'Ser es defenderse'
RAMIRO DE MAEZTU
La detención del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila encendió las alarmas

El auge del narcotráfico en Bolivia pone en evidencia la lucha por el poder entre Arce y Morales

Evo Morales y Luis Arce. Reuters

El Movimiento al Socialismo (MAS) se está quebrando cada vez más, y ya no parece querer ocultarlo siquiera. Sin embargo, el narcotráfico es el ámbito por donde empiezan a aparecer las fisuras con lo que el país y la región deben tener mucho cuidado dado su auge y el vínculo cada vez más estrecho con el poder político.

Cuando a principios de 2020, una vez que el partido lo confirmó como candidato, se empezaba a discutir cuál sería el futuro de Luis Arce Catacora si acaso era elegido como presidente y el MAS recuperaba el poder, uno de los principales y más evidentes desafíos estaba relacionado con el estado de la economía.

No obstante, otro desafío igualmente importante era el manejo del poder político teniendo a Evo Morales todavía como presidente del MAS, y más todavía como máximo dirigente de los cocaleros del Chapare. Es decir, Arce no podría tener el control del país si no tenía el control del Chapare, lo cual implicaba sostener buenas relaciones con Morales, que todavía busca recuperar la presidencia.

Una de las ilustraciones más importantes de las divisiones y crisis interna del MAS es el arresto de Maximiliano Dávila, el ex jefe antidroga de Morales, a finales de enero de este año. Fue detenido por sospechas de vínculos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito, y luego de que se tuviera conocimiento público de que la agencia de control de drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), investiga una red de narcotraficantes que involucra también a otros ex oficiales de la policía boliviana.

En un principio se manejaba la hipótesis de que la detención de Dávila devela una disputa entre varios grupos de narcopolicías que operan en el país en distintas líneas de trabajo, que controlan el narcotráfico, y que gozan de la protección por distintos niveles de gobierno.

Por ejemplo, luego de que la Unión Europea manifestó su preocupación por el aumento de un 15% de los cultivos de coca ilegal en 2021 (sólo 22,000 hectáreas de cultivo están permitidas para usos tradicionales), y desde que le preguntaron por este asunto en una conferencia de prensa la pasada semana, Evo Morales ha pedido -con absoluto cinismo, claro- un incremento del presupuesto estatal destinado a la lucha contra el narcotráfico.

Concretamente, el dirigente cocalero ha dicho: “No es iniciativa de Evo, por favor. A mí me han sorprendido mis compañeros que en las reuniones han planteado querer más presupuesto para la lucha contra el narcotráfico. Reducción, erradicación y el control en las fronteras».

Luego, desde 2019, Paraguay ha estado llevando adelante “A Ultranza Py”, el mayor operativo contra el lavado de dinero por el narcotráfico en su historia. En este en este trabajo junto a la DEA, la Policía de la Unión Europea (Europol) y las instituciones antidrogas de Uruguay (Dgrtid) y Paraguay (Senad), en coordinación con el Ministerio Público, se han incautado hasta el momento 100 millones de dólares en bienes de lujo, cabezas de ganado, aeronaves y otros bienes, y además han denunciado que el 100% de la cocaína incautada es de producción boliviana. Esto demuestra el poderío que el narcotráfico boliviano ha alcanzado en la región, pero también los golpes que está recibiendo.

De manera más reciente, la dirección departamental del MAS Santa Cruz y sectores masistas de Beni (cerca del Chapare), solicitaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) desconocer la dirección que preside Evo Morales y viabilizar un congreso del partido para elegir una nueva directiva.

Y además, el caso contra Dávila ha avanzado, complicando todavía más su situación: se ha tenido conocimiento de que el ex jefe antidrogas de Morales mandó a anular el informe de un operativo antidrogas realizado en un aeródromo en Santa Cruz en 2019 -cuando el cocalero todavía era presidente-, y lo sustituyó por uno donde no figuran los detenidos, presuntamente para favorecer a una red de narcotráfico internacional.

Pero esto último también afecta ya no sólo al conjunto del MAS, sino también, y de manera muy especial, a la relación entre Morales, Arce Catacora y Choquehuanca, y el objetivo de cada uno de ellos por su lado de controlar el poder; el poder cocalero y del narcotráfico internacional es una pieza clave y cada vez más importante en la disputa por el poder.

Es decir, ya no queda suficientemente claro si las intenciones del régimen de Arce con la detención de Dávila son para garantizar su silencio y, por tanto, garantizar la seguridad de Morales, que tiene a la DEA cada vez más cerca, habiendo ofrecido $5 millones para quien presente indicios de prueba sobre la participación de Dávila en actividades de narcotráfico. 

Tal vez el objetivo de Arce es, más bien, mantener a Morales al margen de los quehaceres de gobierno urgentes, como conseguir financiamiento de corto plazo, ya sea recurriendo a los organismos internacionales para que le condonen parte de su cada vez más abultada deuda externa, o simplemente para que le concedan cada vez más créditos.

De hecho, está suficientemente claro que hoy Arce solamente tiene margen para negociar con los cocaleros del Chapare, porque quien realmente les da órdenes es Morales, pero éste ha quedado obsesionado con el poder, y lo quiere de vuelta a toda costa.

Dicen que si acaso la economía de Bolivia no ha terminado de colapsar -como también muchos otros afirman que sucedería desde hace mucho- es porque el narcotráfico representa una importante fuente de ingresos al país. Sin embargo, si esto es cierto, tal vez la urgencia de conseguir financiamiento podría terminar siendo mucho mayor que la capacidad y eficiencia que las redes del narcotráfico tienen para lavar cualquier cantidad de dinero.

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