Abandonados a su suerte por su mismo gremio el presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas fueron condenados a 13 y 9 años de prisión respectivamente por el régimen sandinista, mientras públicamente se observa un acercamiento entre la dictadura y la empresa privada con el apoyo del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que ofrece “nuevos financiamientos”.
Hasta ahora el gremio empresarial ha ignorado la condena de la tiranía a los dos líderes del COSEP, ninguna de las organizaciones de empresarios se ha pronunciado sobre el tema de Healy y Vargas.
El 29 de abril ambos líderes empresariales fueron declarados “culpables” por un juez del régimen. El juicio fue realizado a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía (DAJ), la Fiscalía solicitó 13 años de cárcel para Healy y 9 para Vargas. El 10 de mayo la condena fue impuesta conforme a lo solicitado por el Ministerio Público.
Ambos líderes empresariales son acusados por la dictadura por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, un delito creado por el régimen de Ortega para enjuiciar a la oposición a través de un paquete de leyes represivas aprobadas en el último trimestre de 2020, un año antes de las elecciones presidenciales con las que logró encarcelar a 46 opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales.
En medio de los días que transcurrieron entre la declaración de “culpabilidad” y la imposición de la “condena” a Healy y Vargas, el sector empresarial acudía a una cita con el BCIE y el régimen de Daniel Ortega, efectuada el 5 de mayo, y propiciada por el presidente ejecutivo del banco, el hondureño Dante Mossi. Se trata de uno de los primeros acercamientos visibles entre la tiranía y los empresarios tras la ruptura del diálogo y de la masacre perpetrada por Daniel Ortega durante las protestas de abril que dejó más de 350 muertos.
En la reunión en la que participó el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del régimen, las cámaras empresariales y la banca nicaragüense, el BCIE ofreció nuevos programas de créditos que podrían superar los 400 millones de dólares.
La oposición ha solicitado al BCIE no destinar fondos al régimen de Ortega porque asegura que estos son empleados en la represión. Pero Mossi ha ignorado la petición afirmando que ese organismo es apolítico y que no es una instancia de derechos humanos.
Los detalles del encuentro no han trascendido. Pero mientras eso ocurría, el régimen de Ortega se reunía con el ministro de Petróleo iraní Javab Owji, con el propósito de evadir las sanciones de Estados Unidos y realizar “negocios” petroleros. Irán persigue afianzar su presencia en la región utilizando el territorio nicaragüense para ello.
Dicho acuerdo entre la dictadura e Irán podría involucrar a sectores empresariales y a la banca. El país de medio oriente enfrenta sanciones de Estados Unidos y está señalado de patrocinar el terrorismo. Mientras Nicaragua enfrenta sanciones por violaciones a los derechos humanos y corrupción. 46 funcionarios de la dictadura, entre ellos familiares de Ortega, y 9 instituciones enfrentan sanciones. Otros 280 funcionarios y aliados del régimen han sido sancionados con cancelación de visados a Estados Unidos.
¿El BCIE es cómplice de Ortega?
Grupos de la oposición acusan a Mossi de ser cómplice de Ortega. El banco ha realizado préstamos a Nicaragua tras las protestas y sigue realizando millonarios desembolsos. “El BCIE está siendo cómplice de Ortega al reunirse con una empresa privada cuyos directivos electos están encarcelados, por tanto, quienes se presentan a esta sesión lo hacen porque se les lleva con una pistola en la sien o porque son partícipes del actuar de la dictadura”, publicó en un comunicado un grupo de organizaciones.
El analista político Eliseo Núñez, en el exilio, coincide en que el presidente del BCIE, Dante Mossi, es cómplice de Daniel Ortega: “No espero que los empresarios se vuelvan oposición, pero sí esperaría que cuando se sienten con Ortega recuerden que los mismos que se sentaron en el pasado con Ortega hoy están presos. Es decir, que queden claros que Ortega no es un socio confiable, y puedo aceptar el argumento que no tenían más remedio, que los tienen contra la pared, que los tienen amenazados con confiscaciones».
Acepto esas explicaciones de parte de la empresa privada, pero lo que deben tener claro es que con quien hoy se están sentando es capaz de cualquier cosa. Mañana cuando algo de lo que ellos planteen no le guste a Ortega simplemente los va a ir a traer a su casa y los va a echar presos porque no tiene ningún escrúpulo”, añadió Núñez.
Víctor Cuadras, uno de los líderes de las protestas de abril, actualmente en el exilio, considera que la dictadura está usando al BCIE para silenciar la voz de los empresarios “que vuelve al esquema de 2018, a cambio de proyectos y dedicarse a producir y no involucrarse en política”.
“Desde las protestas 2018, para las personas que estamos involucrados en la política, fue claro que el BCIE no quería apoyar la causa de libertad de los nicaragüenses. Nunca se detuvo de financiar a la dictadura. Mientras la policía estaba matando estudiantes y persiguiendo a los ciudadanos, el BCIE estaba financiando a la policía y a otras instituciones del Estado”, acotó Cuadras.
Para Eliseo Núñez, la oferta de Dante Mossi, no se trata solo del ofrecimiento de recursos frescos, “además de eso hace su gestión política interna. Llega a negociar con los empresarios en nombre del régimen básicamente”.
“En un nuevo gobierno democrático en Nicaragua Mossi tiene que ser acusado y perseguido por la justicia por lo que está haciendo. Más que un cómplice de Ortega es un coautor porque se sienta para negociar para un beneficio de Ortega. Está actuando como un funcionario del régimen, no como presidente de un banco”.
