El sistema político colombiano parece estar blindado, independientemente de quien gane la presidencia. No se trata del conjunto de instituciones formales que pretenden regular el ejercicio del poder, las relaciones entre los privados y el Estado, o establecer un marco para poder dirimir conflictos. Eso corresponde al Estado de derecho y puede incidir o no en el conjunto de interacciones que se dan entre los actores políticos.
Los candidatos que van en punta en las diferentes encuestas de intención de voto reúnen en sus equipos de campaña facciones políticas cuestionadas y cuestionables por su actuar, especialmente en lo que tiene que ver con las intermediaciones que hacen entre el Estado y los particulares, a través de contrataciones públicas, y la forma como se han apropiado de la burocracia estatal en los diferentes niveles (nacional, departamental y municipal) y en todas las ramas del poder público. Inciden en la elección de magistrados, definen traslados de docentes, presionan a fiscales y procuradores. La evidencia está ahí. Una breve búsqueda en Google ofrece suficiente información. Los únicos que no la ven son los encargados de cumplir y hacer cumplir la ley.
En Colombia un dicho popular sugiere que “más vale malo conocido que bueno por conocer” y que refleja la apropiación que la sociedad ha hecho del estado de cosas, muchas veces inconstitucional, y el riesgo de cambiarlo. De allí que incluso el candidato de la izquierda más radical, Gustavo Petro, hoy prácticamente en un empate técnico con el candidato del Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez; hay optado por incluir en su equipo de trabajo a quienes han sido actores clave de la política colombiana, jugando en los equipos de derecha e izquierda por igual. Es consciente de que, para ganar, debe jugar en la cancha que marca el sistema político del clientelismo y allí requiere capitanes con experiencia.
El Pacto Histórico cuenta ya con una bancada en el Congreso que controlará a partir del 20 de julio el 40% de todos los escaños y tiene muy claro cómo se consolida una coalición de Gobierno. Se hace a través de participación en la burocracia del Estado y partidas presupuestales, acordadas con las facciones políticas que suelen dejar de lado toda convicción ideológica o doctrinaria, pues lo primero es hacer negocios y satisfacer a sus militantes y contratistas.
Aurelio Suárez, reconocido columnista, excandidato a la alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático (partido de Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia del Pacto Histórico), publicó en su columna dominical de la revista Semana, una clara exposición de quien sería pieza clave en un gobierno de Petro: el senador Roy Barreras. Para Suárez, se trata de una “historia semioculta tras el transfuguismo, desde el Nuevo Liberalismo en su natal Cali a Cambio Radical, al uribismo, al santismo de la U y al petrismo, en menos de 20 años”.
Ha demostrado ser muy efectivo en su trajinar político y en los negocios, nadando con tranquilidad en el mar de cuestionamientos. El sistema político se impone al Estado de derecho en Colombia y hay dirigentes intocables. De allí que se sugiera que con Barreras “Por tanta ‘efectividad’, en nombre de la ‘izquierda’ como mano derecha de Petro, el Legislativo el 20 de julio de 2022 quedaría en sus manos”.
El programa que han presentado, lleno de lugares comunes, es un anuncio suficientemente claro: llenar las arcas del estado a través de impuestos a los “ricos” y expropiaciones, con el fin de aumentar el “gasto social”, que se hará con la tradicional intermediación de las facciones políticas que acompañen al Gobierno. Es decir, prometen hacer lo que siempre se ha hecho, pero ahora distribuyendo riqueza primero y ocupándose, sin decir cómo, de la generación de riqueza después.
El mismo Suárez, hace cuatro años denunciaba también que Petro “1) le ayudó a lavar 800 millones de dólares al Citibank en la recompra del 32 por ciento de las acciones de la transportadora de gas a nombre de lo público. 2) Que Deutsche Bank y Goldman Sachs ganaron como comisión de éxito 300 millones de dólares por la deuda de ETB. 3) Que prorrogó sin licitación los contratos a los operadores privados del transporte público conocido como Transmilenio, lo cual les permitió aumentar exponencialmente sus ganancias”. Es decir, su revolución parece estar muy asentada en que cambien quienes disfrutan los beneficios de estar cerca al poder, pero no en un cambio real al sistema político.
En el otro extremo, el candidato del Equipo por Colombia es, sin duda, la mejor carta para evitar que llegue Petro al poder, pero no ha logrado aún asentar una propuesta suficientemente clara que incluya los cambios que la opinión empieza a exigir: transparencia, menos regulación, más libertad, combate al capitalismo clientelista e imperio de la ley, entre otros asuntos. Son muchas las encuestas que recogen estos asuntos, al igual que los índices de libertad, en los que Colombia aparece como un Estado cooptado, corrupto y donde la ley no transita del papel a la realidad.
En España, por ejemplo, quienes han sostenido un discurso coherente y firme de cambio y libertad, incluso en contra de la ‘corrección política’ y los medios tradicionales, siguen aumentando su participación en los Parlamentos y en el Congreso de los Diputados. Puede ser un buen ejemplo a seguir, en vez de caer en los lugares comunes de siempre.
