Un informe elaborado por la ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado este martes de que el estado de excepción adoptado en El Salvador por la falta de seguridad en el país suspende una serie de derechos básicos, abriendo la puerta a los abusos.
La Asamblea Legislativa aprobó el pasado 27 de marzo una ley que declara el «estado de excepción», por la que se suspenden durante 30 días los derechos a la libertad de asociación y reunión, y a la privacidad de las comunicaciones, así como algunas protecciones del debido proceso.
La ley de emergencia se basa en el artículo 29 de la Constitución salvadoreña, que permite a la Asamblea Legislativa suspender estos derechos constitucionales en circunstancias extremas, como una invasión extranjera o «graves alteraciones del orden público». El plazo de 30 días puede prorrogarse una vez por el mismo periodo.
El polémico presidente del país, Nayib Bukele, solicitó la suspensión para hacer frente a un repunte de supuesta violencia de bandas callejeras. En este sentido, HRW ha denunciado en un comunicado que esta votación y los anuncios realizados por el Gobierno salvadoreño «amenazan múltiples Derechos Humanos, entre ellos el de la libertad, el del debido proceso y el de no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes».
A su juicio, «en lugar de proteger a los salvadoreños, este amplio estado de emergencia es una receta para el desastre que pone en riesgo sus derechos».
Según ha denunciado HRW, en los últimos meses, la mayoría a favor de Bukele en la Asamblea Legislativa ha abarrotado el Tribunal Supremo, ha sustituido al fiscal general por un aliado del gobierno de Bukele y ha despedido a cientos de jueces y fiscales de bajo nivel. «A El Salvador prácticamente no le quedan instituciones independientes para controlar el poder ejecutivo», ha agregado.
La ONG ha explicado que sesenta y dos personas fueron asesinadas, al parecer por pandillas, el 26 de marzo en El Salvador, la tasa de homicidios diaria más alta en varios años, según los registros oficiales. Esa noche y la mañana siguiente, Bukele respondió pidiendo a la Asamblea Legislativa que declarara el estado de emergencia y ordenando el cierre de las cárceles.
