El lema de campaña del presunto presidente Joe Biden era ‘Build Back Better’ (‘Volvamos a construir mejor’). No demasiado original, porque quien quiera entretenerse con esto podrá encontrar la frasecita repetida hasta la náusea por todo líder globalista que se precie, desde Boris Johnson al Papa, pasando por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Viene a ser un modo alternativo de referirse al dichoso Gran Reinicio.
En cualquier caso, era el lema de Joe, y había que concretarlo en algo, y ese algo fue una agenda legislativa con ese mismo nombre cuya pieza fundamental, un proyecto de ley sobre infraestructuras de 1,2 billones de dólares (lo que llaman ‘trillions’ allá) que debía ser ‘bipartidista’ y que, en cualquier caso, con los demócratas dominando el Congreso, debía de ser pan comido.
Solo que no. Anoche se estancó y la ‘speaker’ Nancy Pelosi retrasó la votación sobre el espectacular paquete legislativo.
¿Qué ha pasado? ¿Quién puede ponerle pegas a mejorar unas infraestructuras que se caen de viejas y cuya renovación y mejora supondrá un montón de puestos de trabajo?
Para responder a esta pregunta es necesario entender cómo funcionan estas leyes ‘superMac’ en Estados Unidos. Para consensuar una ley de este calibre, incluso entre diputados de un mismo partido, es necesario una endiablada negociación porque todos quieren aprovechar la ocasión para introducir sus proyectos favoritos dentro de la ley o previsiones de gastos que favorezcan a sus votantes locales. Esto último es lo que se llama ‘pork’, y hace que, por ejemplo, una partida para fabricar, digamos, cazas o tanques especifique que el tren de aterrizaje tiene que fabricarse en Winsconsin, el motor en Michigan y así sucesivamente.
Y, naturalmente, también es ocasión para colar medidas que, de otro modo, costaría Dios y ayuda aprobar y que, en principio, no tienen nada que ver con el propósito de la ley. Todo muy loco.
Pero en el caso que nos ocupa, los problemas que está sufriendo la ley no vienen (especialmente) de la oposición, ni tampoco de diputados que quieran llevarse el ascua al estado que les aupó a la cámara. No, quienes están poniendo palos en las ruedas son el ala ‘woke’ del propio Partido Demócrata, que ya avisaron que, tal como está, no pensaban votar la ley. Así que Pelosi necesita tiempo para trapichear con los bolcheviques de su partido.
Están probando su fuerza, y no les va mal. La líder de los progresistas es Pramila Jayapal, diputada por Washington en la Cámara de Representantes, y encabeza la resistencia contra la ley. Y va ganando. El jueves dejó claro en CNN que su facción no va a ceder y que harán naufragar la ley si se presenta tal como está.
Las exigencias de los progresistas, por otra parte, no son fáciles de aceptar: que los moderados accedan a aprobar un paquete de medidas sociales de 3,5 billones que ya se ocupará la Reserva Federal de darle a la máquina de hacer dólares, será por dinero.
Quién acabará ganando el pulso está por ver, pero el impacto para la imagen de una Presidencia ya por los suelos se hará notar, y los demócratas están demostrando estar muy divididos y a punto de convertirse abiertamente a la izquierda radical.
