupción y abusos de los derechos humanos del régimen Ortega y Murillo.
La legislación que podría ser promulgada en los próximos días por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, establece aumentar en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y del Caribe, las sanciones selectivas de Estados Unidos a funcionarios y personas involucradas en abusos a los derechos humanos y obstrucción de elecciones libres.
La Ley amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua, y pide revisar la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA, algo que el Departamento de Estado anunció ya está realizando.
Hasta ahora Estados Unidos ha sancionado a 31 funcionarios y familiares de Ortega y a ocho entidades del Estado y negocios de la familia presidencial bajo las leyes Nica Act, Magnitsky y una orden ejecutiva.
Otras 169 personas (funcionarios y sus familiares) vinculados a la dictadura han sido sancionados con cancelación de visas que les impide ingreso al país donde viajaban de compras y vacaciones.
Se espera que RENACER aumente el número de sanciones contra funcionarios y familiares de Ortega.
El objetivo de la Ley de acuerdo con los legisladores de ambos partidos, demócratas y republicanos, es presionar a Ortega para realizar elecciones libres y transparentes.
Poblete estima que elecciones en Nicaragua con el régimen sandinista en el poder es algo que no se puede realizar, al menos en el mediano plazo. “Si los sandinistas siguen en el poder, esas elecciones son una pérdida de tiempo”, afirmó.
Ortega tiene el control de todas las instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Supremo Electoral (CSE), dirigido por militantes y aliados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido en el poder.
