La Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó ha aprobado un acuerdo que allanaría el camino para que Venezuela, finalmente, pueda acceder a vacunas del programa COVAX, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La información ha sido dada a conocer con bombo y platillo por el propio Guaidó el pasado fin de semana y entrañaría un pago de $30 millones de dólares a los organismos internacionales que coordinan el programa.
En teoría, este dinero saldría de los bienes y activos de la nación venezolana que están congelados en países como los Estados Unidos a favor del Gobierno Interino presidido por Guaidó y recalaría en las cuentas receptoras de COVAX, sin pasar nunca por las manos o el manejo del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, resulta obvio que la tiranía chavista es quien de facto controla todas las instituciones del aparato estatal venezolano -empezando por el sistema de salud público-, por lo que la recepción de estas dosis, así como su conservación y distribución solo será posible con el visto bueno de Maduro.
Se supone que la aprobación de este dinero se ha dado además en el marco de un acuerdo tácito al que han llegado Guaidó y Maduro para deponer hostilidades y priorizar la vacunación frente al covid-19 de la población venezolana. Así lo ha señalado incluso el Embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, quien ha llegado a “felicitar” a ambos bandos por ponerse de acuerdo sobre este sensible punto.
«Debería felicitar tanto al régimen como al gobierno interino del presidente Juan Guaidó, que se han sentado en la mesa de negociación tres veces para hablar sobre cómo pueden ellos (Covax) trabajar con OPS y también con UNICEF para traer las vacunas a Venezuela», dijo Story.
Resulta curioso que a esta altura ningún vocero del chavismo haya hecho alusión directa a dichas conversaciones, mientras que, dentro del grupo que respalda a Guaidó, se da prácticamente por sentado que la iniciativa prosperará, al tiempo que se ha insistido en que los recursos económicos que se desplegarán durante todo este trance se manejarán directamente con las “agencias y organismos multilaterales”, como ha subrayado el Comisionado del llamado Gobierno Interino en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miguel Pizarro.
Julio Castro, médico infectólogo venezolano que ha seguido muy de cerca la evolución de la pandemia en el país, ha precisado que efectivamente el acuerdo para hacer llegar vacunas provenientes de COVAX a Venezuela está prácticamente listo, y solo se estaría a la espera del pago correspondiente. En su criterio las primeras dosis deberían estar siendo enviadas a la nación sudamericana entre abril y mayo de este año.
Ahora bien, la consecución de una negociación de esta naturaleza no es realmente un hecho con las características de una primicia periodística. Ya en junio del año pasado se había hecho pública la noticia de que intermediarios de Maduro y de Guaidó habían llegado a firmar un acuerdo para trabajar mancomunadamente en la lucha contra el covid-19. En aquella oportunidad se hablaba de que, dejando la política de lado: «Ambas partes proponen trabajar coordinadamente, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país».
La posibilidad de que lleguen dosis anti-covid a una Venezuela que, al día de hoy, no cuenta con un plan de vacunación general, puede verse como una luz al final el túnel. Con esta noticia probablemente los sectores de la población que hasta ayer no tenían ninguna oportunidad de vacunarse en el futuro próximo, ahora aumentan exponencialmente.
Sin embargo, el conocimiento público de esta información también tiene un filón político que no se puede perder de vista, aunque resulte odioso: como se ha dicho más arriba, la ejecución en el terreno de un eventual programa de vacunación general de la población venezolana descansará exclusivamente en el Ministerio de Sanidad y en otros entes manejados de cabo a rabo por Maduro. De hecho, a efectos de la ONU y de sus organismos subalternos el Presidente de Venezuela actualmente no es otro que el propio Nicolás Maduro.
Por tanto, en este caso, Juan Guaidó y el llamado Gobierno Interino estarían sirviendo exclusivamente como gestores de recursos económicos para dicho programa. Recursos que, por su propia naturaleza y delitos cometidos, el régimen socialista venezolano actualmente está imposibilitado de obtener por medios propios.
Lamentablemente, luego de más de 2 años, el “Gobierno Interino” que protagoniza Juan Guaidó ni es gobierno ni luce cerca de serlo. La ecuación es macabra: al ser la pandemia un “mal mayor” al que solo los Estados y sus administraciones de gobierno pueden hacerle frente, la verdad nos ha explotado en la cara indicándonos que Guaidó no controla ninguna porción del Estado venezolano, sus instituciones o su personal burocrático.
Por supuesto que para que haya política primero tiene que haber vida. Y sin atacar a la pandemia de raíz las posibilidades de perpetuación de la vida en Venezuela son absolutamente limitadas. Sin embargo, el largo pugilato por los recursos para comprar vacunas y el aparente desgaste de la propia sociedad venezolana que clama desesperadamente por soluciones frente al virus, “vengan de donde vengan”, solo obra en este caso a favor de la tendencia de conservación del poder en manos del chavismo.
Con fortuna Venezuela recibirá pronto sus primeras dosis provenientes de COVAX, y la pandemia podrá ser mejor manejada en el país. La buena intención de Guaidó y quienes le acompañan quedará más que demostrada en este sentido. Eso es innegable. Pero tampoco podemos negar que el desarrollo de toda la política pública de una eventual campaña de vacunación masiva será capitaneada por Nicolás Maduro y los suyos, recordándonos que quien manda en Venezuela actualmente es el chavismo. Crudo, pero cierto.
